"Si las empresas canadienses logran ingresar a algunos de los proyectos, ello tendría efecto no sólo en el monto de la inversión, sino también en las buenas prácticas corporativas canadienses que ello implicaría, por su enfoque en el desarrollo de proyectos medioambientalmente y socialmente sustentables, y en principios tales como diversidad, inclusión, foco en la innovación y gobiernos corporativos transparentes. En el fondo, más, pero también, mejor inversión".
Los montos percibidos por la agencia estatal, en virtud de los contratos de arrendamiento, se vieron afectados por la disminución en el precio del oro blanco. La baja se explica por SQM, cuyos aportes retrocedieron en 43% durante el ejercicio pasado. Por su parte, la otra firma que opera el salar, la norteamericana Albemarle, aumentó sus pagos en casi 30%.
En otros temas, también se refirió al complejo escenario que atraviesa la Siderúrgica de Huachipato, e indicó que la compañía debe tener voluntad en encontrar una solución que evite el cierre.
La titular de Minería defiende el “trabajo serio y responsable” realizado por el gobierno durante los cerca de 11 meses desde la presentación de la política gubernamental del litio y los anuncios entregados esta semana. Detalla la labor que se efectuó, pero además aclara que los procesos de diálogo participativos permitieron recoger planteamientos. Uno de ellos, es que los contratos de operación de litio que sean adjudicados serán tanto de exploración como explotación.
“Se alude a un conjunto de salarios que será objeto de estudios para declarar su protección. Esa protección significaría, entendemos nosotros en principio, que la explotación en cualquier forma podría estar impedida o prohibida, o a lo menos sujeta a condiciones mucho más elevadas. Por lo tanto creemos que ahí falta una definición”, señaló Jorge Riesgo.
Compañías como Sorcia Minerals, CleanTech Lithium y Lilac Solutions destacaron que el anuncio entregara “al menos un camino algo más claro, con plazos y reglas más establecidos”, ya que "otros países nos están ganando el quién vive y nos estamos quedando fuera”. Pero para otras, persisten incertidumbres. Eramet valoró la flexibilidad para las alianzas público privadas, pero también recordó que su inversión por US$95 millones en Siete Salares "cubre en su totalidad" del área en que Enami deberá participar y buscan aclarar cómo aplicarán los mecanismos de protección anunciados en su zona de interés.
"Naturalmente apelamos a la voluntad de la industria minera que pueda colaborar en compras nacionales, que permitan poder colaborar en resolver esta situación", dijo la secretaria de Estado respecto a la Siderúrgica de Huachipato.
Codelco desarrollará los salares de Atacama, Maricunga y Pedernales y Enami un proyecto en cuatro salares: Grande, Infieles, La Isla y Aguilar. Todos ellos representan el 49% de la superficie y son los de mayor potencial productivo, según una minuta del gobierno. Otro 33% será destinado a protección ambiental. Y en el resto, equivalente al 18% de la superficie, se hará un llamado en abril a privados para que puedan manifestar interés. Más adelante, los inversionistas podrán suscribir Contratos Especiales de Operación de Litio con el Estado.
Le esperada determinación permitirá dilucidar cuál será el mecanismo de asociación público privado en cada uno de los depósitos catalogados como no prioritarios. En el intertanto, el Ejecutivo confirmó que puso en revisión el proyecto de ley comprometido en el programa de gobierno, a más de tres meses de vencido el plazo autoimpuesto para su presentación.
Este encuentro, y los futuros, tienen como objetivo que el desarrollo de la industria considere también la protección del medioambiente y que permita el trabajo sustentable con las comunidades y el desarrollo de los territorios.
Gonzalo Guerrero, presidente del directorio de SQM, responde las acusaciones del CEO de Tianqi y afirma que someter el negocio con Codelco en el Salar de Atacama a la decisión de la junta de accionistas le podría otorgar a Tianqi un poder de veto para botar el negocio y un derecho a retiro que implicaría un pago de más de US$ 3 mil millones, dañando la solvencia de SQM. "Vale la pena preguntarse si una vez vetada la transacción, Tianqi no intentará perseguir esta oportunidad de negocios para sí misma", dice en alusión al yacimiento más grande de litio del mundo.
Frank Ha, el máximo ejecutivo del conglomerado, dueño del 23% de SQM, exige más información y pide que una junta de accionistas decida la integración con Codelco en el salar de Atacama. “Es nuestro deber evaluar siempre todas las alternativas y vías de acción requeridas para asegurar que se respeten los derechos de los accionistas”, advierte. Ha se declara “extremadamente descontento” por la petición de SQM de ampliar las restricciones a Tianqi y dice que ellos buscan relacionarse con sus socios con respeto y transparencia, “aunque no siempre sea recíproco”.
“La reactivación ya se inició y va a continuar exactamente durante el año 2024, y se va a ir reflejando en cifras cada vez más positivas”, anticipó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
La administradora pidió a la empresa que la aprobación final del acuerdo, cuya firma fue postergada hasta fines de mayo, sea sancionada en una nueva junta extraordinaria por los accionistas, pese a la opinión en contra de la CMF. SQM se opone. Octavio Bofill, el abogado de Tianqi, dueña del 23% de la compañía, empleó la mitad de la reunión en formular interrogantes sobre la operación. "El directorio aprobó el memorándum de entendimiento de manera unánime", recordó el gerente general de SQM, Ricardo Ramos.
A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las partes indicaron que "continúan el trabajo para intentar alcanzar unacuerdo total lo antes posible". Además, la minera privada comunicó la renuncia del director Xu Tieying,
