El Juzgado de Garantía de Arica resolvió que los cuatro abogados de la Defensoría Penal Pública no tenían ningún tipo de responsabilidad en el haber recibido el nombre de los 57 testigos protegidos de la Fiscalía en la investigación en contra de la banda que tiene nexos con el Tren de Aragua.
Tribunal dispuso que "se realice, por juez no inhabilitado, la audiencia de cautela de garantías solicitada por las defensas, debiendo citarse a todos los intervinientes". Fallo expone que en instancia en que cuestionado magistrado accedió a la solicitud de revelar identidades, se excluyó a fiscalía y al Ministerio del Interior.
La diligencia terminó, además, con la incautación de numerosa información de interés investigativo sobre la banda, como contactos telefónicos, dinero en efectivo y droga en pequeñas cantidades.
Fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, había señalado el lunes que estaban estudiando trasladar el juicio oral contra el brazo del Tren de Aragua al Centro de Justicia de Santiago.
Más de 40 miembros de la organización de origen venezolano están en prisión preventiva por homicidios, secuestro y tráfico de personas. El grupo volvió a la palestra luego de que un juez develara las identidades de testigos protegidos que ayudaron a su captura.
Narcotráfico, secuestros, trata de migrantes y de mujeres para explotación sexual, son algunos de los principales delitos del grupo criminal venezolano detectados en Chile. Una investigación periodística revela sus movimientos.
Ante el amedrentamiento de la banda delictual contra jueces y fiscales en Chile, la periodista venezolana y autora del libro "El Tren de Aragua" dice a La Tercera que el grupo “busca no llamar mucho la atención de las autoridades”.
Sin embargo, el defensor regional de Arica informó que presentó un recurso de reposición para impugnar la decisión de la Corte de Apelaciones, ya que consideran que "no se ajustó a derecho".
El resolución de la Justicia se dio a conocer este viernes, a un día de que la Corte de Apelaciones revocara la decisión del juez Héctor Barraza, que había ordenado entregar a las defensas de los imputados los antecedentes de los testigos protegidos en la causa contra el clan Los Gallegos.
El presidente del Senado (UDI) criticó la decisión del Juzgado de Garantía de Arica de revelar a la defensa de los imputados la identidad de los 56 testigos protegidos en la causa, orden que fue revocada por la Corte de Apelaciones. “Genera un tremendo manto de duda respecto de cómo esta instancia está persiguiendo el crimen organizado”, dijo.
El ente persecutor acusa a dichos integrantes de diversos delitos violentos como homicidios, secuestros, tráfico de armas, de drogas y trata de personas, entre otros.
Desde junio del año pasado se ha detenido a 34 personas ligadas a la banda de "Los Gallegos", una de las facciones del Tren de Aragua. Pese a que en más de una ocasión han aprehendido a sus líderes, la banda nuevamente se ha reagrupado. Según la investigación, aquello lo habrían logrado gracias a la incorporación de nuevos miembros provenientes desde países vecinos, así como también por el liderazgo de un nuevo sujeto.
Personal de Gendarmería descubrió que, con un teléfono celular, la mujer envió a terceros una fotografía de una misiva con la identidad y fechas de nacimiento de tres carabineros que la detuvieron en junio. También realizó amenazas contra otros dos imputados venezolanos.
En la audiencia, el órgano persecutor imputó a dos de ellos el delito de asociación ilícita, mientras que al tercero se le imputó el delito de secuestro. Los tres sujetos son de nacionalidad venezolana.
