El secretario de Estado abordó la situación del general Ricardo Yáñez, ad portas de la audiencia del 7 de mayo, en que el Ministerio Público formulará cargos en su contra por presuntos delitos en el contexto del estallido social.
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El titular del Ministerio de Justicia también señaló que "en este tipo de cosas también es importante tener en consideración que las responsabilidades son personales y no institucionales".
"El Ejecutivo finalmente ha podido disponer de los recursos”, destacó el ministro Luis Cordero.
Si bien en el oficialismo habían mantenido cierta resistencia frente al modelo, la experiencia adquirida -como indica el ministro Luis Cordero- les ha señalado que se debe fortalecer la colaboración público-privada. A juicio del secretario de Estado, “no es posible avanzar en la ampliación de la infraestructura pública, y en particular de la infraestructura penitenciaria, sin la participación privada”. Eso sí, se fijaron una serie de ajustes en las bases de licitación.
El titular de Justicia expuso en la instancia sobre el cumplimiento de las obligaciones de Chile respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dos de las materias por las que tuvo que responder correspondieron a los niños que han sufrido ataques con armas de fuego y también por las víctimas del estallido social.
El titular de Justicia dijo que ese "anticomunismo" que acusó el Mandatario está basado en una mirada que impuso la Constitución del 80′, "construida sobre la hipótesis del enemigo".
El ministro de Justicia también explicó que "si el Congreso citara una comisión y requiriera antecedentes que son secretos o reservados, tampoco es posible revelar esa información porque la investigación está en curso".
Luis Cordero intervendrá la próxima semana ante la instancia en Suiza. El secretario de Estado indicó que "no es el Estado el que elige respecto de qué asuntos debe rendir cuenta, sino que es el comité y los miembros del comité quienes formulan las preguntas respecto de las cuales el Estado de Chile debe formular su examen".
El titular de Justicia señaló que no cree que exista un aprovechamiento político por parte de la oposición respecto a la situación, sin embargo, pidió mesura en las expresiones que se realicen. “Uno tiene que pensar las tentaciones en este tipo de casos", indicó.
“Hemos insistido que lo que estamos defendiendo es la seguridad de un establecimiento de máxima seguridad", dijo el ministro de Justicia. Magistrado autorizó en enero que reos de alta peligrosidad tuvieran videollamadas.
En la instancia el secretario de Estado expondrá sobre el cumplimiento de las obligaciones de Chile respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se trata de la séptima vez que el Estado de Chile se presenta ante dicho comité desde 1972.
Los reclusos en cuestión se encuentran en la Cárcel de Alta Seguridad. Allí, explicó el titular de Justicia y Derechos Humanos, están detenidos "esencialmente líderes de bandas de crimen organizado transnacional".
El ministro de Justicia planteó que le parecen “comprensibles" las críticas políticas hacia el jefe de asesores de La Moneda. Eso sí, señaló que, a su juicio “hay que tener cuidado con definir los destinos de un gobierno sobre la base de la situación de una persona".
El secretario de Estado señaló que el caso y el contexto "es grave" y pidió a los funcionarios públicos ajustarse a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.
"Efectivamente había un abogado que habría prestado servicios al juez Urrutia, defendiéndolo en algunas causas y que, paralelamente a eso, el año 2020 también habría defendido a una de las personas privadas de libertad en el centro de alta seguridad que fue beneficiada con una de las decisiones que tomó el juez Urrutia”, indicó el subsecretario del Interior.
