Se trataría de Carlos Quezada, el defensor del colombiano Rafael Marín. Este último fue condenado a 15 años de prisión por tráfico de drogas y, además, fue a quien el magistrado le concedió una “visita íntima” con su pareja. Quezada no solo es un antiguo conocido de Daniel Urrutia, sino que también es su abogado personal.
“Esperaría que ellos declaren, que el fiscal tome la decisión que corresponda en ese contexto y el gobierno no tiene más que decir sobre este punto”, planteó el ministro de Justicia.
“Aquí no está en discusión el derecho de esas personas a recibir visitas. Esas personas pueden recibir visitas. Las visitas deben cumplir con las obligaciones que tiene cualquier persona que asista a un establecimiento penitenciario, entre otras el enrolamiento", señaló el ministro de Justicia tras sostener una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.
En el mes y medio que ha permanecido en la subrogancia, la abogada se ha preocupado de mostrar su perfil técnico y apegado a la tradición del organismo. Por eso su nombre hoy es visto en el Senado como una carta eventual.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la investigación abierta por el fiscal nacional, Ángel Valencia, y dijo que al gobierno le parece “correcto, sobre todo cuando hay decisiones públicas y recursos públicos comprometidos”.
El titular de Justicia cuestionó las indicaciones presentadas por la oposición en el Senado, que resultaron con la reducción del monto que las aseguradoras tendrán que devolver a sus afiliados. “Afecta la iniciativa exclusiva del Presidente y, en segundo lugar, supone infringir la regla del artículo 76 de la Constitución sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales”, aseguró.
De acuerdo con lo detallado por el ministro Luis Cordero, la constitución de esta instancia corresponde a un "hito bien simbólico donde se juega el éxito de este plan y su credibilidad”.
En la cita, donde también participaron el presidente de la Corte Suprema y el fiscal nacional, se abordó el avance del Protocolo para Entrevistas Videograbadas, el Protocolo de Fugas y el uso de la prisión preventiva.
El ministro de Justicia en cuanto a las disculpas públicas que Demócratas solicitó del diputado a la senadora señaló que “es razonable y conveniente en este tipo de situaciones que cada uno actúe con la responsabilidad institucional y por lo tanto que quien profirió esas expresiones probablemente sea el que deba realizar esa reflexión”.
La nueva institución forma parte del Ministerio Público y tendrá jurisdicción para tratar delitos de crimen organizado y de alta complejidad incluso de carácter transnacional.
Según indicaron las autoridades, esto tiene como propósito el poder establecer “coordinaciones y trabajos conjuntos para la prestación de salud dentro del establecimiento penitenciario”.
"Una de las cosas que afecta al sistema de justicia en general es la percepción de impunidad, es decir, que aquellas personas que son responsables no responden adecuadamente por los ilícitos que cometen”, indicó el ministro de Justicia.
El ministro de Justicia explicó que las lesiones oculares son el caso más evidente del tipo de daño aludido.
La instrucción llegó al personal luego de que la semana pasada el ministro Luis Cordero, el director nacional Sebastián Urra y la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad fueran amenazados por sujetos que aún no son identificados. La medida busca, como se lee en un oficio enviado a los diferentes recintos penitenciarios, evitar riesgos tanto para funcionarios como para sus familias.
El ministro de Justicia respaldó lo planteado por su par del Interior, Carolina Tohá. "La consideración del Ejecutivo es que cuando hay daños severos -por ejemplo, personas que tuvieron pérdida del globo ocular- no debiera ser un obstáculo el que tengan antecedentes penales", dijo la titular ayer.
