La ministra Tohá precisó que esta Ley forma parte del fast track legislativo acordado en 2023, afirmando que con esta promulgación ya son 23 proyectos despachados en esa agenda y 59 leyes aprobadas en el mandato del Presidente Boric.
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El titular de Justicia se sumó a la postura del Presidente Gabriel Boric respecto a la situación en el país vecino, al señalar que “ocupar instituciones con el propósito de desconocer el resultado de las elecciones, no puede ser sino calificado como dictadura”.
Asimismo, el jefe de cartera de Justicia informó que se encuentran trabajando en la construcción de otras dos nuevas cárceles en el norte del país.
La iniciativa fue validada por unanimidad y se complementará operativamente con un Plan de Acción Intersectorial a cinco años para el logro de los objetivos.
Las dos autoridades compartieron un conversatorio junto a la presidenta de la Sofofa. Allí, los tres coincidieron en que hay unir todas las herramientas para hacer frente a la criminalidad.
Durante su paso por la policía civil, Gaete estuvo a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos y participó en emblemáticos operativos, como las detenciones de Manuel Contreras y Paul Schäfer.
Con toda una vida laboral dedicada a la persecución de criminales de lesa humanidad y la búsqueda de detenidos desaparecidos, el reconocido expolicía decidió renunciar a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Lo hizo por un contrato directo que realizó el Ministerio de Justicia con la empresa Unholster para desarrollar una plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos. Asegura que todo se ha hecho a espaldas de los familiares de las víctimas y que no hay sentido de urgencia, por lo que todo lo que se prometió hace un año -a su juicio- quedará en nada.
La decisión del Presidente Gabriel Boric será discutida próximamente por el Senado.
Un reservado correo electrónico, enviado para pedir dinero a los socios del gremio de notarios, conservadores y archiveros, evidenció el clima que allí se vive ante el avance de la reforma al sistema notarial. El "micrófono abierto" que delató las gestiones del senador Ossandón (RN) para dilatar la tramitación, que lleva más de cuatro años en el Senado, encendió las alertas sobre un proyecto que podría seguir entrampado ante el cúmulo de intereses y presiones en juego.
La iniciativa va a entrar en una etapa de diseño y considera una consulta pública.
"El Ejecutivo tiene argumentos para sostener toda la indicación, sin prejuicio de que nosotros entendemos que la comisión de Constitución es soberana para aprobar o rechazar las indicaciones", afirmó el ministro Luis Cordero.
"Hasta ahora nadie me podría, precisamente por mis acciones y mis dichos, señalar que he beneficiado a la asociación de notarios", señaló el ministro de Justicia, Luis Cordero.
La normativa despachada por el Congreso en junio será promulgada en los próximos días, según adelantó el titular de Justicia. La autoridad planteó que el no abrir nuevas plazas obligaría a decretar indultos para reducir población de los recintos. Asimismo, confirmó que la iniciativa de “fast track” que se presentará considerará toda la infraestructura que se planifica construir.
El ministro Luis Cordero expuso ante comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. El gasto fiscal considerado para materializar la iniciativa es de $17.020 millones en un primer año, hasta los $56.000 millones.
El ministro de Justicia dijo que habría sido “conveniente” que el legislador de RN “hubiese transparentado” el cargo de su hijo en el Conservador de Bienes Raíces. En respuesta, el parlamentario cuestionó que Cordero prestó servicios profesionales en el pasado a los notarios.
