La investigación se entrelaza con la grabación de la polémica reunión en que el abogado Luis Hermosilla habla de supuestos pagos en el SII y la CMF. El registro fue una pieza importante dentro del caso, pues sirvió para obtener más información sobre el mecanismo que le permitió al factoring emitir 195 facturas a favor del fondo por cerca de $5 mil millones, y que resultaron ser ideológicamente falsas.
Además, la comisión acordó citar a un representante de la UAF. De esa forma, ambos serán invitados para el próximo miércoles 17 de abril.
El acta oficial de la audiencia del jueves pasado definió el destino del factoring que detalla cómo votó cada uno de los acreedores presentes en la reunión realizada por Zoom. Entre quienes apoyaron la propuesta de reorganización estuvieron Inmobiliaria e Inversiones Pitrén Limitada ($1.569 millones); Lago Ranco SpA ($1.400 millones) y Isaac Wurman Shapiro ($1.112 millones) e Inmobiliaria La Fuente Limitada ($192 millones). el mayor acreedor, Tanner, con casi 13% de las acreencias, rechazó la propuesta.
El 20 de febrero, la Unidad de Análisis Financiero envió un reservado informe al Ministerio Público sobre "el perfil socioeconómico del abogado", a raíz de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por distintos bancos. Allí se detalla que el penalista participa de seis sociedades y que la mayoría de sus ingresos provino por los servicios prestados a Factop, aunque advirtió sobre 20 depósitos en efectivo que, entre enero del 2020 y octubre del 2023, recibió el penalista por más de $114 millones.
Fiscalía confirmó la detención y durante esta tarde se realizará la formalización de los implicados en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
La disposición deberá ser materializada por efectivos de la PDI previo a que los imputados sean formalizados. La resolución del tribunal también incluye orden para incautar documentos vinculados a la causa.
El exministro del Interior concurrió el jueves -en calidad de testigo- a la Fiscalía Oriente para ser interrogado sobre cómo fue el proceso de nombramiento de Sergio Muñoz como director de la PDI, y sobre el rol de Hermosilla en el gobierno de Sebastián Piñera. En paralelo, luego de que la Corte de Apelaciones rechazara el recurso de protección presentado por el abogado Mario Vargas para que no se liberen sus conversaciones con el abogado, la decisión final recaerá en el máximo tribunal. Se especula una ola de inhabilidades en las cúpulas del Poder Judicial.
El fallo sostiene que no se encontraron “hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República", como argumentaba el abogado Mario Vargas.
El jurista acusa que la entrega de las conversaciones constituiría una vulneración a sus garantías constitucionales de “igualdad ante la ley”, “respeto y protección a la vida privada” y la “inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada”. Asimismo, apunto contra el CDE por no tener competencias en investigar y contra la Fiscalía por las filtraciones del caso.
La abogada entregó su testimonio en el sumario que inició el Servicio para indagar los alcances de la polémica conversación, en que se hacía mención al supuesto pago de sobornos en el organismo. Fueron dos horas en que una de las tres protagonistas de la causa respondió sobre todo lo mencionado en la grabación, descartando pagos a funcionarios públicos y cualquier tipo irregularidad.
"En esta instancia, como esto se está investigando a través del Metro Público, creo que, mientras no hay nuevo insumo, no puedo instruir otro sumario”, aseguró Eduardo Cerna tras participar de la comisión investigadora por caso Hermosilla.
Diputados lamentaron la negativa de los integrantes de otro poder del Estado a comparecer. Tampoco asistieron Rodrigo Delgado y Andrés Chadwick. La vocera Camila Vallejo dijo respecto a la inasistencia de los exministros de Interior que "siempre es sano para una democracia escuchar cuáles son sus razones, sus antecedentes, sus opiniones frente a un caso que de alguna u otra manera los involucra".
La incautación del celular del penalista provocó un terremoto, cuya primera réplica descabezó a la PDI y ahora tiene a la judicatura contra las cuerdas. A pesar de que la Fiscalía sigue buceando en las más de 770 mil páginas que contienen los chats del abogado y aún no abre nuevas aristas, los jueces están preocupados. Los mensajes podrían sacar a la luz pública la influencia que ejercía el exasesor de Interior en la Suprema y en distintas cortes del país.
El Consejo de Defensa del Estado prepara una solicitud para acceder al informe de más de 777 mil páginas que contiene todas las conversaciones del abogado. El objetivo es revisar dónde hay existencia de ilícitos para, eventualmente, presentar nuevas querellas que involucren a funcionarios públicos.
"Mantuve mi compromiso de actuar en forma independiente y ajena a toda injerencia externa, contando siempre con el respaldo presidencial", afirmó el extitular de Justicia en una declaración.
