La intervención de la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, y las declaraciones de la diputada Cordero, quien trató de “pervertido” al ministro, podrían ser lapidarias. Aquellas afirmaciones -que validaban la presentación contra el secretario de Estado por su orientación sexual- podrían ahuyentar a ciertos diputados que estaban abiertos a estudiar el libelo.
El parlamentario plantea las dudas sobre el libelo que hay en contra del ministro de Educación. Dice que solamente se justifica el capítulo sobre Junaeb y que han existido argumentos que desvirtúan el debate de fondo en torno a la acción acusatoria.
La acción interpuesta por las bancadas de oposición fue rechazada por tres votos contra dos. Este miércoles será revisada, con informe negativo, en el hemiciclo de la Cámara Baja.
En una entrevista radial, el abogado Francisco Cox calificó la intervención de Marcela Aranda -quien aseguró que el "activismo LGTBIQ+" y su "condición ha superado el límite de lo privado- como "preocupante" y señaló que "se ha creado una caricatura del ministro” de Educación.
“No considero que la gestión de Ávila haya sido una buena gestión educativa. Pero él ha llevado adelante la agenda por la que los chilenos votaron, entonces me parece que no corresponde acusarlo constitucionalmente", afirmó Gerardo Varela.
El diputado independiente se refirió a la acusación al ministro de Educación, la que se votará este miércoles, a partir de las 10 de la mañana.
Ayer el ministro de Educación sumó algunos respaldos. Incluso podría quedar a sólo dos votos de salvarse si los cinco diputados DC y los otros cuatro de la bancada Centro Democrático Unido (CDU, integrado por independientes y militantes del recién constituido Partido Demócrata) se inclinan por rechazar o abstenerse frente al libelo.
Al inicio de la instancia se explicó que el secretario de Estado se excusó de participar por motivos de agenda. El ministro había sido invitado a la sesión para abordar la agenda de educación sexual impulsada por la cartera.
El titular de Educación ha comentado a sus cercanos que su intención es defenderse en todas las instancias que se presenten, por lo que, aseguran, no está dentro de sus planes dar un paso al costado para descomprimir el ambiente y con ello evitar las sanciones que derivan del recurso. Al menos hasta que se vote en la Cámara de Diputados.
Marco Antonio Ávila podría quedar a sólo dos votos de salvarse si los cinco diputados DC y otros cuatro del grupo Centro Democrático Unido (integrado por independientes y militantes del recién constituido Partido Demócrata) se inclinan por rechazar o, incluso, abstenerse frente al libelo.
Este miércoles la Cámara de Diputados votará el libelo en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. En la antesala, La Moneda y la derecha han intensificado las gestiones con los sectores no alineados del Congreso para conseguir los votos necesarios para aprobarlo o asegurar su rechazo. En el gobierno reconocen que la situación se ha complejizado ante la crisis por el lío de platas entre el Minvu y fundaciones que complica al partido del secretario de Estado. En este escenario, Ávila evalúa renunciar, en caso de que la ofensiva avance al Senado.
“Detrás de lo que aparenta ser una cartera sectorial, hay una cartera tremendamente política”, dice Daniel Rodríguez de Acción Educar. “La Educación es un ámbito de disputa ideológica”, añade Alejandra Falabella de la UAH. En las últimas décadas, detrás de estos libelos, distintos bandos políticos comenzaron a ensayar coordinaciones que derivaron en nuevas coaliciones.
El abogado del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, sostiene que en la comisión revisora de la acusación constitucional ha quedado en evidencia la debilidad de los argumentos de los parlamentarios acusadores y dice tener confianza en que la Cámara la va a rechazar.
Parlamentarios afirman que el ministro infringió el rol de supervigilancia sobre la Junaeb ante el cambio en el contenido de cuadernos y presuntas irregularidades en el pago a proveedores. Además, exdirector de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas acusa que en 2022 se pagó una millonaria cifra por apenas 30 raciones. Abogado del titular de Educación sostiene que "no hay ninguna infracción legal o a la Constitución que amerite acoger esta acusación".
La subsecretaria de Educación dijo en el Congreso que la entidad que dirige no tiene facultades para visar, por ejemplo, actos administrativos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Sí puede ejercer acciones de supervigilancia o coordinación de ese tipo de organismos.
