"Nos parece que este es un ministro que no solamente a través del plan de educación sexual está infringiendo las garantías de la libertad de enseñanza, el derecho a escoger la educación de sus hijos, sino que además está dejando sin ejecución varias leyes", afirmó el diputado Diego Schalper.
Un documento de hace seis años tiene hoy al titular de Educación con un riesgo latente de ser acusado constitucionalmente. Él y el gobierno se defienden y aclaran que se les atribuye algo que no les compete, lo que fue usado como excusa para apuntar al secretario de Estado.
La Seremi de Educación de Valparaíso autorizó la suspensión de actividades en 27 centros educacionales de la comuna. Al respecto, el ministro de Educación sostuvo que “es fundamental no perder ni un minuto de clases”.
“Está bien que se puedan usar, es legítimo que los parlamentarios quieran hacer uso de esas herramientas de fiscalización, pero la ciudadanía exige un mínimo de rigurosidad, profesionalismo, un mínimo de estándar para presentar estas acusaciones”, afirmó la vocera.
Hasta este martes en la mañana, el anuncio de un libelo, esbozado por las diputadas Sara Concha (Partido Social Cristiano) y Francesca Muñoz (ex-RN), era una jugada aislada de esas dos legisladoras evangélicas que fustigaban la guía del Ministerio de Educación sobre “sexualidad afectiva”. Originalmente, la mayoría de las bancadas de oposición se inclinaba por presentar una nueva interpelación al secretario de Estado. Sin embargo, después de algunos incidentes ocurridos antes de la hora de almuerzo, el cuadro comenzó a cambiar.
"Es una falsa dicotomía pensar que el ministerio tiene que estar enfocado solo en un gran tema. Todos los temas son importantes”, afirmó el titular del Mineduc. Respecto a polémica por guía sobre afectividad, señaló que se trata de contenidos que estaban presentes en el gobierno de Sebastián Piñera y no hubo cuestionamientos de diputados.
"Modernizar la SEP: un aliado para la reactivación educativa". Así se denominaba la instancia organizada por Pivotes y la U. Adolfo Ibáñez en que también participaron otras autoridades y exautoridades, y donde ministro y exministro contrastaron sus diferencias en torno a la subvención escolar.
El Ministerio de Educación ha tenido un intenso trabajo en el Congreso, con visitas periódicas a las comisiones del sector en ambas cámaras, con el fin de conversar algunas propuestas que ya están ingresadas, otras prontamente a correr la misma suerte y otras que aún no tienen definiciones tan claras.
“Estamos consolidando este proceso de campaña para poder inscribir más tutores", dijo el ministro de Educación, señalando que la meta es llegar a los 20 mil voluntarios.
No cumplimientos de los requisitos en las bases de licitación, llamados desiertos, errores de cálculo de las empresas interesadas u ofertas "no convenientes para los intereses institucionales” llevaron a que el llamado para la actualización del estado de los establecimientos educacionales esté en punto muerto, a pesar de la promesa autoimpuesta del ministro Marco Antonio Ávila, quien había asegurado que el catastro comenzaría el segundo semestre de 2022.
El ministro de Educación se refirió a la decisión que tomó la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda de suspender las clases en cuatro recintos educacionales, a raíz de un funeral de alto riesgo, que se efectuará durante esta jornada en la comuna.
El ministro de Educación aclaró que, de momento, no maneja “antecedentes completos" del caso, pero enfatizó en que “nosotros los profesores y profesoras somos adultos referentes, no podemos mostrar este tipo de situaciones”.
El ministro Marco Antonio Ávila llegó hasta el Parlamento para exponer a las comisiones de Educación, pero terminó siendo Joaquín Walker, el secretario ejecutivo del plan, el encargado de hacerlo. Esto le valió críticas de algunos de los presentes.
El secretario de Estado utilizó su cuenta en Twitter para aclarar lo que había señalado temprano este martes, a raíz de la medida tomada por varios establecimientos educacionales en Valparaíso.
El secretario de Estado comprometió en mayo de 2022 actualizar el registro que data de 2013, a partir de visitas a los establecimientos públicos desde el segundo semestre de ese año, lo que no ha ocurrido y que no se hará hasta al menos la segunda mitad de 2023.
