Verónica Serrano, arquitecta de la Universidad de Chile, está bajo la lupa del Ministerio Público luego de que se levantaran correos electrónicos que dan cuenta de que apuró la suscripción de contratos con entidades privadas que hoy están cuestionadas. Entre ellas, con Democracia Viva en Antofagasta. Todo esto, en su rol de jefa nacional de Asentamientos Precarios, cargo que ocupó entre junio y diciembre de 2022.
La otrora autoridad de Vivienda en Antofagasta entregará detalles sobre quién, cuándo y cómo envió a Presidencia antecedentes del caso de Democracia Viva. Además, de acuerdo con sus cercanos, relatará respecto de la serie de personeros de gobierno que visaron los convenios que se firmaron desde la repartición. Entre ellos, se referirá al rol de Verónica Serrano, tía del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda y quien le pidió apurar los procesos.
En la coalición base del Presidente Gabriel Boric existe cierta incomodidad por las críticas hacia el jefe de los asesores de La Moneda, ya que recalcan que ellos, pese a la frágil situación del ministro de Vivienda, no lo han cuestionado "por la prensa", a diferencia del PS que ha apuntando contra Miguel Crispi. “El adversario no está dentro del gobierno", dijo el presidente de RD, Diego Vela, haciendo un llamado a sus socios.
Asimismo, los diputados de la bancada de RN solicitaron realizar las modificaciones legales para sancionar a quienes falseen información en las instancias investigadoras de la Cámara Baja.
Los nuevos antecedentes dados a conocer por el exseremi Carlos Contreras despertaron nuevamente críticas hacia el jefe de asesores de La Moneda, a quien desde el propio oficialismo le piden su salida. En el gobierno improvisaron un comité de crisis para recabar antecedentes y entregar una respuesta y optaron por un contenido respaldo al militante de RD.
En un punto de prensa, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que los temas relacionados al lío de platas "no se van a seguir resolviendo con especulaciones" y apuntó a que el asunto está en manos de la justicia. "Esperamos que las instituciones funcionen".
El exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras (exmilitante de RD), enredó nuevamente al gobierno al asegurar que el 7 de junio Presidencia supo a través de un documento formal del convenio de Democracia Viva y el Minvu, lo que echa por tierra la versión del jefe de asesores de que trataba de un rumor. El abogado de Crispi ayer defendió sus dichos y dijo que está disponible a declarar en la Fiscalía.
El comunicado del exseremi provocó que la oposición retomara las conversaciones para estudiar una acusación constitucional en contra de ministro de Vivienda y para exigir la renuncia del jefe de asesores del Segundo Piso. Este último es el que quedó en una posición más compleja, puesto que la versión de Contreras contradice la que él entregó ante la comisión investigadora de la Cámara, lo que desató críticas desde el propio oficialismo.
Guillermo Chahuán, a través de una declaración pública, indicó que su representado en su presentación ante la comisión investigadora por los líos de plata "se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado".
El jefe de asesores de la Presidencia, había prescindido hace algunos días de los servicios del penalista Luis Hermosilla, luego de la revelación que hizo Ciper de un audio en el que se involucra al abogado en el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).
Si llegase a prosperar ese texto en la instancia fiscalizadora, sentaría un punto delicado para el futuro del ministro de Vivienda, a quien sectores de la derecha pretenden acusarlo constitucionalmente. Este concepto fue usado en el pasado para sostener los libelos en contra de los exministros Harald Beyer (Educación), Yasna Provoste (Educación) y Andrés Chadwick (Interior).
En sus más de 40 años de carrera el abogado ha defendido casos emblemáticos y desde muy joven ha estado vinculado con figuras que hoy son reconocidas en la política.
Jefe de asesores del segundo piso de La Moneda había tomado en octubre los servicios el abogado en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado.
Después de las declaraciones de la diputada Catalina Pérez, resonaron nuevamente los nombres de Carlos Montes, Miguel Crispi, Juan Ignacio Latorre y Tatiana Rojas, quienes durante las últimas semanas se han mantenido en silencio respecto al caso que involucra a la Fundación Democracia Viva.
La asistencia del jefe de asesores de la Presidencia a la Cámara de Diputados planteó un nuevo dilema para el gobierno. No sólo porque mantiene abierta la incógnita de cuándo el caso llegó al corazón del gobierno y, en específico, al Presidente Boric. A principios de junio, cuando Crispi aseguró enterarse por un “rumor”, el Ejecutivo ya manejaba mucha información al respecto.
