En este sentido, el ministro de Justicia precisó, tras la confirmación de la asistencia del jefe de asesores mediante una carta, que "hay veces que la política permite resoluciones más oportunas y prácticas que el derecho”.
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"Acá todo tiene que ser prístino, y por lo tanto Miguel Crispi, mi jefe de asesores, va a participar de las instancias a las que se le ha invitado”, indicó el Presidente desde Beijing, en el último día de su gira por China.
En Chile Vamos afirman que si el jefe de asesores del Segundo Piso asiste a la instancia, el contralor no se pronunciará, lo que repercutirá en la estrategia opositora. Por lo mismo, algunos emplazaron al jefe del organismo fiscalizador para que, de todas formas, fije postura con un dictamen.
Pese a su resistencia inicial, el jefe de asesores del Segundo Piso mostró su disposición para concurrir al Congreso en el marco de la instancia que indaga los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. Eso sí, precisó que para hablar de su rol cuando fue subsecretario de la Subdere.
Sobre las indagatorias a partir del caso Democracia Viva, Ángel Valencia afirmó que las investigaciones han avanzado "satisfactoriamente" y no procede de momento introducir cambios en su forma de conducirlas.
“Evidentemente que si se produce el hecho que busca la Cámara, pierde oportunidad la pregunta que está haciendo la Contraloría y, por lo tanto, ya no tendría sentido una respuesta”, indicó Jorge Bermúdez.
Tras las declaraciones del contralor Bermúdez, el ministro de Justicia reparó en los riesgos que -a juicio del gobierno- tiene que los funcionarios de Presidencia asistan a prestar declaración a las comisiones investigadoras. Para Chile Vamos y republicanos, las palabras del ministro "resultan inadmisibles y demandan por parte de esta Cámara un pronunciamiento corporativo", dice la misiva cuyo destinatario es el presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes.
El Ejecutivo -luego de la dura arremetida del contralor Jorge Bermúdez y fuertes críticas hacia el ministro de Justicia, Luis Cordero- está intentando ajustar su estrategia inicial sobre la asistencia de Miguel Crispi a la comisión investigadora que indaga los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. En el gobierno afirman -tras el fallido diseño original- que buscan que el jefe de asesores concurra para responder lo relativo a cuando fue subsecretario de la Subdere y no en su calidad actual de asesor, lo que, en todo caso, es resistido por la derecha.
Ley Orgánica del Congreso y un "estatuto jurídico diferente para Presidencia". Esos son los términos jurídicos citados por el contralor Jorge Bermúdez y el ministro de Justicia, Luis Cordero, quienes tienen diferentes interpretaciones a las normas que obligarían a que el jefe de asesores Miguel Crispi comparezca ante el Congreso por el caso líos de platas. Debate que enfrenta a ambos abogados, que -precisamente- son lumbreras en estas materias del derecho. Aquí la opinión de sus colegas en un fallo dividido que, por el momento, estaría ganando el mandamás de Teatinos 56.
El organismo concretó el anuncio del contralor Jorge Bermúdez ante la Cámara, en que adelantó que el objetivo es saber por qué el jefe del Segundo Piso de La Moneda "no estaría sometido a este control propio de un Estado democrático”. El oficio fue dirigido a la directora administrativa de la Presidencia de la República.
Además, el ministro de Justicia llamó a desdramatizar la interpretación que pueda hacer el organismo que dirige Jorge Bermúdez. "El contralor ha señalado que se va a requerir un informe y todos nos tendremos que sujetar a los criterios que dicte el contralor", enfatizó.
La ministra además se refirió al oficio de Contraloría señalando que "como Gobierno siempre hemos estado y estaremos disponibles a responder todos los requerimientos de la Contraloría o las consultas".
Esta jornada el contralor Jorge Bermúdez lanzó un duro mensaje a La Moneda al solicitar que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), explique por qué cree que está exento de la fiscalización de la Cámara de Diputados. El gobierno, a través del ministro Cordero, respondió que bajo ese criterio todos los jefes de gabinete y jefes de asesores del Segundo Piso, de administraciones pasadas y futuras, debieran comparecer a las comisiones investigadoras.
“La ley exime a la Presidencia de la República de algunas obligaciones comunes al resto de la administración, admitir una cosa distinta sería en algún sentido desviar los propósitos legislativos que el propio Congreso ha establecido en estas materias”, afirmó el ministro de Justicia.
Esta jornada el contralor Jorge Bermúdez lanzó un duro mensaje a La Moneda al solicitar que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), explique por qué cree que está exento de la fiscalización de la Cámara de Diputados. Y es que, comentan fuentes conocedoras, la autoridad de Teatinos 56 se basa en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en que se señala que no solo los ministros deben comparecer ante las comisiones investigadoras del Senado y la Cámara. Con esto se derriba la tesis del gobierno de que el exdiputado puede excusarse de asistir porque ahora no tendría calidad de funcionario público. En la misma sesión, el líder del órgano fiscalizador lanzó también un dardo a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, también RD. Confirmó que durante la gestión de la ingeniera se bajaron los controles para otorgar los convenios con ONG que hoy están en la mira de la Fiscalía.
