El titular de Justicia reconoció haber incurrido en una “imprecisión” en sus dichos, pues inicialmente afirmó que el penalista, actualmente sujeto a prisión preventiva por el caso Audio, no había alcanzado a adquirir ningún vínculo con el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda por los líos de platas políticas.
Tras la pública disputa que se abrió con el abogado Juan Pablo Hermosilla por la eventual revelación de los chats de su hermano, en el gobierno pidieron, una vez más, a los ministros y principales asesores del Presidente Gabriel Boric revisar la existencia de eventuales contactos con el protagonista del caso Audio, hoy detenido en Capitán Yáber.
En sus más de 40 años de carrera, el abogado ha defendido casos emblemáticos y desde muy joven ha estado vinculado con figuras que hoy son reconocidas en el mundo de la política.
La socióloga española llegó al equipo de Estudios que lidera Luna Follegati. Previamente trabajó en las campañas de Gabriel Boric, María Pardo, Nancy Márquez, Macarena Fernández y en el equipo del "En Contra":
El historiador es hermano del diputado Daniel Melo e hijo de Sadi Melo, el histórico alcalde socialista de El Bosque. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, promovió su nombre.
Verónica Serrano, tía del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, declaró como testigo el pasado 18 de abril, mismo día en que entregó su versión el ministro Carlos Montes. Y en medio de la diligencia, fue tajante en sostener: "Nunca presioné a Carlos Contreras ni a nadie, solo hice mi trabajo de la mejor forma".
"Yo discrepo de gran parte de las cosas que ha dicho el exseremi. Sobre todo respecto al daño que se le ha hecho ya que ha generado un daño a la opinión pública y a la fe pública. Lo que él ha señalado es que él cree que la subsecretaria habría mandado un informe a la Presidencia. Eso es lo que él señala. Y yo no he recibido ningún informe", aseguró el jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric ante diputados de la instancia.
El jefe del Segundo Piso acudirá a la sede legislativa en calidad de exsubdere para responder las dudas de los parlamentarios en torno a los polémicos convenios firmados entre entidades públicas y fundaciones.
Luego de que la UAF reportara transferencias por parte de Catalina Pérez al partido, la colectividad informó a la Fiscalía que los traspasos correspondían a las cuotas que "cada autoridad representativa" debía pagar al partido. Fueron $14 millones entre 2021 y 2023, y en los registros que adjuntaron al Ministerio Público también figuran aportes hechos por Giorgio Jackson y el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, a la colectividad. Los documentos también dan cuenta de carencias económicas que les hizo solicitar cuotas por adelantado a parlamentarios de la tienda con sede en Esmeralda 761.
El presidente de esa instancia, el diputado Rubén Oyarzo, explicó que la cita se debe a su calidad de exsubsecretario de Desarrollo Regional (Subdere).
Los presidentes de la alianza de gobierno se reunieron ayer en La Moneda con el jefe del Segundo Piso. Ahí abordaron la contingencia y comenzaron a proyectar las discusiones que vienen.
Los dichos de la exsubsecretaria ante la justicia se dieron a contrapelo de lo que han sostenido el jefe del Segundo Piso y el ministro de Vivienda.
El jefe de asesores dijo no haber obtenido mayores detalles el 7 de junio cuando se contactó con la entonces subsecretaria de Vivienda. Sin embargo, esta última -en su segunda declaración ante el Ministerio Público-, aseguró que antes de que estallara el caso se comunicó por iniciativa propia con Crispi, exponiéndole una serie de antecedentes sobre los convenios suscritos por la seremi de Antofagasta y la ONG ligada a RD. Junto con esto reiteró que notificó de todo lo que estaba pasando al ministro Montes.
Por su parte, en su interrogatorio ante el Ministerio Público, la directora de presupuestos, Javiera Martínez (RD), explicó el control y funcionamiento de asignaciones de fondos para las fundaciones. Aseguró que con el imputado Daniel Andrade, representante de la ONG investigada y quien fue su pareja, no tenía contacto hacía más de tres años y que solo se enteró del escándalo por la prensa. Tanto Jackson como Crispi desconocieron vínculos con los involucrados en el caso, más allá de la militancia.
Los abogados del ex-RD formalizado por tres delitos de fraude al Fisco apuntan en contra de Verónica Serrano, exjefa del Programa de Asentamientos Precarios, como responsable de "desprolijidades" cometidas en medio de la fijación de convenios con fundaciones. Según ellos, las presiones que la profesional supuestamente ejerció derivaron en falencias en las transferencias de dineros.
