Los dichos de la exsubsecretaria ante la justicia se dieron a contrapelo de lo que han sostenido el jefe del Segundo Piso y el ministro de Vivienda.
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El jefe de asesores dijo no haber obtenido mayores detalles el 7 de junio cuando se contactó con la entonces subsecretaria de Vivienda. Sin embargo, esta última -en su segunda declaración ante el Ministerio Público-, aseguró que antes de que estallara el caso se comunicó por iniciativa propia con Crispi, exponiéndole una serie de antecedentes sobre los convenios suscritos por la seremi de Antofagasta y la ONG ligada a RD. Junto con esto reiteró que notificó de todo lo que estaba pasando al ministro Montes.
Por su parte, en su interrogatorio ante el Ministerio Público, la directora de presupuestos, Javiera Martínez (RD), explicó el control y funcionamiento de asignaciones de fondos para las fundaciones. Aseguró que con el imputado Daniel Andrade, representante de la ONG investigada y quien fue su pareja, no tenía contacto hacía más de tres años y que solo se enteró del escándalo por la prensa. Tanto Jackson como Crispi desconocieron vínculos con los involucrados en el caso, más allá de la militancia.
Los abogados del ex-RD formalizado por tres delitos de fraude al Fisco apuntan en contra de Verónica Serrano, exjefa del Programa de Asentamientos Precarios, como responsable de "desprolijidades" cometidas en medio de la fijación de convenios con fundaciones. Según ellos, las presiones que la profesional supuestamente ejerció derivaron en falencias en las transferencias de dineros.
En la misiva aseguran que si se formalizan cargos "contra de sujetos tan sensibles para la función gubernamental como el jefe de asesores de la Presidencia o la Directora de Presupuesto" éstos debieran ser "despojados de sus cargos", pero que en el caso del general director de Carabineros "utilizarán todas las herramientas para exigir que se respete el estatus especial que goza".
El militante socialista puntualizó que "se sacan una serie de conclusiones respecto a lo que eventualmente podría pasar y yo creo que no hay que especular, hay que hablar sobre hechos”.
Es la primera vez que uno de los miembros del gabinete aborda esta regla más allá de los casos que han afectado a las máximas autoridades de Carabineros y la PDI, lo que se da en medio de la investigación en contra del jefe de asesores, Miguel Crispi (RD), quien a medida que avancen las diligencias, podría ser eventualmente formalizado.
El jefe de asesores del Segundo Piso había tomado en octubre del año pasado los servicios de Luis Hermosilla en el marco de los líos de platas. No obstante, un mes más tarde rescindió de la defensa del abogado, quien está siendo investigado por el Caso Audios. Hace algunos días, además, sumó una nueva polémica que involucra al exdirector de la PDI, Sergio Muñoz.
El viernes en la tarde el jefe del Segundo Piso se reunió con los principales dirigentes de los partidos, en una instancia en la que se abordó la agenda estratégica del Ejecutivo y en donde las colectividades pudieron plantear sus discrepancias.
La reunión, a la que acudieron siete presidentes de partido, fue convocada por el jefe de asesores del Segundo Piso ayer jueves. El encuentro se produjo tras semanas agitadas para el militante de RD, luego que el pasado 22 de febrero declaró como imputado por la arista de Antofagasta de los líos de platas políticas.
La declaración del exseremi de Vivienda ante los investigadores se extendió por tres días. En suma, fueron más de 18 horas en las que desmenuzó su rol en la cuestionada repartición. Según él, todas las decisiones que tomó estaban visadas por las jefaturas, por lo que de haber irregularidades apunta a las mismas como responsables.
En entrevista con T13, el exseremi del Minvu de Antofagasta reiteró que el gobierno estaba al tanto del caso de líos de plata, antes de que estallara, asegurando que su permanencia en prisión preventiva fue “por razones políticas y comunicacionales”. "Fui parte de un error político muy grave que generó consecuencias gigantescas", declaró.
Aunque dice que en un inicio esa área de La Moneda manejó mal la crisis del lío de platas, desestima que el equipo no esté preparado para asesorar al Presidente Gabriel Boric. Sobre Miguel Crispi, el dirigente del Socialismo Democrático añade que si bien podría ser "una piedra en el zapato", eso le permite blindar al Mandatario.
Durante sus dos años de gobierno, al Presidente le ha costado armar el puzzle de su equipo de asesores. El movimiento de piezas de la poderosa instancia de Palacio ha sido una constante. Ahora, el mandamás, Miguel Crispi (RD), está bajo asedio de la Fiscalía, es blanco permanente de críticas por parte del oficialismo, pero cada vez está más afianzado en su cargo. Pese al anhelo del Socialismo Democrático de tener mayor presencia, el dominio está en manos del FA -sobre todo de CS-, ya que el Mandatario no ha cedido y protege el espacio que se transformó en su íntimo reducto en La Moneda.
Esta semana Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Tatiana Rojas y Javiera Martínez debieron declarar en calidad de imputados. El primero aseguró a La Tercera que en la diligencia aclaró que no tiene vínculos con los traspasos a ONG investigadas.
