"No se trata solo de una pobre capacidad de implementación sino, peor aún, de la incapacidad de contar con una visión estratégica y por ende una mirada de largo plazo que guíe al país por un camino de prosperidad. Un sistema político que no es capaz de procesar los desafíos del país es ciertamente un grave problema para su avance."
La compañía presentó al tribunal una petición para revocar la resolución que objeta el proyecto, argumentando varios puntos. La empresa señala, por ejemplo, que la resolución sería de carácter ilegal al contravenir el fallo del Primer Tribunal Ambiental.
Su presidente, Luis Gallardo, afirma que pese a contar con pertenencias en salares no se presentará a la licitación en que el gobierno busca entregar permisos de exploración durante 2024. "Es perder tiempo. Nosotros decimos para qué botan plata", cuestiona. Además afirma que como titulares de derechos mineros no se atreven a invertir y que los inversionistas que lleguen al país tendrán que negociar con ellos.
Ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, Andes Iron, sociedad de propiedad de las familias Délano y Garcés, presentaron una reclamación para revocar la resolución del Comité de Ministros que rechazó el proyecto minero portuario Dominga. Se trata de un nuevo intento por evitar que la iniciativa que requiere una inversión de US$2.500 millones sucumba ante la oposición de ambientalistas y parte de la comunidad local. "“El actuar del Comité de Ministros fue absolutamente refundacional en su revisión y resolución, al pretender que las etapas previas, ya sea técnicas o judiciales, no le eran vinculantes y podía partir de cero el análisis", acusó la compañía.
En noviembre de 2019 la minera consultó la pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto Suministro de Aguas Claras desde Embalse Ovejería a Los Bronces vía Acueducto.
El ingeniero civil industrial fue designado luego de un concurso público realizado por el Servicio Civil, y se incorporó a la institución el primero de este mes.
El Mandatario cerró así la puerta a las propuestas levantadas tanto por diputados del Partido Repúblicano, como de senadores de Chile Vamos, quienes buscan permitir que la industria del denominado oro blanco cuente con la misma regulación que tiene actualmente el cobre.
La utilidad neta después de impuestos y pago a los socios de Antofagasta Minerals fue de US$330 millones en el primer semestre.
Marcela Hernando asistió a una comisión de la Cámara Alta tanto en su calidad como secretaria de Estado como de presidenta del directorio de la minera estatal. Su explicación sobre los problemas que afectan a la compañía resultan claves en medio de las dudas que levantan tanto la modernización de su fundición en Paipote, por US$1.100 millones, como su rol en la estrategia nacional del litio.
El ministerio de Minería abrió la semana pasada un proceso para que postulen entidades o personas con experiencia en áreas como el derecho público económico, derecho minero y la minería no metálica, y presenten propuestas para “el desarrollo de un ecosistema regulatorio que permita una eficiente y eficaz gestión del litio y salares”. El presupuesto máximo asciende a $ 37 millones. La estrategia gubernamental considera la modificación y adecuación de cuerpos normativos, a presentarse durante el primer semestre de 2024.
Dicha instancia quedó constituida formalmente el viernes 28 de julio con la participación de representantes de los ministerios de Hacienda, Economía y Medio Ambiente; el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin); la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad; la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el Consejo Minero.
Durante julio, Marcela Hernando sostuvo diversas reuniones relativas al interés de empresas por ingresar a proyectos de litio. La francesa Eramet, con actividad en Chile, dijo estar avanzando para presentarse a licitaciones. Un empresario chino mostró su interés por realizar inversiones en cobre, hierro y litio. En tanto, la Cámara Chilena de la Minería del Litio pidió conformar una mesa de trabajo con diversos actores.
El gobierno pretende licitar la exploración de nuevos salares en 2024. Con las definiciones actuales -aún muy generales- los interesados pronostican una difícil aplicación y un probable horizonte de judicialización. Tres son las trabas centrales: el respeto a las pertenencias mineras ya constituidas, los procesos de consulta indígena y, quizá lo más relevante, el escaso atractivo de explorar sin certeza futura de poder explotar. Quien, dicen, invertirá millones de dólares sin saber si podrá extraer litio.
Los legisladores de oposición que integran la comisión de Minería y Energía buscarán resolver las dudas sobre si un proyecto de dichas características es o no de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, dadas los posibles impactos en la administración financiera del Estado. En paralelo, un proyecto ingresado hace una semana en la Cámara de Diputados por la bancada del Partido Republicano, y que ya inició su trámite, avanza en una línea similar.
La extracción del mayor yacimiento de cobre a nivel mundial subió un 8,7% interanual en el sexto mes del año a 111.400 toneladas.
