Las nuevas facultades políticas que propone el gobierno para el Ministerio del Interior abrieron un debate jurídico por los eventuales efectos que tendrían esas potestades en el actual régimen presidencial.
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Tras el rechazo de diputados opositores a la propuesta del gobierno, la ministra solicitó a la Comisión de Seguridad del Senado corregir el texto que despachó la Cámara para crear un nuevo Ministerio de Seguridad y darle nuevas atribuciones a Interior.
Este miércoles se reanuda la discusión de la iniciativa. Sin embargo, una señal importante para destrabarla será el anuncio de una nueva agenda de seguridad, el llamado “fast track”, que se realizaría el próximo lunes.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se mostró satisfecha por el avance en el Congreso de estos proyectos relacionados con la seguridad, aunque indicó que esperan que ambos puedan ser modificados en temas sensibles para el Ejecutivo antes de su despacho.
La iniciativa ahora pasará a un tercer trámite constitucional en el Senado, tras haber sido respaldada por 116 votos de manera general. Ministra Tohá afirmó que el Ejecutivo intentará reponer atribuciones de Interior en Comisión Mixta.
Si bien tres proyectos emblemáticos: la ley antiterrorista, la creación del Ministerio de Seguridad y el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) lograron salir del estancamiento y dar pasos importantes en su tramitación, las polémicas y tensiones dejaron una sensación amarga en el oficialismo y en la oposición. Sin embargo, a pesar de los roces con sus propios legisladores aliados, las mesas del Senado y de la Cámara salieron fortalecidas.
La votación se dividió entre artículos transitorios y permanentes. De estos últimos, se rechazó el artículo noveno, relacionado a la organización de la cartera, debido a los reparos a la figura del secretario regional ministerial (seremi) y sus funciones.
El proyecto de ley se vota en esta jornada hasta total despacho en las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Hacienda.
Con el fin de destrabar el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad y le otorga otras atribuciones a la cartera que dirige Tohá, el Ejecutivo propuso que "las nuevas tareas que asumiría el Ministerio del Interior se apliquen a contar del próximo período presidencial”. En tanto, ayer la presidenta de la Cámara dio sus primeros pasos para retomar la agenda de seguridad, tal como se lo exigía la oposición.
La Moneda propuso dotar de más potestades políticas a Interior en compensación por las responsabilidades de seguridad que serán traspasadas a una nueva cartera. Sin embargo, el ministro de la Segpres señaló que "el gobierno tiene toda la disposición para que las nuevas tareas que asumiría el Ministerio del Interior se apliquen a contar del próximo período presidencial”.
La ministra apuesta a que el Ministerio de Seguridad quede listo hoy para ser votado en la sala de la Cámara. El último aspecto pendiente en la comisión de diputados es resolver cuáles serán las nuevas atribuciones de Interior. En la oposición hay suspicacias, ya que Tohá estrenaría ese mayor poder político.
La iniciativa actualmente se encuentra en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Sin embargo, ayer volvieron a aflorar las diferencias por el diseño que tendrá esta nueva cartera a nivel regional y a quién se le entregarán las facultades de seguridad y de orden público en cada región.
La iniciativa, aprobada en junio pasado en el Senado, actualmente se encuentra trabada en la Comisión de Seguridad de la Cámara, siendo el principal nudo la forma en cómo se aplicará este ministerio a nivel regional, y a quién se le entregarán las facultades de seguridad y de orden público en cada territorio.
Para compensar el inevitable debilitamiento del Ministerio del Interior, en la medida que todas las atribuciones de orden público y seguridad sean traspasadas a una nueva cartera, la propuesta de La Moneda es dejar en forma explícita el rol de “jefe o jefa de gabinete”, a cargo de la coordinación y la supervisión estratégica del programa de gobierno.
La ministra Camila Vallejo afirmó que personas como Jesús Véjar, quien recibe una pensión cercana a los $600 mil y cumple una sentencia por asesinar a puñaladas a un recolector de basura, quedarían sin el beneficio.
