Tras 23 años al interior de la institución, hoy liderada por Ángel Valencia, el próximo viernes 24 de mayo el fiscal regional de O' Higgins dejará el cargo y, con ello, marcará el fin de sus labores en la entidad. Eso sí, los días previos estarán marcados por una serie de diligencias vinculadas a casos con repercusión nacional.
La detective Danitza Araya fue herida por un disparo en medio de un procedimiento para detener a Cristián Cayupán, quien el 2022 fue indultado. El disparo, según cuenta en su querella, provino de un colega, contra quien la Fiscalía solicitó sobreseerlo, lo cual fue acogido por el tribunal, pero revocado por la Corte, la que determinó que aquello se debe decidir en un juicio oral ya que se han acreditado los hechos.
Por su parte, en su interrogatorio ante el Ministerio Público, la directora de presupuestos, Javiera Martínez (RD), explicó el control y funcionamiento de asignaciones de fondos para las fundaciones. Aseguró que con el imputado Daniel Andrade, representante de la ONG investigada y quien fue su pareja, no tenía contacto hacía más de tres años y que solo se enteró del escándalo por la prensa. Tanto Jackson como Crispi desconocieron vínculos con los involucrados en el caso, más allá de la militancia.
En el cementerio Parque de Canaán se llevó a cabo la despedida del ahora mayor de Carabineros. Fue ascendido de forma póstuma, tras convertirse en el mártir 1.237 al fallecer este miércoles en un enfrentamiento con delincuentes.
El fiscal Tarek William Saab señaló que su país tiene toda la disposición de cooperar en la lucha contra el delito transnacional y "ofrece a Chile toda su experiencia en el combate de estos grupos de delincuencia organizada".
Daniel Jadue será formalizado el 29 de mayo por los presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Pese a la disminución de las denuncias por delitos sexuales que tienen como víctimas a menores de edad, desde la Fundación Amparo y Justicia destacan que aún hay más de 40 mil denuncias por estos hechos. Además de eso, reportan que el 60% de estas causas termina archivadas.
En la audiencia de formalización de la también exfuncionaria de la Seremi de Vivienda de Antofagasta el tribunal ordenó que la prensa no podía tomar imágenes del rostro de la imputada, algo que según la justicia no se respetó, por lo cual ordenó a la Fiscalía abrir una investigación por el delito de desacato.
Este miércoles 10 de abril el fiscal regional, Juan Castro Bekios, inaugurará la nueva Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja que operará en la zona. La medida, como explicó el persecutor, se funda en que hay nuevos fenómenos criminales que no pueden seguir siendo indagados bajo dinámicas tradicionales.
"Es necesario aclarar que las actuaciones de la Fiscalía chilena están lejos de ser ‘sesgadas’, ‘discrecionales’ o ‘infundadas’. Estas operan bajo un claro mandato constitucional que les otorga la facultad de investigar y proteger a las víctimas con una autonomía que garantiza imparcialidad e integridad”, explicó el jefe del Ministerio Público.
El jurista acusa que la entrega de las conversaciones constituiría una vulneración a sus garantías constitucionales de “igualdad ante la ley”, “respeto y protección a la vida privada” y la “inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada”. Asimismo, apunto contra el CDE por no tener competencias en investigar y contra la Fiscalía por las filtraciones del caso.
David Vega Sánchez realizaba llamadas y enviaba mensajes intimidantes en contra del fundador del PRO, a quien también amenazaba con secuestrar a sus hijas o esposa, la presentadora de televisión Karen Doggenweiler.
La acción en tribunales civiles emprendida por Achifarp busca que los municipios paguen sus deudas con la organización encabezada por Daniel Jadue (PC). Esto, pese a que algunas autoridades ni siquiera reconocen haber integrado la agrupación que llevó al alcalde de Recoleta a ser próximamente formalizado por delitos de corrupción.
El titular de Justicia dijo que ser objeto de una investigación “para nadie es un agrado” y que “puede ser una situación muy compleja”, pero afirmó que el Ministerio Público “es una institución autónoma (...) y que tiene antecedentes de actuar con rigurosidad”.
En medio de la investigación por la compra del Cesfam, el Ministerio Público solicitó el alzamiento del secreto bancario de ocho personas, incluida la jefa comunal UDI.
