Este jueves la Fiscalía Regional de Los Lagos confirmó la apertura de una investigación por las transferencias que ha realizado el Gobierno Regional dirigido por Patricio Vallespín. Según denunció un reportaje periodístico, la institución dirigida por el ex DC habría transferido montos a una organización que él dirige, así como también otras ligadas al mundo político. El gobernador descarta cualquier tipo de similitud con el caso de Democracia Viva.
En una carta, el excoordinador de la campaña del Apruebo Felipe Heusser dio a conocer que esa opción del plebiscito de salida recibió donaciones electorales a través de una página web, pero que los donantes no tenían cómo saber a qué entidad de la sociedad civil le estaban dando dinero. Y que fue así como llegaron platas de campaña a Democracia Viva, las cuales, según reconoció el propio Heusser, fueron "supervisadas" por la campaña de "Aprueba x Chile".
Desde la pandemia en adelante se incrementó la presencia de mujeres en las organizaciones criminales, dando paso, incluso, a un “matriarcado” en el ámbito delictual que está siendo estudiado atentamente por la Fiscalía y las policías. Suelen ser las cabecillas de sus clanes familiares. En lo que va del año, 827 imputadas están tras las rejas por delitos vinculados al crimen organizado.
Un espacio para ti y tus ideas: comparte con nosotros y otros suscriptores tu opinión. ¡Destacaremos los mejores comentarios en nuestro sitio!
Esta semana se concretó la formalización del emblemático exjefe comunal. La Fiscalía por primera vez detalló en una audiencia pública siete mecanismos que habría liderado durante una década para defraudar en más de $ 766 millones al Fisco. Se decretó su prisión preventiva en base a cinco hitos que determinaron lo que sería para algunos el ocaso de una de las figuras más importantes de la derecha.
Un espacio para ti y tus ideas: comparte con nosotros y otros suscriptores tu opinión. ¡Destacaremos los mejores comentarios en nuestro sitio!
El acuerdo contempla que se designarán coordinadores tanto a nivel nacional como regional de ambos organismos, con el fin de agilizar y fortalecer las investigaciones.
Hablando en nombre de toda su familia, el parlamentario aseguró que mantienen plena confianza en la inocencia de Eduardo Macaya Zentilli, quien enfrentará cargos por el delito de abuso sexual reiterado de menores de edad. Manifestó, en todo caso, que aquello deberá acreditarlo en tribunales "como cualquier chileno".
En completa reserva, este lunes se realizó la formalización de un hombre que había sido detenido el pasado 29 de mayo en el marco de la investigación por la muerte de Jhon Sebastián Grueso Vásquez, joven colombiano de 24 años cuyo cuerpo se halló el domingo 28 de mayo desmembrado en tres partes de Santiago. El imputado quedó en prisión preventiva mientras sigue la investigación para dar con todos los implicados en el macabro crimen.
Esto, luego de que esta jornada se conociera que, tras dos años de investigación, el Ministerio Público formalizará al exalcalde de Vitacura por fraude al fisco y por liderar una asociación ilícita que operó en ese municipio.
Tras dos años de investigación, el Ministerio Público ingresó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago un escrito en el que solicita audiencia para formalizar una investigación penal en contra del exjefe comunal. En el documento se detalla que se le imputarán maniobras para defraudar el erario fiscal, mismos cargos que se levantarán en contra de su otrora estrecha colaboradora, Antonia Larraín, y al exdirector de las corporaciones "Vita" Domingo Prieto. En la organización ilegal que levantará como hipótesis el fiscal Francisco Jacir, están también los excontadores que han sido una pieza clave para esclarecer el mecanismo que operó en Vitacura desde 2014 y hasta que el alcalde de Vitacura se vio obligado a dejar su cargo.
El persecutor encabezó la cuenta pública de la Fiscalía Nacional, poniendo énfasis en medidas y propuestas para enfrentar desafíos actuales de la institución. "Los delitos violentos han aumentado significativamente durante los últimos años y el crimen organizado es una grave amenaza para nuestra sociedad", advirtió.
En 2022 se destinó el 75% del presupuesto ejecutado a 176 “reubicaciones” de testigos con protección. Además, se cubrieron costos de alimentación, seguridad y asistencia social. El fiscal nacional defiende la medida: “Circunstancias graves justifican medidas distintas a las reglas generales”.
El jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, instruyó a fiscal regional de La Araucanía llevar la arista penal de este caso para conocer las eventuales responsabilidades en torno a “conductas eventualmente constitutivas de delito”.
El recurso de los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz busca que se suspenda la instrucción con la cual el fiscal nacional ordenó a los persecutores del país solicitar prisión preventiva para los imputados que son extranjeros y no cuentan con identificación. El recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago alega que la orden de Ángel Valencia "amenaza al ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad personal y seguridad individual" de los migrantes.
