El fiscal nacional Jorge Abbott le responde al columnista de La Tercera Daniel Matamala por los casos de financiamiento ilegal de la política
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Claudio Uribe fue tres veces electo por el gremio de persecutores penales para liderarlo. Tras 18 años trabajando como fiscal en diversas regiones del país, ayer -cansado y frustrado de seguir desempeñando una labor que cree que no cuenta con el apoyo de la máxima autoridad de su institución- tomó la decisión de dejar el Ministerio Público. Acá cuestiona directamente la falta de conducción del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien -dice- se ha dejado llevar por las presiones políticas.
La policía uniformada dispuso la protección especial de la presidenta de la Convención Constitucional, quien recibió amenazas a través de redes sociales, durante la jornada del jueves. El caso es indagado por el Ministerio Público y la PDI, quienes ya están rastreando las cuentas de donde podrían haber surgido los hostigamientos.
Consejo General de Fiscales del Ministerio Público junto al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, destacaron “la convicción de servicio público que les asiste y que queda en evidencia en su trabajo”.
El abogado de una de las víctimas estima que los recursos perdidos sumarían $ 6.900 millones, en operaciones forward. La investigación quedó radicada en la fiscalía de alta complejidad oriente, a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda, quien ya envió orden de investigar a la BRIDEC de la PDI.
Hace seis meses circuló un mensaje de WhatsApp en que el jefe del Ministerio Público del sector Oriente socializaba su intención de dejar la institución, pese a que aún le quedaban tres años en el cargo. La situación generó malestar en algunos al interior de la fiscalía, debido a que algunos sostenían que ese tipo de anuncios no se hacían, sino más bien se concretaban, y otros porque pasó el tiempo y no ejecutaba su dimisión hasta este jueves 1 de julio, cuando envió un correo a persecutores y funcionarios. Pese a que se irá recién en un mes más, la carrera para ocupar el escaño que deja el abogado ya empezó, y hay quienes corren con ventaja.
La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía formalizó a 12 personas que secuestraron a dos hombres, uno de 28 años y otro de 46, en una historia policial marcada por antecedentes de una violencia "inusitada". Un robo de armas y droga fue el hecho que desató la furia del grupo. Los detalles del caso incluyen la captura de ambas víctimas en un refugio improvisado y casi diez días de encierro. Un descuido permitió que la víctima más joven lograra escapar mientras que el otro fue asesinado y sus restos quemados en una fogata.
"En relación con la delincuencia asociada al fenómeno de violencia rural, reforzaremos el trabajo de la Fiscalía de Alta Complejidad e incorporaremos metodologías de análisis criminal para abordar este fenómeno desde perspectivas que hoy no han sido priorizadas", afirmó el persecutor en la instancia en la que también participó el fiscal nacional, Jorge Abbott.
El General Director de Carabineros aseguró, además, que “necesitamos que haya celeridad en eso, porque en la medida en que los carabineros tengan una mejor normativa, obviamente van a poder trabajar más tranquilos, obviamente van a poder hacer uso sin tener que estar pensando muchas veces en qué me va a ocurrir si yo hago efectivamente el uso de las armas”.
"Claramente confirmamos la hipótesis de la emboscada y que estos sujetos tenían la intención directa de dar muerte a algunos de los funcionarios de Carabineros que se encontraban en el lugar”, detalló Carlos Bustos, persecutor a cargo de la investigación por la muerte del sargento Francisco Benavides.
Según detalló el Ministerio Público, los tres sujetos fueron aprehendidos en el sector de Collipulli donde ocurrió el crimen del efectivo policial, pero aproximadamente una hora después del hecho. Por lo que hasta el momento, según la Fiscalía, no hay antecedentes que los vinculen con los disparos que le dieron muerte al funcionario.
En los próximos días el fiscal nacional, Jorge Abbott, debe decidir si expulsa del Ministerio Público al investigador de casos de drogas Patricio Rosas y al exasesor de la Fiscalía Sur Roberto Contreras, como propuso la indagatoria administrativa llevada en su contra por infringir las medidas sanitarias impuestas en el país por la pandemia del Covid-19. La máxima autoridad del ente perseguidor penal podría también optar por bajar el castigo y darles a ambos una segunda oportunidad, como la que tuvo Raúl Guzmán en la Cámara Alta al no ser sancionado por su conducta, dejando el caso a fojas cero.
El abogado actualmente se desempeña como fiscal jefe de la Unidad de Derechos Humanos, en la misma fiscalía que encabezará. También fue reconocido por liderar la investigación en el caso Catrillanca.
Ahora, la nómina será remitida al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien será el encargado de definir a la persona que liderará el Ministerio Público regional por el período 2021-2029.
