"Hay que diferenciar quiénes son realmente responsables y quiénes no, porque si los metemos a todos en el mismo saco, al final se diluye la responsabilidad", advirtió. El Mandatario salió a respaldar a Rodrigo Hernández (RD) y la delegada del Biobío, pese a que hasta ahora en sus intervenciones sobre el caso había asegurado que no ponía “las manos al fuego por nadie”.
Si el 2021 los fondos transferidos desde la Seremi del Minvu de Antofagasta llegaron a más de mil millones, durante el año pasado esa cifra se disparó a más de $ 5.200 millones. Entre las organizaciones beneficiadas por dichos montos está la cuestionada Fundación Democracia Viva. Además, otras nueve organizaciones también recibieron fondos; varias de ellas comenzaron a realizar cambios en sus sitios web una vez estallado el escándalo por los pagos millonarios que involucran a militantes de Revolución Democrática. Borraron a sus participantes, sin embargo siguen apareciendo en los registros "caché" de sus webs.
"Es una persona que ha sido bastante competente en su desempeño”, afirmó el titular del Minvu sobre Rodrigo Hernández. Sobre las críticas del legislador a resolución dijo que "él podrá tener sus objeciones, que las haga saber y para eso hay distintas instancias democráticas para discutirlo”.
Pese a comunicarse su salida durante el fin de semana, este martes la exautoridad de Vivienda acudió hasta las oficinas del ministerio para despedirse de su equipo de funcionarios. Cuando se hizo el anuncio de la salida de Rojas, Boric quiso marcar un tono distinto: se informó que él solicitó la renuncia y no que la "aceptó", como se había comunicado con otros cambios.
La "necesidad de perfeccionar el procedimiento para suscribir convenios" sería el eje de la reunión que sostendrá esta tarde la autoridad del Minvu con las fundaciones. Entre las que han confirmado su asistencia, la expectativa y valoración son altas, sobre todo luego de que las millonarias asignaciones salpicaran el funcionamiento de estas organizaciones.
El titular del Minvu se reunirá este miércoles con el fiscal de la zona, Christian Aguilar, para entregarle todos los antecedentes recabados por su cartera en el marco del caso.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se trasladará el martes 27 a Antofagasta para entregar los antecedentes recabados a la Fiscalía.
El ministro Carlos Montes deslindó responsabilidades en la subsecretaria Rojas y le reclamó personalmente al presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, por haber afirmado que él había sido informado en su momento de las denuncias en contra de la Fundación Democracia Viva. La UDI, en tanto, presentó una querella y RN ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo.
Se trata de una superficie de 4,2 hectáreas del Regimiento Buin en la que es posible construir unas 1.500 viviendas sociales y resolver hasta el 60 % del déficit habitacional de la comuna. “Tenemos que acelerar el tranco", señaló el Mandatario al abordar la política habitacional del gobierno.
El Mandatario, también expresó una molestia profunda por el caso. "Frente a situaciones que dañan la fe pública hay que ser implacables, sin ningún espacio para ambigüedades", señaló.
El ente contralor decidió entrar de lleno al caso que pone la lupa sobre la entrega de fondos públicos en la zona, a organizaciones "sin fines de lucro", a raíz de la millonaria adjudicación a Democracia Viva. Desde la institución que dirige Jorge Bermúdez se pidió entregar de inmediato todos los convenios de transferencias suscritos relacionados con el programa de "asentamientos precarios", entre 2022 y 2023, identificando los actos administrativos que los aprobaron. El plazo final es el jueves 29 de junio.
Aunque las bancadas de derecha hoy exigen hacer valer las responsabilidades de la subsecretaria Rojas, si el gobierno no adopta medidas drásticas, el caso podría complicar aún más al ministro de Vivienda. Mientras la UDI presentó una querella, RN no descartó una acusación constitucional e ingresó dos requerimientos a la Contraloría para exponer la falta de diligencia del Ejecutivo en este caso. El Presidente Boric, por su parte, endureció el tono y condenó los hechos.
Los legisladores de oposición plantean que existe una lógica de “impunidad administrativa” del gobierno “donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones”.
El jefe de Vivienda ayer subió el tono, pidiendo que Democracia Viva devuelva los dineros no gastados de los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Fuentes de gobierno señalaron que Montes buscará reunirse con el fiscal Cristián Aguilar, quien lidera la indagatoria por los convenios entre la Seremi de Antofagasta y la fundación de la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD). Mientras que Revolución Democrática pidió la expulsión de sus militantes involucrados en el caso en el que se investigan los delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias.
Aunque insistió en que “hasta ahora no hay nada irregular” en los convenios entre la fundación y el Minvu, el presidente de RD destacó que “fue un error político generar ese tipo de convenios y no haber advertido al gobierno que ese flanco se podía abrir”.
