El documento de Chile Transparente y la Asociación de Auditores Externos expone un total de 10 propuestas en áreas como contrataciones, adquisiciones y prevención de irregularidades.
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La preocupación por los últimos hechos delictivos presenciados en Lampa puso en el tapete que la crisis de seguridad también afecta a las comunas periféricas de la Región Metropolitana, donde se ha comenzado a verificar que las bandas instalan centros operacionales. Por eso, sus ediles hicieron sentir el malestar en La Moneda.
La muerte de un inspector municipal en La Cisterna el pasado viernes, así como disparos y golpes a guardias municipales vividos la noche del sábado en La Reina e Independencia levantaron la alarma entre los alcaldes por mayores atribuciones y herramientas hacia los trabajadores públicos al momento de combatir la inseguridad. Armas no letales, así como la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal, son parte de las medidas solicitadas.
La alcaldesa de Peñalolén ha ido socializando con diversas autoridades una idea para hacerle frente a la crisis de seguridad y que apunta a usar la tecnología del Ejército, sin toques de queda ni militares en las calles.
En medio de la reciente escalada de violencia en la RM, este miércoles la Asociación Chilena de Municipalidades (Amuch) sostuvo una reunión de emergencia para evaluar acciones en conjunto, mientras que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) se reunirá con el subsecretario Eduardo Vergara para solicitar más injerencia en la toma de decisiones.
Al menos cinco comunas de la Región Metropolitana están entre las de mayor Índice de Vulnerabilidad Socio Delictual, un ranking que considera delitos graves, indicadores socioeconómicos, ingresos municipales y cantidad de infractores de la Ley NNA. Entre las comunas más afectadas se encuentran Santiago, Puente Alto, Maipú, San Bernardo, La Florida y Recoleta.
El documento explicita que no pueden usarse platas del Estado en actividades en que se vulneren garantías constitucionales o se promuevan actividades ilícitas, como el porte o uso ilegal de armas, el tráfico de drogas y la pornografía infantil.
Una investigación de la AMUCh mostró que un 81,7% de los encargados de Medio Ambiente de distintas municipalidades creen que no cuentan con capacidad para fiscalizar el cumplimiento de la normativa 21.368 en los locales comerciales de sus comunas.
Tras el boom de casos de irregularidades en comunas, la máxima autoridad del Consejo para la Transparencia apunta directamente a los alcaldes, por haber convertido a las corporaciones municipales en “tierra de nadie”, lo que ha dado lugar a un aumento significativo de hechos constitutivos de delitos en todo el país.
El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) plantea que el gobierno debe "dejar sus ideologías de lado" para hacer frente a la situación de seguridad, ya que -a juicio del también alcalde de Zapallar- los jefes comunales "están desesperados".
Carolina Leitao (DC), alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, expresó que "en la medida que los guardias municipales pasan a tener un carácter policial, los exponemos a que sean asesinados, porque un delincuente que se enfrenta a un persona armada va a disparar”.
"Los datos están mostrando que municipios que no debieran tener problemas de calidad de equipos o de tipos de perfiles funcionarios en su interior, igualmente están teniendo problemas", sostuvo el ministro Luis Cordero.
La acción en tribunales civiles emprendida por Achifarp busca que los municipios paguen sus deudas con la organización encabezada por Daniel Jadue (PC). Esto, pese a que algunas autoridades ni siquiera reconocen haber integrado la agrupación que llevó al alcalde de Recoleta a ser próximamente formalizado por delitos de corrupción.
La entidad reguladora entregó una serie de recomendaciones al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ha implementar en las bases de licitiación, de forma en que promuevan la participación de oferentes y la competencia por el factor precio.
Ricardo Vicuña también mencionó que el balance general del proceso en estas dos semanas “está dentro de lo que uno puede esperar en un operativo tan grande como este”. Consultado por la seguridad de los censistas, luego de que la semana pasada uno de ellos recibiera un balín de acero, dijo: “tenemos 25 mil personas en el territorio y es natural que pasen incidentes. Afortunadamente hasta el momento ninguno de ellos ha sido algo mayor”.
