Una investigación de la AMUCh mostró que un 81,7% de los encargados de Medio Ambiente de distintas municipalidades creen que no cuentan con capacidad para fiscalizar el cumplimiento de la normativa 21.368 en los locales comerciales de sus comunas.
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Tras el boom de casos de irregularidades en comunas, la máxima autoridad del Consejo para la Transparencia apunta directamente a los alcaldes, por haber convertido a las corporaciones municipales en “tierra de nadie”, lo que ha dado lugar a un aumento significativo de hechos constitutivos de delitos en todo el país.
El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) plantea que el gobierno debe "dejar sus ideologías de lado" para hacer frente a la situación de seguridad, ya que -a juicio del también alcalde de Zapallar- los jefes comunales "están desesperados".
Carolina Leitao (DC), alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, expresó que "en la medida que los guardias municipales pasan a tener un carácter policial, los exponemos a que sean asesinados, porque un delincuente que se enfrenta a un persona armada va a disparar”.
"Los datos están mostrando que municipios que no debieran tener problemas de calidad de equipos o de tipos de perfiles funcionarios en su interior, igualmente están teniendo problemas", sostuvo el ministro Luis Cordero.
La acción en tribunales civiles emprendida por Achifarp busca que los municipios paguen sus deudas con la organización encabezada por Daniel Jadue (PC). Esto, pese a que algunas autoridades ni siquiera reconocen haber integrado la agrupación que llevó al alcalde de Recoleta a ser próximamente formalizado por delitos de corrupción.
La entidad reguladora entregó una serie de recomendaciones al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ha implementar en las bases de licitiación, de forma en que promuevan la participación de oferentes y la competencia por el factor precio.
Ricardo Vicuña también mencionó que el balance general del proceso en estas dos semanas “está dentro de lo que uno puede esperar en un operativo tan grande como este”. Consultado por la seguridad de los censistas, luego de que la semana pasada uno de ellos recibiera un balín de acero, dijo: “tenemos 25 mil personas en el territorio y es natural que pasen incidentes. Afortunadamente hasta el momento ninguno de ellos ha sido algo mayor”.
Un nuevo Día Mundial del Agua encuentra a Chile en medio de alertas por una nueva crisis hídrica que desencadenaría la llegada del fenómeno de La Niña. Así, comunas de la Región Metropolitana han iniciado medidas para prepararse ante los efectos de una posible escasez. Educación, vegetación de menor consumo e incluso ordenanzas municipales son parte de las medidas.
Esto en el marco del encuentro "Chile combate el crimen organizado: primer día nacional contra el comercio ilegal y el contrabando" que reunió a distintas autoridades y representantes del mundo empresarial.
Las autoridades regionales y de otras zonas del país han realizado el llamado a informarse y acercarse a los canales oficiales para entregar los apoyos necesarios.
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, reconoce que hay indicios de mayores niveles de corrupción en el país y sostiene que el año pasado hubo un récord de más de 12 mil operaciones sospechosas reportadas a la UAF desde distintas instituciones. Pavez destaca también los alcances del nuevo plan de acción del gobierno para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el que incluye la obligación de las municipalidades de registrarse ante la UAF y dar cuenta de operaciones de carácter sospechoso.
Los decretos de emergencias comunales y las peticiones de un estado de expcepción en la RM se tomaron la agenda de ediles principalmente de oposición, quienes ahora encuentran eco en sus pares oficialistas. Las autoridades apuntan a la ley de infraestructura crítica.
Las comunas financiadoras del Fondo Común Municipal hacen sus observaciones a la regla contenida en la propuesta constitucional que será plebiscitada en diciembre. Vitacura, Puente Alto, Providencia y Lo Barnechea apuntan que podría verse afectado el ingreso municipal en todo el país.
La normativa busca ser una herramienta de coordinación y gestión de riesgos entre distintas entidades para dar respuesta frente a una situación de emergencia. Desde la Asociación de Municipalidades de Chile han hecho un llamado a que sus asociados puedan regular la situación: "Esto genera una vulnerabilidad extrema para sus habitantes", dicen.
