Los dirigentes del SLEP atacameño lograron un 'Protocolo de Acuerdo' luego de una extensa cita de más de ocho horas con el titular del Mineduc. Ahora deben someter esa proposición a la consulta de las bases, pero tanto en el gremio como en la cartera hay confianza de que este acuerdo será respaldado y pondrá fin a más de 60 días de paro.
Tras un primer receso de la reunión de más de tres horas que han sostenido esta tarde con el ministro de Educación, desde el gremio indicaron que esperan -con la voluntad del ministerio- "desatar" este conflicto.
El presidente del Colegio de Profresores, Carlos Díaz, indicó que “indudablemente" la situación de Atacama "está totalmente desbordada".
El ministro de Educación asistió a la comisión de la Cámara de Diputados para entregar detalles a los parlamentarios sobre los problemas que afectan al sistema educativo de la región y, en específico, al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama.
Movilización de docentes en esa región ya cumplió 68 días. “La decisión de retornar (a clases) la tiene que tomar quienes hoy día están paralizados", dijo el ministro de Educación.
Desde el año 2018, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, órgano que asesora al Presidente de la República en el seguimiento de la reforma, ha venido levantando una serie de alertas sobre las dificultades que están sufriendo los nuevos servicios locales de educación. Muchas de ellas, heredadas desde los municipios, como el excesivo aumento en el número de docentes y asistentes de la educación, serias falencias en el traspaso de la infraestructura, la falta de personal con conocimientos en el área y la rigidez presupuestaria para afrontar situaciones de emergencia.
Los Servicios Locales de Educación Pública reemplazan a las municipalidades como organismos responsables de los establecimientos educativos y en 2017 se estableció que existirían 70 a lo largo del país. De acuerdo al calendario que se ha establecido para este proceso de traspaso, su término está programado para 2027.
Carlos Rodríguez señaló que el Mineduc está realizando trabajos en tres escuelas, pero que están en desarrollo. "El ministerio no ha logrado dar respuesta" a los problemas que se han planteado, dice la autoridad gremial.
El extitular de Educación de la gestión de Piñera, señaló que, a su parecer, "lo que no puede ocurrir es que estos servicios sean capturados políticamente y tampoco puede ocurrir que los niños se utilicen como rehenes para conseguir fines específicos”.
Un conflicto que parecía ser solo territorial escaló rápidamente y agarró tintes más allá de lo educacional: lo político y lo administrativo entraron al ruedo. Con ello, al jefe del Mineduc se le dificultó un camino que lo obligó a endurecer el tono durante esta semana, apuntando a actos de corrupción. ¿Y el paro de profesores? Parece no tener un pronto final.
Después de casi seis horas de discusión, los siete parlamentario decidieron pasar a comisión mixta la partida presupuestaria de la cual dependen los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
El jefe de la cartera, los exministros Ávila y Figueroa, y parlamentarios como los diputados Santana y Cicardini o la senadora Provoste, han cobrado relevancia en estos 53 días que suman sin clases los estudiantes de la mayoría de los establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública atacameño.
El ministro Nicolás Cataldo se refirió al paro de profesores en la zona, indicando que se proyecta una "solución a corto plazo" y que se trabaja en un plan para enfrentar brechas de aprendizaje. "Estos más de 50 días de paralización de actividades no van a ser inocuos", advirtió.
Alejandra Arratia sostuvo que el trabajo en los 60 establecimientos comenzará a más tardar el 6 de noviembre, pero el reinicio de clases "lo deberá establecer el Colegio de Profesores". Respecto a las sospechas de corrupción, sostuvo que "quisiera ser cauta y esperar que terminen los procesos de investigación".
En medio de las críticas a la gestión del gobierno por los 52 días de paralización de clases en la zona, el ministro de Educación aseguró que hay irregularidades graves, como sobreprecios y contrataciones cuestionables en el Servicio Local a la que le fue traspasado el servicio educativo de cinco municipios. Todos esos antecedentes ya fueron enviados a Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para que tomen las acciones pertinentes.
