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Las palabras del Mandatario se dan luego de que este viernes el fiscal nacional, Jorge Abbott decidiera abrir una investigación de oficio por la compraventa de la minera Dominga entre la familia del Mandatario y de Carlos Alberto Délano -amigo del Jefe de Estado-, que fue pactada el 10 de diciembre de 2010 en Islas Vírgenes Británicas.
A través de un comunicado de Presidencia, se aseguró que "tenemos plena confianza en que, al igual que en todas las ocasiones anteriores, la justicia ratificará lo ya decretado por ella misma y confirmará la total inocencia del Presidente Piñera”.
La vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, dio a conocer la decisión de Jorge Abbott luego de cuatro días de análisis de los antecedentes. Con esto se indagará una nueva arista que buscará esclarecer si el Presidente Sebastián Piñera realizó u omitió gestiones, en su calidad de funcionario público, que pudieron incidir en la tercera cláusula del contrato de compraventa firmado en Islas Vírgenes Británicas. Éste daba cuenta de la condición de un tercer pago de la transacción entre las familias Piñera y Délano que estaba sujeto a que no se declarara zona reservada el lugar dónde se construiría el proyecto.
Un día después de que la Asamblea Nacional decidió abrir una investigación por sus cuentas offshore, el mandatario renunció al secreto bancario y puso a disposición de la Contraloría la revisión de sus finanzas
A través de un comunicado, el abogado Juan Domingo Acosta, quien representó al Presidente en la investigación del denominado caso Exalmar, sostuvo que se entregó a la PDI la documentación requerida, incluido el preacuerdo de la cuestionada compraventa de la minera.
En la revisión del dossier de diligencias que tuvo a la vista el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en 2017, cuando tramitó el caso Exalmar y la arista que comprometía al proyecto minero, sólo se encontró un preacuerdo en español del contrato de compraventa de las familias de Carlos Délano y el Presidente Sebastián Piñera que luego se selló en las Islas Vírgenes Británicas. La situación descartaría que los documentos ya hayan sido objeto de indagatoria, por lo que el Ministerio Público abriría de oficio una investigación para perseguir un eventual cohecho u otra figura penal que pueda involucrar al Mandatario.
Ello tras el anuncio del Servicio de Impuestos Internos (SII) de que está recabando los antecedentes para ver si hubo vulneración a la normativa tributaria tras la venta en 2010,de Minera Dominga por parte de la familia del Presidente Sebastián Piñera a la familia Délano.
"A mi me impresiona mucho haber llegado ayer al Congreso, y que las afirmaciones fueran completamente falsas y no hubiese ni siquiera un ánimo de entenderlas (...) uno lo que ve es un ánimo netamente político de usar una acusación constitucional”, indicó el ministro de la Segpres.
Según el diario El País, la congregación religiosa creó una estructura offshore con US$ 295 millones en activos, mientras el Vaticano investigaba la opacidad de sus cuentas. En 2017 anunciaron que habían disuelto sus empresas en paraísos fiscales.
"Esperamos que todos los parlamentarios no radicales, que creen en la democracia, en las instituciones, en el diálogo, en la verdad, en la justicia, rechacen cualquier tipo de forma de acusación basada en una mentira y solamente hecha por aprovechamiento político para las elecciones”, indicó el ministro vocero de Gobierno.
En caso de determinar que exista algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria, la entidad afirmó que adoptará las acciones que correspondan de acuerdo a la ley.
Diputados PS, FA, DC, PPD y FRVS anunciaron que, tras reunirse con su equipo jurídico, ya trabajan en la redacción del texto, acción que presentarán formalmente a más tardar la próxima semana.
Las dos estrellas del pop latino son las últimas figuras de la música que aparecen entre aquellos famosos que formaron compañías offshore en paraísos fiscales. El mexicano creó en 2013 una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para adquirir un lujoso yate, mientras que el puertorriqueño figura vinculado a dos firmas en Panamá y Florida.
Una de las barreras para iniciar una acusación constitucional, advertida por algunos profesores en Derecho Constitucional, radica en que los hechos revelados en la investigación de los Pandora Papers ocurrieron en la primera administración de Sebastián Piñera: el plazo final para levantar un juicio político son los seis meses posteriores, una vez dejado el cargo. Aunque hay abogados que plantean que podría invocarse si es que se comprueba que su actuar alteró o no el orden institucional.
