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Extenderle el mandato era una opción que tomó fuerza durante las últimas semanas. Hasta antes del avance del cuarto retiro del 10%, Rosanna Costa corría con absoluta ventaja para ser la primera presidenta del ente rector. Sin embargo, el complejo clima económico, político e institucional que vive el país y el altamente reconocido desempeño del actual timonel llevaron al gobierno a activar el plan B. Los contactos se iniciaron tras la última Reunión de Política Monetaria del 13 de octubre y este jueves por la tarde el Presidente se comunicó con Marcel. La decisión no es bien vista por un sector de la centroderecha.

En marzo, un mes antes de la primera vuelta en Perú, un tercio del electorado figuraba como indeciso, misma proporción que se registra hoy en Chile. En ese mismo momento, al menos cinco candidatos peruanos tenían opción de pasar al balotaje, mientras que en Chile la carrera presidencial está abierta entre cuatro abanderados. A esto se suma la sensación de que todo se definirá en la última semana de campaña, tal como suele ocurrir en el vecino país.

Las acusaciones de haber usado a su equipo ministerial en favor de la candidatura de su pareja, Christian Pino -quien compite en el distrito 8- mantienen bajo presión a la titular de Desarrollo Social. La ministra habló ayer con el Presidente Piñera y le pidió margen para defenderse. Y lo hizo con dos declaraciones, en las que destacó que "no he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para ninguna campaña". En La Moneda, donde sabían del reportaje desde el viernes, recibieron con incomodidad sus reacciones y nadie del comité político la respaldó. Mientras el Mandatario habría preferido esperar un pronunciamiento de la Contraloría, algunos consideran que su permanencia en el gabinete es insostenible.

Quiénes protestaron, quiénes no y cuáles eran sus características. Los académicos Loreto Cox, Ricardo González y Carmen Le Foulon realizaron una investigación a partir de datos de la encuesta CEP de fines de 2019 y comienzos de 2020 para dar respuesta a estas interrogantes. Entre sus hallazgos, apuntan a que el núcleo más duro de las protestas no fue de gente de sectores socioeconómicos bajos, sino jóvenes con alto nivel educacional y muy activos en redes sociales.

Los Pandora Papers sacaron a la luz el contrato por el cual la familia del Presidente vendió a su íntimo amigo Carlos Alberto “Choclo” Délano su participación en la minera Dominga. La Fiscalía abrió una investigación por eventual cohecho, soborno y delito tributario. Pero esta no es la primera vez que Piñera se ve envuelto en temas de política y negocios.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, abrió una investigación en contra del Presidente por eventuales delitos de cohecho, soborno e infracciones tributarias en la venta de la Minera Dominga, desatando la molestia del gobierno, el cual insistió ayer en que todos los hechos ya fueron indagados y resueltos.

A través de un comunicado, el abogado Juan Domingo Acosta, quien representó al Presidente en la investigación del denominado caso Exalmar, sostuvo que se entregó a la PDI la documentación requerida, incluido el preacuerdo de la cuestionada compraventa de la minera.

"Esperamos que todos los parlamentarios no radicales, que creen en la democracia, en las instituciones, en el diálogo, en la verdad, en la justicia, rechacen cualquier tipo de forma de acusación basada en una mentira y solamente hecha por aprovechamiento político para las elecciones”, indicó el ministro vocero de Gobierno.

En caso de determinar que exista algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria, la entidad afirmó que adoptará las acciones que correspondan de acuerdo a la ley.

El Mandatario aseguró durante el lanzamiento del pago del IFE Laboral que “da la impresión de que el crecimiento económico no importa. No están en los debates, los candidatos presidenciales no hablan de eso, no está en el Congreso, pero es muy importante”.

Una de las barreras para iniciar una acusación constitucional, advertida por algunos profesores en Derecho Constitucional, radica en que los hechos revelados en la investigación de los Pandora Papers ocurrieron en la primera administración de Sebastián Piñera: el plazo final para levantar un juicio político son los seis meses posteriores, una vez dejado el cargo. Aunque hay abogados que plantean que podría invocarse si es que se comprueba que su actuar alteró o no el orden institucional.

El propio Presidente Sebastián Piñera realizó hoy una declaración para salir a contener las críticas e intentar explicar un reportaje que da cuenta cómo las familias Piñera y Délano sellaron una millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas y cuyo último pago habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión. El abanderado presidencial oficialista, en tanto, optó -dicen en su comando- por desmarcarse del gobierno y apelar a la total transparencia en un contexto en donde algunos temen que pueda haber un costo electoral. “Me parece inaceptable que se utilice una información” que ya era conocida, dijo el Mandatario.

El Mandatario realizó un punto de prensa en La Moneda acompañado por el vocero de gobierno, Jaime Bellolio. "Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión en el extranjero”, aseguró. Y dijo también que “el hecho de ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal, y no beneficios”.

“Esta cifra nos está mostrando que nuestra economía se está recuperando, se está poniendo de pie", dijo el ministro de Hacienda.