El fiscal nacional, Jorge Abbott, abrió una investigación en contra del Presidente por eventuales delitos de cohecho, soborno e infracciones tributarias en la venta de la Minera Dominga, desatando la molestia del gobierno, el cual insistió ayer en que todos los hechos ya fueron indagados y resueltos.
A través de un comunicado, el abogado Juan Domingo Acosta, quien representó al Presidente en la investigación del denominado caso Exalmar, sostuvo que se entregó a la PDI la documentación requerida, incluido el preacuerdo de la cuestionada compraventa de la minera.
"Esperamos que todos los parlamentarios no radicales, que creen en la democracia, en las instituciones, en el diálogo, en la verdad, en la justicia, rechacen cualquier tipo de forma de acusación basada en una mentira y solamente hecha por aprovechamiento político para las elecciones”, indicó el ministro vocero de Gobierno.
En caso de determinar que exista algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria, la entidad afirmó que adoptará las acciones que correspondan de acuerdo a la ley.
El Mandatario aseguró durante el lanzamiento del pago del IFE Laboral que “da la impresión de que el crecimiento económico no importa. No están en los debates, los candidatos presidenciales no hablan de eso, no está en el Congreso, pero es muy importante”.
Una de las barreras para iniciar una acusación constitucional, advertida por algunos profesores en Derecho Constitucional, radica en que los hechos revelados en la investigación de los Pandora Papers ocurrieron en la primera administración de Sebastián Piñera: el plazo final para levantar un juicio político son los seis meses posteriores, una vez dejado el cargo. Aunque hay abogados que plantean que podría invocarse si es que se comprueba que su actuar alteró o no el orden institucional.
El propio Presidente Sebastián Piñera realizó hoy una declaración para salir a contener las críticas e intentar explicar un reportaje que da cuenta cómo las familias Piñera y Délano sellaron una millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas y cuyo último pago habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión. El abanderado presidencial oficialista, en tanto, optó -dicen en su comando- por desmarcarse del gobierno y apelar a la total transparencia en un contexto en donde algunos temen que pueda haber un costo electoral. “Me parece inaceptable que se utilice una información” que ya era conocida, dijo el Mandatario.
El Mandatario realizó un punto de prensa en La Moneda acompañado por el vocero de gobierno, Jaime Bellolio. "Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión en el extranjero”, aseguró. Y dijo también que “el hecho de ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal, y no beneficios”.
“Esta cifra nos está mostrando que nuestra economía se está recuperando, se está poniendo de pie", dijo el ministro de Hacienda.
El recorte se traduce en una caída en casi US$20.000 millones. De esta manera, el déficit fiscal estructural pasará desde 11,5% a un 3,9% del PIB, en busca de ir recuperando los equilibrios fiscales.
Según afirman en el gobierno, el Mandatario tiene previsto visitar Uruguay, Paraguay y Colombia.
La ceremonia se realizó en la iglesia Centro Cristiano Internacional, en la comuna de San Joaquín, donde también participaron ministros, titulares y representantes de los poderes de Estado, además de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Si bien el Ejecutivo está haciendo gestiones para intentar que el proyecto se caiga en la Cámara de Diputados, el Mandatario explora nuevamente acudir al organismo para frenarlo en caso de que se apruebe. Ante el fantasma del rechazo del TC al tercer requerimiento, existen diferentes posturas en Palacio, pese a que algunos creen que hoy existen mejores posibilidades por la llegada de las ayudas económicas a la ciudadanía. En medio de este escenario, aún no hay una defensa definida, pese a que algunos estudios de abogados ya lo tendrían descartado.
Durante el periplo, que se extenderá hasta el 12 de septiembre, el Mandatario visitará además Italia, Francia y Reino Unido, donde sostendrá reuniones de alto rango.
Uno de los tantos problemas que arrastra la política de restitución territorial es que lleva casi 28 años funcionando sin saber cuál es el universo total de predios que hay que adquirir para saldar la llamada deuda histórica con los pueblos indígenas. En 2016 la Comisión Vargas propuso hacerse cargo de este vacío y en 2018 el ministro Alfredo Moreno casi lo logró. Ahora el gobierno está a punto de abrir una licitación para contar con este estudio en un tiempo récord de seis meses.
