Etiqueta: Poder Judicial

El órgano encargado de redactar la nueva Constitución rechazó la indicación que pretendía que los pueblos originarios no tengan competencia para resolver las casos que involucran delitos. Este asunto de competencias, dicen los convencionales, deberá regularse en la ley y no en la nueva Carta Magna. Además aprobó que el Consejo de la Justicia no esté integrado por mayoría de jueces, el fin de los abogados integrantes, un límite de 14 años para la duración del cargo de ministro del máximo tribunal, entre otros cambios.

La Convención Constitucional está a un paso de despachar al borrador de la nueva Constitución los últimos artículos que regularán lo que hoy conocemos como el Poder Judicial. Esta es la estructura y el diseño de cómo operarán los tribunales. El sistema quedó diseñado de forma distinta al actual ya que quedará regulado por el principio de pluralismo jurídico. Es decir, existirán dos sistemas -uno para pueblos indígenas y otro para personas no indígenas- que convivirán en paralelo y en un plano de igualdad.

El lunes la titular de la cartera, Marcela Ríos, el subsecretario de la repartición, Jaime Gajardo Falcón y la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter se reunieron con los ministros en dependencias del máximo tribunal. Al abordar la cita, la vocera del Poder Judicial, Ángela Vivanco, aseguró este martes: “nos preocupa y nos ocupa lo que está pasando en la Convención Constitucional a propósito del Poder Judicial, que es lo que nos corresponde”.

Los artículos que fijaban las atribuciones de este nuevo órgano y su composición se rechazaron para que vuelvan a la comisión para una segunda propuesta de norma constitucional. La gran disputa ahora estará en lograr que la integración sea con mayoría de jueces. La norma rechazada fijaba que la instancia sería integrada por 17 personas, de las cuales solo seis eran magistrados. También se rechazó la norma que limitaba la duración de los ministros del máximo tribunal a un periodo de 12 años y se aprobó que la edad de jubilación de los funcionarios judiciales sea de 70 años.

Camila Jorquiera, actual conservadora de bienes raíces en Talca, lidera la terna confeccionada hace algunos días por la Corte de Apelaciones de Santiago para ser la titular del Conservador de Hipotecas, codiciado cargo que paga más de $150 millones al mes. El problema, dicen en el Palacio de Tribunales, es que muchos de quienes la apoyaron no sabían de una denuncia que carga de sus años cuando se desempeñó como notaria en Coyhaique y por la cual fue sancionada por la Corte Suprema: un mecánico analfabeto que ganó $580 millones en el Loto acusa que lo estafó. La abogada se defiende: "Hay gente que busca aprovecharse con un error que fue sólo administrativo, no se le causó daño a nadie".

Benjamín Salazar Morales (18) fue detenido, por primera vez, en 2019, cuando tenía 16 años. Su caso avanzó, hasta ser sentenciado como culpable del delito de incendio, sin embargo, el Ministerio Público, el Sename y el Séptimo Tribunal en Lo Penal de Santiago han diferido de la necesidad de mantener al joven en prisión.

A 10 años del fallo de la CIDH que condenó al Estado chileno luego que se probara que la Corte Suprema actuó de forma discriminadora al quitarle la tuición de sus hijas por su orientación sexual, la jueza repasa los hitos que han impulsado, tras la sentencia, leyes a favor de las disidencias en Chile. Sobre ideas de la Convención como el obligar a los magistrados a fallar con perspectiva de género cree que no es necesario explicitarlo en la nueva Constitución, porque los jueces ya lo hacen.

Un orden social justo debe proteger la propiedad privada. Ello no significa que el derecho de intercambio sea absoluto (ejemplos al respecto son las externalidades o el tráfico de droga), ya que debe haber reglas para proteger la libertad de los demás.

Las intervenciones de ayer de Rosa Catrileo, Ruggero Cozzi, Bárbara Sepúlveda, Carol Bown, Roberto Celedón, Mauricio Daza, Andrés Cruz y Christian Viera fueron algunas de las destacadas por ciertos convencionales consultados por La Tercera. Sus argumentaciones se suman como factores incidentes en el debate en particular que se abre ahora sobre el Sistema de Justicia.

En pleno verano y vacaciones de varios de sus integrantes, el tribunal de alzada capitalino se enfrentó este jueves ante una compleja decisión: ¿Hacer o no una audiencia para elegir al próximo Conservador del Registro de Hipotecas y Gravámenes de Santiago? Ganó la opción de no hacer sesiones públicas, lo que generó molestia en ministros de la Corte capitalina: algunos plantean que un cargo cuyo sueldo es de más de $150 millones mensuales requiere que el proceso sea transparente. Los 15 postulantes quedaron impávidos ante la decisión y hay quienes plantean que el más seguro ganador será el notario de Viña del Mar Luis Enrique Fischer, quien posee amplias redes judiciales y políticas.

Dos asociaciones, a través de un comunicado, han pedido reconsiderar la medida impuesta por la Corte Suprema, ya que a su juicio "implica imponer un régimen que sobrepasa la normativa sanitaria que rige la materia”.

Esta semana la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención aprobó en general 19 iniciativas que contienen las normas que dan pistas sobre cómo será el esqueleto del sistema judicial en la futura Carta Magna. Aún falta el ingreso de indicaciones, el cierre del plazo para ingresar propuestas, la discusión en particular, otra votación y luego el debate en el pleno. La Tercera analizó las ideas que pasaron este primer filtro y las sistematizó para tener una panorámica preliminar que ilustre cómo se viene la discusión en este tema que tiene a los jueces en estado de alerta.

La magistrada, que el martes encabezó una vocería cuestionando la norma, agregó también en radio Duna que están "plenamente disponibles para poder conversar con los miembros de la comisión o cualquier miembro de la Convención" y que aquí no hay "una intromisión, sino que consideramos que es nuestro deber también poder colaborar en esta materia”. En tanto, la Corte Suprema sumó a exministros a su ofensiva, con la declaración de ocho exmagistrados apoyando la declaración del pleno del martes.

María Elisa Quinteros descartó que la acción del máximo tribunal ponga en riesgo o afecte la autonomía de la instancia. “Desde la Presidencia (de la Convención Constitucional) nos parece positivo que cualquier actor de la sociedad presente su moción", dijo.

Sorpresa causó en la Corte Suprema la designación de la doctora en Ciencia Política en el cargo que representa el nexo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Su sello, dicen quienes la conocen, estará en una gestión con perspectiva de género y relevando los Derechos Humanos, otra de las principales funciones de la cartera que dirigirá a contar del 11 de marzo. Las exministras Soledad Alvear y Patricia Pérez le entregan consejos.