El pleno del máximo tribunal tiene que armar ternas para el cargo y luego es el gobierno el que debe escoger a 12 de estos abogados, quienes ejercerán -en la práctica- como jueces.
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Anita Pinochet había pedido al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que se declarara inadmisible una querella que el CDE presentó en su contra por presunto lavado de activos.
Perfeccionamiento del Trámite Fácil en la página web para que, por ejemplo, se pueda objetar la liquidación, es una de las medidas en las que se trabaja.
La Tercera Sala confirmó el fallo de la Corte de Santiago que declaró inadmisibles los recursos de protección presentados por los generales Jorge Valenzuela, Mauricio Rodríguez, Hugo Zenteno y Jean Camus. Este mismo criterio podría aplicarse para el resto de los tres recursos pendientes para los cuales la defensa ingresó un recurso de reposición en el que además piden alegatos. Los altos mandos reprochaban que el contralor, Jorge Bermúdez, no tenía potestad legal para sumariarlos.
Jéssica Gonzalez, quien indagó al sacerdote, fue la más votada. Los otros candidatos para reemplazar el cupo del exvocero del máximo tribunal son Mario Carroza, Diego Simpértigue, Mario Gómez y Sergio Mora.
Esto a raíz del caso ocurrido en noviembre de 2019, donde la parlamentaria agredió, en estado de ebriedad, a una trabajadora de un pub de la comuna de Las Condes.
La Primera Sala del tribunal de alzada capitalino consideró que las acciones de protección no deben ser tramitadas, ya que "aún existe un procedimiento administrativo pendiente y el acto impugnado no tiene carácter terminal, sino que es un acto de trámite o intermedio que forma parte de un procedimiento complejo". La defensa de los uniformados apeló y ahora la última palabra la tendrá la Tercera Sala de la Corte Suprema.
Guillermo Silva calificó como "satisfactorio" que "los argumentos principalmente esgrimidos por los parlamentarios son los mismos que en su momento hizo ver la Corte Suprema, tanto en su declaración pública, como cuando asistimos como invitados a la comisión acusadora".
Por otro lado, el Poder Judicial culpa a algunas AFP de haber retenido el 10% a personas que no correspondía, mientras que desde las AFP plantean que el error habría sido de la justicia.
Advierten que esta es una materia que debe ser vista caso a caso por los tribunales. Además, el fiscal de la Asociación de Bancos comenta que esta moción “tiene un efecto muy severo en la cadena de pagos”.
Dado el rechazo del Senado a la nominación del juez Raúl Mera para integrar la Corte Suprema, surgieron críticas a las eventuales razones políticas que incidieron por sobre las jurídicas. Desde 1997, la Constitución estableció que en esta relevante decisión deben participar los tres poderes del Estado. Tras el revés para el Gobierno en el caso de Mera, ¿debiera replantearse el mecanismo?
La portavoz de la Corte Suprema indicó que el proceso se realiza en medio de la restricción presupuestaria que enfrenta el Poder Judicial por la pandemia de Covid-19.
En una semana en que el Poder Judicial está en el centro de las críticas, el presidente de la Corte Suprema sale en defensa de los magistrados.
Mediante un comunicado en su página web explicaron que “las solicitudes de liquidación por pensiones adeudadas para efectos de retención del 10% de la AFP, deberán realizarse en la causa de Familia vigente, esto es, donde se está tramitando su cumplimiento”.
En medio de la discusión que se está generando en el Congreso para aprobar el proyecto de ley presentado en 2018 que moderniza a las notarías, en el Poder Judicial también se da una fuerte pugna en lo legal respecto del uso de la firma electrónica avanzada en documentos tan relevantes como la escritura pública.
