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La decisión del Senado de visar su acusación constitucional y removerlo terminó con 42 años de Sergio Muñoz en el Poder Judicial. El golpe que no tuvo que ver con su autoría en sentencias, aún resuena en los pasillos de tribunales y es que el juez con mayor ascendencia entre sus pares no podrá ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años. Acá, la trayectoria de un ministro que parecía "intocable".

La ONG, además, expresó que el proceso actual mantiene “la misma opacidad y nula participación ciudadana” y recomendó cuatro medidas para considerar.

Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.

El secretario de Estado expuso en la sesión extraordinaria que realizó el máximo tribunal durante la mañana de este martes, donde pudo explicar los ejes centrales que contempla la iniciativa del Ejecutivo que ingresará este miércoles a la Cámara de Diputados.

En la sala de la Cámara fueron diversas las conversaciones que se desataron para tratar de amarrar los votos -en rechazo- al libelo acusatorio que pesa contra el ministro de la Corte Suprema. En el oficialismo, según transmitían en privado y que después el diputado Jaime Naranjo (PS) reconoció en su intervención, fue dicho partido el que se descuadró en el juicio político que suscribieron.

Persisten las interrogantes respecto del caso que mantiene al magistrado bajo amenaza de acusación constitucional. Y es que pese a que fue inhabilitado, el planteamiento que emitió en un proyecto de fallo antes de que la causa fuera anulada, fue tomado de manera íntegra por quien lo reemplazó.

“Conmigo se está cometiendo una injusticia”, asegura sin dudar el poderoso ministro de la Corte Suprema. El magistrado enfrenta una acusación constitucional en el Senado que, de aprobarse, pondrá fin a sus 42 años en el Poder Judicial. “Acúsenme por los fallos, pero no pueden porque las sentencias no pueden ser revisadas por otro poder del Estado”, enfatiza y agrega estar confiado en que los senadores escucharán su defensa sin ser prejuzgado.

A 48 horas de un momento histórico en el Poder Judicial, algunos ya ven en este proceso un reimpulso del presidente del máximo tribunal. Y es que en un mes, Ricardo Blanco logró alinear a todos los miembros de la alta magistratura para dar una única señal: “No permitiremos agentes externos que no pasen la prueba de probidad”.

La Novena Sala de Corte de Apelaciones e Santiago acogió el recurso de protección presentado por el músico Sergio Infante en contra de la tarotista Consuelo Ulloa a quien conoció a través de una app de citas. "Los actos desplegados por la recurrida han afectado y perturbado la integridad síquica y la honra del recurrente", advirtió el tribunal de alzada.

Por unanimidad de los 19 ministros presentes en el pleno extraordinario del máximo tribunal, se dio por acreditado que la abogada incurrió en una serie de irregularidades que afectan la integridad del organismo. La sentencia sostiene que la abogada afectó "los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura". Con esto, quedó fuera de tribunales y procederá su reemplazo.

Por tres horas se extendió el pleno extraordinario del máximo tribunal donde se oyeron los antecedentes respecto al cuaderno de remoción en contra de la magistrada. Tras ello, la audiencia entró en receso para que los 19 magistrados presentes deliberen y luego entreguen su veredicto. Si bien no estuvo presente durante la vista, la abogada ha monitoreado minuto a minuto la jornada.

Los jueces del máximo tribunal son los que más nombres suman a la lista de acusados constitucionalmente desde el retorno a la democracia.

Este jueves 10 octubre el pleno de la Corte Suprema revisará los antecedentes contenidos en el cuaderno de remoción contra la magistrada y escuchará los alegatos que hará su defensa por alrededor de una hora. Se expondrán documentos, conversaciones de WhatsApp y se pondrá énfasis en que el máximo tribunal carecería de la imparcialidad para juzgarla.

La defensa del influyente juez asegura que la acusación en su contra es una "aberración jurídica" y que constituye una violación a los derechos humanos que se pretenda responsabilizar a una persona por actos cometidos por otros. Insiste, en el mismo sentido, que si el libelo se vota tal y como está, implicaría que el Estado sería responsable de la vulneración de garantías constitucionales.

El “comandante Emilio” volvió a México hace un año para cumplir una condena de 60 años de cárcel por el secuestro de una mujer.