Recientemente Gendarmería informó a los reclusos que máximo 10 personas podrían registrarse para visitarlos. Medida que a juicio de 119 reclusos corresponde a una vulneración a sus derechos humanos, toda vez que los hace elegir entre quiénes pueden visitarlos, aseguran, mientras se encuentran privados de libertad con una avanzada edad y pese a múltiples enfermedades.
Esto, en el marco de la discusión y votación del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para agravar las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas.
“Lamento una vez más que presionen con este tipo de situaciones, cuando no han hecho nada por sanar las heridas de este país", dijo la parlamentaria.
El abogado Raúl Meza, quien representa a algunos reos del penal Punta Peuco, dijo que se hará parte del recurso para solicitar que los internos adultos mayores con enfermedades crónicas y terminales tengan un cumplimiento de sus condenas en régimen domiciliario.
Oficialismo consideraba que la iniciativa abría la puerta a que los presos por crímenes contra los derechos humanos del penal de Punta Peuco accedieran al arresto domiciliario.
“La aprobación de esta ley nos haría caer en incumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, de proscribir la impunidad en materia de derechos humanos”, sostuvieron los partidos de gobierno en un comunicado, agregando que la iniciativa, impulsada por la derecha, “de forma encubierta incorpora a los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura".
Las bancadas de derecha lograron imponer la determinación en la reunión de comités de este lunes. Los representantes de RD, del FREVS y de Demócratas no estaban en la cita, lo que facilitó que la oposición tuviera la mayoría para imponer su voluntad.
Tras la carta firmada por 27 reos de Punta Peuco, la organización, a través de una escrito enviado al ministro Cordero, solicitó presentar un proyecto para la “degradación póstuma”. Según la misiva, aquellos sería una medida de reparación, además de permitir que la ciudadanía vea con buenos ojos medidas humanitarias respecto a funcionarios de menor rango que colaboren con la justicia.
Como “anfitriones” del evento oficiaron Raúl Iturriaga Neumann, Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Álvaro Corbalán Castilla, quienes cumplen sendas condenas por violaciones a los derechos humanos.
La tenencia de aparatos que permitan la comunicación de los reclusos con el exterior se considera delito y, quien sea sorprendido, arriesga penas de presidio en su grado mínimo a medio.
Javier Macaya se refirió a la misiva firmada por 27 oficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la que piden “conmiseración” y reconocen violaciones a los DD.HH. “Son situaciones que tienen que ser ponderadas a la hora de tomar decisiones gubernamentales y eventualmente incluso legislativas”, dijo el timonel gremialista.
Legisladores como Jaime Naranjo (PS), Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Juan Ignacio Latorre (RD) esperan que la misiva sea una puerta a la entrega de información que permita encontrar a los centenares de detenidos desaparecidos registrados en dictadura.
Fue en agosto que el diputado Gonzalo de la Carrera (exrepublicano) llegó hasta el penal ubicado en Tiltil. Allí se reunió con parte de los exuniformados que firmaron el documento para iniciar una mesa de trabajo que les permitiera hacer pública su molestia con los mandos y su arrepentimiento por la violación a los derechos humanos en dictadura. El resto de la población penal, sin embargo, no está contenta con la declaración, y el gobierno exige la entrega de información.
El oficial (r) de Carabineros Héctor Osses Yañez está condenado en diversas causas por violaciones a los DD.HH. registradas en 1973 mientras estaba al mando en la Subcomisaría de La Granja. Fue capturado esta jornada por el OS9 de Carabineros, tras lo cual, la ministra Marianela Cifuentes ordenó su ingreso inmediato al penal.
El ministro de Justicia se refirió a la misiva suscrita por 27 oficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, asegurando que lo relevante del documento es “que deja en evidencia que hay personas que disponen de información”.
