Distintas son las instancias judiciales en las que se encuentran las 27 querellas presentadas por el gobierno en noviembre pasado y tras la paralización de los transportistas. Las indagatorias, que se realizaron a raíz de la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, tienen actualmente a un conductor en prisión preventiva. El resto de las acciones judiciales se han archivado, agrupado, aunque también hay dos de ellas en las que próximamente se formalizará a los dirigentes gremiales.
El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, informó que Carabineros comenzó el despeje de las rutas bloqueadas, operativo que deja hasta ahora cuatro personas detenidas.
La titular de Interior realizó un balance de gestión en la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados. Instancia en la que, tras abordar la crisis migratoria del norte, también informó que han materializado más de 580 expulsiones judiciales y han concretado 800 resoluciones para iniciar expulsiones administrativas.
Respecto de la ampliación de las querellas en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, la ministra del Interior recalcó que se adoptó esta decisión “al ver que el Ministerio Público todavía estaba dubitativo entre actuar y no actuar, decidimos dar el paso al frente y poder liberar ese camino”.
A casi dos meses de iniciado el gobierno del Presidente Gabriel Boric, los delitos por los que se ha querellado el Ministerio del Interior son variados. Destacan las acciones judiciales por Ley de Seguridad del Estado que interpuso contra los camioneros esta semana, así como también por hechos de violencia en la Macrozona Sur.
“La capacidad que tienen los gremios de camioneros de producir un daño estratégico al desarrollo nacional, no puede ser abordada de la misma manera que una movilización de otra naturaleza", señaló el subsecretario del Interior, en el caso de que se registren nuevas paralizaciones por parte de grupos de transportistas.
Fue la primera medida anunciada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, incluso horas antes de arribar a La Moneda. La idea era dar una señal a aquellas familias que durante dos años han insistido en que se debe amnistiar, y así liberar, a quienes están imputados por delitos cometidos tras el 18 de octubre de 2019 cuando se gestó el estallido social. En una radiografía a los primeros desistimientos presentados por el Ministerio del Interior en diversos tribunales del país se concluye que ninguno de los imputados estaba privado de libertad por estas indagatorias, algunas causas penales ya están terminadas e incluso en dos el Ejecutivo ni siquiera era interviniente en el caso
La medida corresponde al cumplimiento de una promesa plasmada en el programa de gobierno entrante, y busca que la Ley de Seguridad del Estado “no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada”, de acuerdo al comunicado entregado por las futuras ministras de Interior y Justicia, Izkia Siches y Marcela Ríos. También se anunció que Ministerio de Economía entregará apoyo a Pymes afectadas en el contexto del estallido social.
El exgeneral director de Carabineros está querellado por diversos casos relacionados a presuntas vulneraciones a los derechos humanos, durante la crisis social. El exjefe policial ya no contará con el apoyo jurídico de la institución y deberá financiar su defensa.
Entidad informó que se trata de los ataques a la dos iglesias, al Discóbolo del Estadio Nacional y a una comisaría en Puente Alto.
Las acciones judiciales son principalmente por los hechos que afectaron a diversos municipios de la región (Curacautín y Victoria) y que permanecían tomados por comunidades mapuches, sufriendo diversos daños mientras eran desalojados por Carabineros y donde hubo enfrentamientos con civiles.
Las acciones judiciales van dirigidas hacia 15 personas presuntamente involucradas en diversos hechos. Además, también se invocó en todos los casos el ilícito de atentado contra la salud pública.
En la mayoría de los casos, el Ministerio del Interior presentó querellas por el delito de poner en peligro la salud pública.
A juicio del experto, la simplificación del sistema no pasa por su reintegración, sino por que haya reglas claras. Por lo mismo, es contrario a los registros que exige hoy el SII para tributar y propone eliminar la exención a las ganancias de capital.
"Aquí se generan hechos gravísimos que atentan contra la democracia", señaló el senador Jorge Pizarro.
