Fue la primera medida anunciada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, incluso horas antes de arribar a La Moneda. La idea era dar una señal a aquellas familias que durante dos años han insistido en que se debe amnistiar, y así liberar, a quienes están imputados por delitos cometidos tras el 18 de octubre de 2019 cuando se gestó el estallido social. En una radiografía a los primeros desistimientos presentados por el Ministerio del Interior en diversos tribunales del país se concluye que ninguno de los imputados estaba privado de libertad por estas indagatorias, algunas causas penales ya están terminadas e incluso en dos el Ejecutivo ni siquiera era interviniente en el caso