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La junta de acreedores de Itelecom aprobó su plan de reorganización concursal. Entre los acreedores que votaron a favor están Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S.A. (CIFI) e Itaú Corpbanca. Ambas representan poco más de la mitad de los pasivos que suman $17.523 millones. Se trata de uno de los procesos más complejos desde la puesta en marcha de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, ya que se logró apartar a sus dueños investigados por casos de corrupción y el futuro de la empresa. "La empresa sobrevivió porque pudo demostrar que pagará a sus acreedores", dice Nicolás Mena, el interventor.

La medida obedece a los efectos de la pandemia. Justo y Bueno anunció el año pasado la adquisición de la cadena chilena.

Tribunal fijó el cronograma de lo que sigue: la audiencia final de confirmación del proceso será el 27 de mayo. El proceso ya tiene el respaldo del 94% de los acreedores de la firma.

Abogado de la empresa planteó hace una semana que la firma estudia la viabilidad de continuar con sus operaciones o se procede a su liquidación, debido a deudas impagas. El 15 Juzgado Civil de Santiago reprogramó para este miércoles la audiencia donde se tomará una decisión.

La empresa automotora, representante de Hyundai en Chile y Perú, dará paso a una nueva estructura: una sociedad en Estados Unidos que controlará la nueva firma en Chile. Ricardo Lessmann conservará la presidencia y habrá otros seis directores nombrados por los acreedores.

En 2014, la automotora comenzó a sentir la contracción económica. Ese año, el sector empezó a desacelerarse, profundizando su caída en los ejercicios siguientes. Desde esa fecha, la firma redujo su personal en más de 1.000 personas, externalizó un sinnúmero de áreas, cerró dependencias e hizo reestructuraciones financieras para sortear la ola. Entremedio, una gigantesca inversión en Brasil y un imponente edificio corporativo hundieron sus finanzas; el estallido social y la pandemia, terminaron de complicar el panorama. Ahora, con un acuerdo con sus bonistas se acogen al Chapter 11.

El plan de reorganización definitivo será presentado a fines de abril al 26º Juzgado Civil de Santiago. Itelecom, para poder concitar el apoyo de la banca, debió disminuir fuertemente su plana de trabajadores. Asimismo, la compañía vinculada a casos de corrupción ganó el primer round al fondo de Islas Caimán. Esto, luego de que el tribunal declarara como activo esencial un millonario préstamo que efectuó el fondo a la compañía.

Luego de que un fondo de cobertura estadounidense quedó insolvente ante demandas para reponer garantías.

A raíz de la pandemia, A3 Property Investments anotó una pérdida por $14.389 millones en 2020. Ante el difícil panorama, la firma debió repactar deuda, tomando créditos en Chile, Perú y Estados Unidos.

En la investigación penal -que acumula más de cinco tomos con 12 mil fojas-, el fiscal Francisco Jacir profundiza en el esquema defraudatorio que presuntamente urdió el menor de los Frei Ruiz-Tagle para estafar a su hermano, falsificando su firma y solicitando millonarios créditos para sus negocios personales. Pocos meses antes de la quiebra, Nicolás Frei -sobrino del exmandatario- envió un correo electrónico a un factoring, asegurando que los negocios de Almadena estaban mejorando y tenían buenas expectativas a futuro.

La compañía se vio obligada a atenerse al Capítulo 11 por la crisis que provocó la pandemia, ahora, anuncia su nuevo plan para abrir camino a la recuperación.

Más de $13 mil millones en deudas y sus grandes acreedores son la banca liderada por Banco Santander y Scotiabank. En el listado también figura la Tesorería General de La República con cuantiosos impuestos impagos. En sus presentaciones, las tres sociedades que operan la cadena detallaron el deterioro de sus finanzas debido al "estallido social", cuestión que se agravó con la pandemia y las restricciones de movilidad que impuso la autoridad.

La empresa que opera la emblemática heladería solicitó la quiebra luego de 33 años de historia.

Empresa señala que sin intervención externa, al 2022 no podrá cumplir sus compromisos financieros.

La cadena minorista informó que debido a las deudas y a las dificultades que ha enfrentado la empresa para operar durante la pandemia y antes por el estallido social, decidió acogerse a la Ley 20.720.