De acuerdo con lo reflexionado por el Pleno del tribunal de alzada capitalino, no tienen atribuciones para resolver respecto de los antecedentes que envió el presidente Ricardo Blanco y que fueron parte de una reclamación de la ministra Ángela Vivanco.
La ministra acusó que sus pares del máximo tribunal que integran la comisión ya emitieron un dictamen previo en su contra y, en el caso de la magistrada Muñoz, que posee una "enemistad manifiesta" hacia ella.
Desde que estalló en el seno de la Corte Suprema el caso por supuesto tráfico de influencias en nombramientos judiciales -por chats revelados en causas penales-, en los pasillos del Palacio de Tribunales el ambiente se corta con cuchillo. El presidente Ricardo Blanco, en los últimos días, ha tomado a la Comisión de Ética por las astas y, dando un “mazazo”, desafió a cuatro de sus pares del máximo tribunal.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, citó para este jueves a primera hora a un pleno extraordinario. Quienes conocen de las intenciones del magistrado sostienen que en esa reunión dará a conocer que se ha notificado a algunos de los miembros de la cúpula del Poder Judicial que la Comisión de Ética ha abierto una investigación administrativa en contra de ellos por los chats en los que aparecen vinculados al caso Hermosilla y Topógrafo. Estas últimas conversaciones darían cuenta, a ojos de algunos, de presunto tráfico de influencias. El encuentro se da a sólo tres días de que el propio mandamás del máximo tribunal asegurara que no existía sumario alguno contra algún juez. ¿Un nuevo golpe de timón?
Desde la asociación manifestaron que en el documento emanado del máximo tribunal "tampoco se refleja la cero participación de entes o representantes de carácter político que, sin lugar a duda, podría generar influencias indebidas en el nombramiento de los jueces”.
La tarde de este viernes el presidente del máximo tribunal hizo entrega de los antecedentes al ministro Luis Cordero, quien en las próximas semanas debería presentar un proyecto de reforma. Entre otros aspectos, los magistrados proponen que las designaciones de jueces dependan de un ente autónomo integrado principalmente por jueces. Sugieren, asimismo, que se mantenga la participación de los tres poderes del Estado.
Pasadas las 11:00 horas de este jueves llegó hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, un oficio en el que el fiscal nacional, Ángel Valencia, le informaba que no podrían acceder a la petición de la Comisión de Ética que él dirige. Ésta había pedido copia de expedientes sobre investigaciones penales en curso. En específico, querían copia de los chats del caso que involucra a Luis Hermosilla y al ministro Juan Antonio Poblete en que se alude a integrantes del máximo tribunal. El "portazo" del Ministerio Público se oyó hasta el último rincón del Palacio de Tribunales.
A una semana de haber recibido el oficio firmado por el presidente Ricardo Blanco, Ángel Valencia les transmitió que no podía acceder a la solicitud. Esto, con miras a garantizar el éxito de las investigaciones en curso.
La determinación fue analizada durante el pleno que estuvo marcado por el retorno de las ministras Ángela Vivanco y María Teresa Letelier, otras dos de las implicadas en el caso de supuesto tráfico de influencias y quienes estuvieron ausentes cuando Ricardo Blanco anunció la apertura de la instancia creada en 2007.
Se espera que durante la cita, que está programada para las 14.30 horas, las magistradas hagan presente su postura frente a la determinación de sus pares de iniciarles un proceso disciplinario, aunque previamente el pleno había acordado que la instancia estaba "obsoleta" y que se reformularía su reglamento. Durante la instancia se abordará la renuncia del ministro Carroza a dicho comité.
La resucitada instancia de la Corte Suprema solicitó al Ministerio Público acceso a investigaciones reservadas en las que aparecen conversaciones de integrantes del máximo tribunal. No pocos ven en esta acción -liderada por el presidente Ricardo Blanco- una táctica de ajedrez, ya que los magistrados saben que no pueden acceder a causas penales secretas y lo más probable es que la Fiscalía les niegue la petición. Sin conocer los WhatsApp no habría antecedentes para avanzar y todo volvería a fojas cero. ¿Jaque mate? o ¿Aún la partida está abierta?
Aún no cumple seis meses como presidente de la Corte Suprema y el ministro Ricardo Blanco ha debido enfrentar dos crisis. La más reciente: los chats de los casos “topógrafo” y “Hermosilla”, que han desnudado supuesto tráfico de influencias que amenazan con una reforma radical al sistema de nombramientos. Dentro del pleno hay cuestionamientos a su rol como cabeza del Poder Judicial y no pocos ministros aseguran que su falta de personalidad y ascendencia ha profundizado las grietas que hay entre los integrantes del máximo tribunal.
La presentación de una querella por tráfico de influencias del INDH, más la apertura de una investigación penal de oficio por violación de secretos, tiene en una posición incómoda a los ministros del máximo tribunal del país. La situación los pone en el centro de una causa penal que desnuda las tratativas para sus nombramientos en el único poder del Estado que no está sometido a votación popular. Justamente, para resguardar su independencia.
Tras la ceremonia en que Eduardo Cerna asumió formalmente como nuevo director de la PDI, el titular de Justicia y el magistrado Ricardo Blanco tuvieron un breve espacio para intercambiar opiniones en torno a los cuestionamientos originados a partir del 'caso audios'.
El pleno del máximo tribunal acordó no asistir a la instancia que indaga eventuales irregularidades de funcionarios públicos, a partir del denominado caso Audios. La razón radica, explicaron, en que los magistrados no están sujetos a la fiscalización de los diputados en estas instancias, a menos que inicien una acusación constitucional.
