La polémica surgió luego de la discusión de una indicación propuesta por el Ejecutivo que establece que “debe evitarse apuntar y disparar armamento menos letal directamente al rostro”, lo que reabrió la controversia sobre el concepto de letalidad del armamento, con alusiones a las víctimas del estallido social.
El titular de la Segpres cuestionó el debate que se produjo previo a la votación de las indicaciones, al señalar que “yo haría el esfuerzo por legislar, porque llevamos no sé cuánto tiempo perdido entre ayer y hoy haciendo puntos políticos que son inconducentes respecto del proyecto de ley”.
“¿Cómo el Presidente (Gabriel Boric) va a presentar un proyecto y después va a vetarlo? Eso sí que desacredita al gobierno. Eso es lo que yo quiero evitar", esgrimió la parlamentaria frenteamplista.
El senador de la DC sostuvo que "aquí hay que irse desprendiendo de las consignas de nuestra propia y legítima ideología y apuntar por el bien común".
La portavoz dijo que para el Ejecutivo todos los proyectos de ley relativos a seguridad “son importantes y hay que sacarlos con sentido de urgencia”, pero recalcó que “eso no significa legislar en caliente y a matacaballo, porque el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad”.
En las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara se solicitó esta jornada votar el proyecto entre hoy y mañana martes hasta total despacho. Sin embargo, la diputada Maite Orsini (RD) rechazo dar la unanimidad para tal moción, tras lo cual pidió legislar "de manera responsable".
La parlamentaria oficialista argumentó que su comité no daría el acuerdo solicitado por el presidente de la instancia, "porque no queremos que no se pueda discutir con la seriedad y con el tiempo que requiere”.
En concreto, se busca sesionar sobre Reglas de Uso de la Fuerza y los proyectos de ley de infraestructura crítica y anti terrorismo.
La determinación adoptada de forma unánime fue comunicada tras los homicidios de tres carabineros en la comuna de Cañete.
Previo a la votación en particular de la norma, los parlamentarios anunciaron la modificación que indica que los delitos que se le imputen a los uniformados de las FF.AA. en el contexto de estado de excepción, resguardo de infraestructura crítica y de fronteras deben ser conocidos por dichos tribunales.
"Estos llamados que se han hecho desde la Cámara de Diputados a miembros de las Fuerzas Armadas para que vayan a declarar sobre un proyecto de ley, a mí me parecen muy graves”, señaló el legislador oficialista.
En una sesión de las comisiones unidas de Seguridad y de Constitución, parlamentarios reclamaron que no se podía legislar sin tener la opinión de representantes de las Fuerzas Armadas. En la misma instancia, la diputada Pamela Jiles solicitó que el subsecretario de Defensa saliera de la sala.
No obstante, la vocera de gobierno sostuvo que el objetivo central del Ejecutivo es que tanto la iniciativa de reglas de uso de la fuerza como la de infraestructura crítica sean "mediante ley acordada en el Congreso Nacional”.
La alcaldesa de Providencia señaló que a la solicitud de Tomás Vodanovic no le ve "absolutamente ninguna viabilidad por ahora".
