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Ante la arremetida de la oposición, que insistirá en el punto en el Senado, el vicepresidente de la Cámara Alta afirma que es partidario de que "los delitos cometidos contra civiles los juzgue la justicia civil" y que tiene dudas de que la enmienda tenga relación con la idea matriz del proyecto de ley. El gobierno, en tanto, acusó de "poco riguroso" a los parlamentarios que quieren revivir el tema durante el segundo trámite.
El titular de la Segpres, en una entrevista televisiva, recalcó que la indicación impulsada por la derecha fue declarada inadmisible en la Cámara de Diputados, dado que “estaba fuera de las ideas matrices” del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).
Tras un extenso debate, la indicación que buscaba devolver a los tribunales marciales los casos en que militares o efectivos policiales estuvieran siendo juzgados, fue declarada inadmisible. Los partidos de gobierno valoraron esta parte del proyecto, pero expresaron su preocupación por algunas normas, que esperan revertir en la Cámara Alta. La oposición en tanto, aún no da muestras claras de querer insistir en la inclusión de la justicia militar.
Los proyectos de ley fueron despachados por la Cámara Baja, sin embargo, aún queda recorrido para lograr su total aprobación y posterior implementación.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se mostró satisfecha por el avance en el Congreso de estos proyectos relacionados con la seguridad, aunque indicó que esperan que ambos puedan ser modificados en temas sensibles para el Ejecutivo antes de su despacho.
Por 72 votos a favor, 71 en contra y una abstención, se declaró como inadmisible la indicación que pretendía devolver a la justicia militar los casos en que militares o policías incurrieran en un delito cumpliendo labores de orden público. El proyecto de ley pasa ahora al Senado.
Si bien tres proyectos emblemáticos: la ley antiterrorista, la creación del Ministerio de Seguridad y el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) lograron salir del estancamiento y dar pasos importantes en su tramitación, las polémicas y tensiones dejaron una sensación amarga en el oficialismo y en la oposición. Sin embargo, a pesar de los roces con sus propios legisladores aliados, las mesas del Senado y de la Cámara salieron fortalecidas.
La sesión especial en la Cámara Baja se inició pasadas las 16.00 horas de este viernes, en la que se votarán las RUF y, según el acuerdo de los comités, también la iniciativa que crea el nuevo Ministerio de Seguridad.
Si bien la indicación busca que sea invocada sólo en estados de excepción, en el control de la frontera, el resguardo de infraestructura crítica y durante las elecciones, trae nuevamente al debate una norma que había sido derogada, primero parcialmente en 2010, y luego en 2016. Su aplicación, de aprobarse y promulgarse, permitiría que los uniformados que sean imputados por lesiones, u otro tipo de agresiones, sean juzgados en sede militar.
Más de un año sesionaron los miembros del comisiones unidas de Constitución y Seguridad para despachar el proyecto de sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). La cantidad de diputados solo dificultó el debate. El final de temporada terminó con una controversial indicación que devuelve potestades a la justicia militar, un capítulo que supuestamente había quedado cerrado con los gobiernos de la Concertación y las administraciones de Piñera y Bachelet.
El titular de Justicia abordó la indicación impulsada por la derecha en el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), asegurando que dicho régimen de justicia “reconocidamente carece de imparcialidad e independencia”.
Disposición especifica que actuaría en investigaciones por hechos ocurridos en cuatro escenarios acotados y se estableció que, en ningún caso, los civiles involucrados serían juzgados por los tribunales militares.
La titular de Interior se refirió a la indicación impulsada por la derecha que fue aprobada en la jornada de ayer en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana. "Como Ejecutivo hemos planteado un reparo de inconstitucionalidad porque está fuera de las ideas matrices del proyecto", dijo.
Una indicación del diputado Diego Schalper (RN) se transformó en la gran batalla legislativa de la jornada. Si bien tras el fin de la dictadura, los tribunales castrenses tuvieron una amplia competencia, incluso en causas de derechos humanos, reformas de 2010 y 2016 establecieron que ningún caso que involucrara a civiles podría quedar bajo la tutela de la corte marcial.
