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Daniel Reyes manifestó que el convenio al que llegó el Ejecutivo transmite a las personas que "se pueden saltar la fila, que pueden hacer las cosas al margen de la ley".
En el terreno se enucentran alojadas casi 11 mil personas.
El alcalde de Lo Barnechea cuestionó el acuerdo alcanzado por el Gobierno y señaló que "como en tantos otros temas, la toma de San Antonio también deberá solucionarlo el próximo gobierno".
El titular de Vivienda, además, reconoció que La Moneda no tiene una estrategia "totalmente redonda para resolver esto porque son parte de los desafíos, tanto de estos seis meses (como plazo para evitar el desalojo) como todo lo que hay que construir con las propias comunidades".
En la reunión del comité político ampliado de este lunes la ministra explicó la fórmula del Ejecutivo para evitar el desalojo de los 10 mil pobladores que ocupan ilegalmente el terreno ubicado en la Región de Valparaíso.
El timonel del Partido Comunista indicó que como colectividad tienen una “manifestación de absoluta solidaridad con todos quienes, por una razón del derecho a la vivienda, han recurrido a este recurso”.
En un debate televisivo y en su programa como precandidato a La Moneda, el Presidente planteó su fórmula para enfrentar casos como el que hoy afectan al gobierno por la megatoma de San Antonio. A días de que se concrete la medida judicial, la presión oficialista sube: el PC de Viña del Mar destacó en un comunicado público que el “desalojo es una práctica punitiva”.
Personal de la policía uniformada sigue a la espera de la instrucción formal para llevar a cabo la expulsión forzosa de la toma en San Antonio, donde habitan cerca de 10.000 personas. Pese a que el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que el desalojo -por la magnitud de este asentamiento- no se hará en un solo día, las autoridades regionales reconocen que sí o sí se necesitará el traslado de efectivos desde la capital.
"No se ve ninguna solución ni fácil ni buena ni permanente", señaló ante reunión del Minvu con propietarios del terreno.
El subsecretario explicó que en este caso "hay una particularidad y es su magnitud". La autoridad indicó que solución debe considerar que no se puede "legitimar" un acto como una usurpación de terreno y garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la justicia.
El sujeto de 26 años cuenta con antecedentes policiales en su contra.
Desde el Minvu esperan llegar a un acuerdo con los tres dueños de los terrenos para así evitar un desalojo "paulatino" el próximo 27 de febrero, plazo final establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
