El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó la denuncia de tutela laboral presentada por Jimena Hevia, jefa del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano (DPAC). En su demanda, la geógrafa denunció una serie de actos de acoso laboral por parte de su jefe, Juan Cristóbal Moscoso. El SEA solicitó que la acción sea desestimada, defendiendo el actuar del funcionario y acusando a la demandante de "falta de autocrítica y tolerancia".
La dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental emitió la resolución de admisibilidad favorable, lo que marca el inicio formal del proceso de evaluación de la iniciativa liderada por el consorcio austrodanés HNH Energy.
El megaproyecto de amoníaco verde de HNH Energy duplicó el monto de la mayor inversión aprobada sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que correspondía a un proyecto de Codelco de 2013. En el top five, sólo una iniciativa sigue en proceso de calificación y corresponde a una desaladora multipropósito para la región de Antofagasta. De los cinco, cuatro son mineros.
Durante los primeros seis meses del año, 135 proyectos recibieron luz verde con un monto total de inversión de US$7.313 millones, lo que representa un aumento del 61% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se aprobaron 116 iniciativas por US$4.541 millones. Sin embargo, el monto total de la inversión aprobada y el número de iniciativas no alcanzan al promedio anotado durante los últimos seis años, que llega a 203 proyectos que suman US$8.682 millones.
La semana pasada, la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó al abogado Pablo Velozo a los representantes sindicales para abordar un complejo conflicto interno, tras denuncias de maltrato laboral y acoso contra el jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, Juan Cristóbal Moscoso. El SEA presentó entre 2020 y abril de 2024, 161 renuncias, desglosadas en 103 mujeres y 58 hombres. En el mismo período, se registraron 1.489 licencias médicas, con 1073 correspondientes a mujeres y 416 a hombres.
Seis trabajadores del SEA denunciaron al jefe de la División de Evaluación Ambiental, Juan Cristóbal Moscoso, por maltrato laboral, generando una ola de manifestaciones y demandas internas, mientras la dirección del servicio se esfuerza por manejar la situación y garantizar un entorno de trabajo seguro. El total de renuncias desde 2020 hasta abril de 2024 es de 161, mientras que el total de licencias médicas desde 2022 hasta abril de 2024 es de 1.489.
La jefa del Departamento de Participación Ciudadana del SEA, Jimena Hevia, demandó al organismo por $107 millones ante el 2º Juzgado Laboral de Santiago, alegando maltrato sistemático y un ambiente laboral tóxico bajo la dirección de Juan Cristóbal Moscoso. Hevia, en el SEA desde mayo de 2023, denunció amenazas y comportamientos abusivos que afectaron su salud mental, llevándola a una licencia médica permanente. Este caso agrava la crisis laboral en el SEA, ya afectado por denuncias anteriores contra Moscoso.
Esto corresponde a un rediseño técnico del "Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras”, que aborda las observaciones de requisitos ambientales y sociales de los servicios públicos y de las comunidades locales.
Un estudio del Centro de Estudios Públicos, realizado por los profesores de la PUC Edesio Carrasco, José Francisco García y Luis Eugenio García-Huidobro, cuestiona la iniciativa de ley “Evaluación Ambiental 2.0” del gobierno, señalando que no logra proporcionar un marco más técnico, ágil y eficiente para la evaluación ambiental, ni reduce la interferencia política y judicial en el proceso, afectando así la certeza y previsibilidad jurídica en los proyectos de inversión.
La compañía sostuvo que "hemos tomado la decisión de presentar un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, esperando que dicho órgano rectifique y permita posibilitar un proyecto estratégico para el sistema eléctrico chileno”.
La plataforma administrada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), detalla que entre el 1 de enero y el 31 de marzo 133 proyectos de inversión fueron presentados, siendo el número más bajo desde 1997 para un primer trimestre. En tanto, 64 iniciativas obtuvieron una RCA favorable, por un monto de US$3.599 millones, lo que supera los 54 proyectos aprobados en igual lapso de 2023, y que sumaron US$2.104 millones.
La autoridad ambiental de la región acogió la solicitud emitida por la titular del proyecto, Empresas Portuarias Valparaíso, para entregar la Adenda en julio de este año, y así responder las 55 observaciones en los ámbitos de medio humano y paisaje que posee este proyecto.
La iniativa, impulsada por Mejillones Ammonia Energy (MAE) -firma fundada por el empresario norteamericano James Calaway-, busca levantar una planta industrial a 8 kilómetros al norte de la ciudad, y contraría con una producción nominal de 620.000 toneladas al año de amoníaco a partir de hidrógeno, producto que sería transportado en un ducto hacia el puerto de Mejillones, para ser exportado al extranjero. Eso sí, también contempla la comercialización local por medio de una estación de carguío de camiones.
La judicatura especializada concluyó que el Servicio de Evaluación Ambiental realizó una deficiente evaluación de los impactos de la iniciativa en el Acuífero Santiago Central. Retrotraído el procedimiento de evaluación del proyecto, el SEA deberá dictar un nuevo ICSARA para que el titular presente una nueva Adenda, que considere el potencial efecto del cambio climático. Ante el fallo, desde Google Chile aseguraron continuar colaborando con los requerimientos de las autoridades, y señalaron que “la sustentabilidad está en el centro de todo lo que hacemos".
Al 22 de febrero de 2024, los cinco sectores que acumulan el mayor número de iniciativas entrampadas en tribunales son: energía (34%); inmobiliario (17%); infraestructura (9%); minería (9%) y piscicultura (6%). El monto total es menor en comparación con la cifra que la misma entidad informó a este medio en febrero de 2023 a través de un requerimiento de Transparencia. En aquella oportunidad eran 62 las iniciativas bajo el mismo estatus y ascendían a US$11.516 millones.
