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El proyecto Fase V de El Soldado considera una inversión de unos US$40 millones, y se estima que su construcción tomará unos 18 meses.
Esto luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), acogiendo la solicitud de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) diera término anticipado a la evaluación del proyecto.
El cierre del primer semestre de este año arrojó el monto de la inversión aprobada más bajo desde 2007, con una suma de US$4.536 millones. Mientras, los 114 proyectos que componen ese total es el menor número desde 1997.
A través de un requerimiento de Ley de Acceso a la Información Pública al SEA, Pulso pudo conocer que al 29 de mayo de 2023, el Comité de Ministros acumula 12 proyectos y suman US$1.736 millones.
Al 29 de mayo los sectores productivos que acumulan el mayor número de proyectos judicializados son energía (29%); inmobiliario (18%); infraestructura (17%) y pesca y acuicultura (11%). La inversión total comprometida es menor en comparación con la cifra que la misma entidad dio a conocer a este medio en febrero a través de un requerimiento de Transparencia. En aquella oportunidad eran 62 las iniciativas bajo el mismo estatus y sumaban US$11.516 millones.
Desde plena Crisis Asiática que no se registraba un número tan bajo de proyectos ingresados a evaluación ambiental durante los primero cinco meses del año, aunque en esa época las sumas eran mucho menores. Por su parte, el monto aprobado en lo que va del año llega a US$4.015 millones, su menor nivel desde 2007.
El problema radica en que, por ejemplo, el titular de un proyecto de inversión respecto del cual el Comité de Ministros resolvió acoger las reclamaciones de opositores y emite una RCA desfavorable, debe esperar hasta ser notificado oficialmente para eventualmente presentar una reclamación e intentar revertir la resolución negativa.
El Servicio de Evaluación Ambiental luego de recomendar no aprobar el Conjunto Armónico Portezuelo, que considera la construcción de 15 edificios a los pies del Cerro Alvarado, resolvió suspender su tramitación. Esto, luego que el titular del proyecto, la Inmobiliaria L&L Ltda -propiedad de PyG Larraín- solicitara paralizar la tramitación a la espera de un fallo clave en la Corte Suprema.
Hubo 14 proyectos aprobados por el SEIA, con una inversión total de sólo US$277 millones, siendo la menor suma desde 2005. En enero de 2022, en cambio, fueron visados 59 proyectos por US$1.434 millones. A su vez, el monto de las iniciativas ingresadas para su evaluación es el más bajo desde 2018.
El proyecto, también conocido como Puerto de Gran Escala (PGE), considera una inversión de US$3.500 millones y consiste en la construcción y operación de dos nuevos terminales portuarios adyacentes a la instalación portuaria actual de la comuna de San Antonio. Diversas organizaciones han manifestado su oposición al proyecto acusando daño irreparable que se produciría en el humedal Lagunas de Llolleo declarado santuario de la naturaleza.
Luego de siete meses paralizado, el SEA resolvió acoger parcialmente la reclamación que presentó Fundamenta en contra de la resolución del 13 de abril de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana que había calificado desfavorablemente el proyecto.
La decisión del Segundo Tribunal Ambiental fue aprobada por una unanimidad de los ministros.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió poner término anticipado a la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto de planta de paneles de yeso ubicado en el límite de las comunas de Puente Alto y San José de Maipo, y que consideraba una inversión de US$98 millones.
Por otro lado y ante el socavón producido en Tierra Amarilla, Emanuel Ibarra reiteró que es de vital importancia que las empresas cumplan con estándares mínimos y que sus proyectos contemplen una buena relación con la comunidad.
