La acción judicial iniciada tras los audios con conversaciones entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, sobre pagos a funcionarios públicos para obtener información privilegiada está dirigida a todos quienes resulten responsables. Al respecto el director del SII, Hernán Frigolett, dijo que “esta denuncia busca castigar dos delitos, el que comete el particular y también el que comete el funcionario público”.
"El actuar de estas personas y la relevancia del sector en el cual están haciendo sus acciones es para nosotros gravitantes y es una materia de interés no solo tributario, sino que también nacional”, expresó Hernán Frigolett.
Los representantes de los trabajadores de ambos órganos se refirieron en forma conjunta a los audios dados a conocer por CIPER Chile, que involucran al abogado Luis Hermosilla, al empresario Daniel Sauer y a la abogada Leonarda Villalobos, donde se habla de eventuales pagos a funcionarios de dichos servicios para obtener información privilegiada en beneficio del empresario.
El titular de Justicia valoró las investigaciones anunciadas por la Fiscalía y el SII, además de la del Colegio de Abogados, a raíz del audio revelado por CIPER donde el penalista junto al empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos discuten acerca del pago de coimas a funcionarios públicos.
"Desde el punto de vista del gobierno, nuestra visión es que esto debe ser abordado con la máxima celeridad y que, por supuesto, quienes tengan las responsabilidades asuman las consecuencias de aquello", comentó el ministro de Economía, Nicolás Grau al ser consultado por el caso en que se habla de coimas para obtener información privilegiada y favores.
Ángel Valencia explicó que cuando se deben “acreditar las palabras de una persona, hay que verificar todo lo sucedido y para eso es una investigación larga, es mucho más difícil que un robo de un supermercado".
El ministro de la Segpres se refirió a los audios sobre pago de coimas en el SII y la CMF que involucran al abogado, señalando, al igual que su par de Hacienda, que el CDE "tiene atribuciones para querellarse" y que se trata de una "denuncia gravísima", que debe ser "completamente esclarecida".
Las implicancias del reportaje en que se involucra al abogado con el pago de coimas a funcionarios de ambos organismos, llegaron al mundo político, donde parlamentarios de distintos sectores condenaron el hecho, calificándolos como un “caso extremadamente grave” y “un golpe a la credibilidad en las instituciones”.
Desde el Congreso, el titular de Hacienda indicó que “es una situación de la máxima gravedad que existan abogados, oficinas de asesores de empresas, que busquen obtener beneficios para sus clientes por la vía de pagar coimas”.
Jefe de asesores del segundo piso de La Moneda había tomado en octubre los servicios el abogado en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado.
El organismo, por medio de una declaración, indicó que de constatarse lo denunciado, “se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad, para perseguir a los responsables”.
Los antecedentes fueron expuestos por su defensa la jornada del lunes 25 de septiembre, en medio de la audiencia en que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago determinó mantenerlo en prisión preventiva.
La entidad emitió a fines de agosto una resolución que obliga a inversionistas, instituciones públicas, empresas y fundaciones -entre varios otros- a informar si arriendan o generan ingresos mediante alquiler. La medida rige a contar de 2024 y termina con la exención de tributos que tenían algunas viviendas adquiridas antes de 2010 e incorpora propiedades bajo los $30 millones, como estacionamientos, que no se informaban antes. Antecedentes serán utilizados para validar declaraciones de impuesto a la renta, “principalmente en lo relativo a los ingresos y gastos de los contribuyentes empresas”, aseguró la entidad.
De los 5,6 millones de propiedades habitacionales que registra el Servicio de Impuestos Internos, el 22,7% paga contribuciones y el resto está exento. Y del total, el 10,1% es propiedad de contribuyentes que tienen un solo inmueble y otro 2,7% pertenece a gente con más de uno que, en caso de eliminarse el impuesto a la primera vivienda, sería beneficiados. En total, suman 727 mil viviendas.
Su función es apoyar al equipo de estudios del Servicio de Impuestos Internos, específicamente en "construir un mapa de la evasión tributaria, el cual permita identificar en qué otros grupos de contribuyentes se concentra el incumplimiento y bajo qué formas de evasión".
