El Ministerio Público tomó declaración a Adrián Fuentes Campos, abogado de la Dirección Jurídica del servicio dependiente de Justicia y hasta hace poco jefe de la Unidad de Cumplimiento de la Tesorería General. El profesional es un antiguo funcionario de ambos gobiernos de Michelle Bachelet y ahora es uno de los más estrechos colaboradores del actual jefe del servicio, Omar Morales. El porqué adquirió relevancia su testimonio tiene que ver con que, según declaró la abogada que grabó la conversación con Luis Hermosilla y Daniel Sauer, era quien le hacía trabajos en temas tributarios y sabía cómo sortear controles del SII. Desde el entorno del profesional, en tanto, aseguraron a La Tercera que él solo le corrigió un escrito, que no le cobró y descarta cualquier irregularidad.
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El análisis de lo incautado durante las primeras diligencias del caso, en que se indaga el supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos, ya arroja los primeros resultados, aunque no del todo concluyentes. Los investigadores advirtieron que los dispositivos audiovisuales pesquisados en las afueras de Impuestos Internos tienen un ciclo de grabación breve, no superior a 10 días. Es decir, ni de junio de este año, ni menos de 2018, se almacenaron movimientos. Otro dato pesquisado: el supuesto asalto a Leonarda Villalobos no fue denunciado, ni en Carabineros ni en la PDI.
La acción legal se presentó contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, Alberto Sauer y Darío Cuadra, como representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín SPA; Inversiones DAS Limitada, y Comercial Textil Ziko Limitada, respectivamente, según explicó el SII.
En cuanto al proceso constitucional, los porcentajes entre ambas opciones se estrechan en la cuarta semana de noviembre, alcanzando el “A favor” un 36% y el “En contra” un 46%, lo que representa la brecha más baja desde el pasado mes de mayo.
Junto con los eventuales pagos a funcionarios del SII y la CMF, el audio revelado la semana pasada, en el que Luis Hermosilla habla de eventuales delitos, dejó también al descubierto que muchas de las "viejas prácticas" de los abogados que se formaron con el sistema judicial antiguo aún no han desaparecido. Por ello, la nueva generación de penalistas nacidos al alero de la Reforma Procesal Penal hoy se declaran molestos y decepcionados. "La reforma ofrecía una promesa de superar las opacidades del antiguo sistema de persecución penal. Los hechos que se han conocido públicamente ponen dudas acerca de si el sistema ha podido cumplir la promesa que hizo", asegura uno de los juristas.
El Ministerio Público avanza en las diligencias en torno a la investigación del caso que involucra a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. Los persecutores evalúan la citación a declarar del exdirector del Servicio, Fernando Barraza, quien estuvo a la cabeza ese año.
El Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros no solo trabajan en la búsqueda del supuesto pago de coimas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), sino que también recaban información respecto del organismo regulador aludido en el polémico audio. Por lo mismo, ya se inició un trabajo de coordinación con quien lleva el sumario interno en la entidad.
La presidente de la asociación, Evelyn Apeleo, afirmó que “los funcionarios no habían entregado declaración en el sumario interno al momento de ser removidos de sus cargos, por lo que no se ha respetado el debido proceso de investigación interno”.
El Ministerio Público continúa con las diligencias entorno al supuesto pago de coimas en el Servicio, donde la "trazabilidad" de quiénes accedieron a la información que le permitió a Daniel Sauer zafar del pago de una millonaria sanción, se fijó como fundamental. En esa línea, ya surgieron algunos antecedentes que ya entregó la entidad fiscalizadora a los fiscales del caso: los hechos que motivaron la remoción del exjefe de Grandes Contribuyentes se remontan a 2018. Los caminos una vez más llevan a la administración del exjefe del servicio, Fernando Barraza, quien fue cuestionado por decisiones administrativas y haber sido una especie de "cortapisa" de los casos de financiamiento irregular de la política.
Christian Soto registra más de 400 audiencias por lobby en sus últimos ocho años en la institución. La cifra, sin embargo, no sorprende a la institución. “Dado el alto volumen de contribuyentes que están bajo la jurisdicción de la Regional Oriente, tiene lógica que hayan registradas muchas reuniones. Lo grave sería recibir a contribuyentes o gestores de intereses sin dejar el registro respectivo”, dijeron en el organismo. Por otro lado, el SII defendió el trabajo del actual jefe de la división jurídica, quien anteriormente se desempeñó como subdirector de contraloría interna, justamente en el periodo de la auditoría interna que se lleva acabo hoy.
También detalló ante la Comisión de Hacienda y de Economía de la Cámara que “la mayor parte de las querellas que estamos gestionando tiene que ver con el uso de facturas falsas. Tenemos que ver al emisor de la factura falsa y a los que usan esas facturas para incrementar sus créditos y generar el debilitamiento de la base tributaria (y pagar menos impuestos)”.
El nombramiento de Christian Soto en 2022 no sorprendió a nadie, incluso teniendo entonces una buena recepción. Desde 2015 se desempeñó como director regional de la Dirección Metropolitana Oriente del SII, la que es considerada la segunda dirección más importante luego de Grandes Contribuyentes.
El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernan Frigolett, informó que fue removido y suspendido de sus funciones al director de Grandes Contribuyentes, Christián Soto, y a otros cuatro funcionarios que en el momento de los hechos se desempeñaban en la Dirección Regional Oriente.
El director del SII, Hernán Frigolett, asistió a la Comisión de Hacienda de la Cámara junto al subdirector jurídico del servicio, Marcelo Freyhoffer. En la instancia legislativa se informó que “hasta ahora son cuatro funcionarios adicionales” suspendidos de sus cargos, los que se suman a la salida del cargo del director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto.
La salida de Christian Soto se da debido a que los antecedentes preliminares recabados en el marco de la investigación interna que lleva a cabo la entidad por el llamado “Caso Hermosilla” y las diligencias decretadas por el Ministerio Público por el eventual delito de cohecho, implican que haya perdido la confianza en su gestión.