"No nos hemos desplazado el día de hoy, porque mañana se produce un cambio en la jefatura de la Defensa Nacional de la Macrozona Sur y lo razonable es que la estrategia la podamos conversar con el nuevo jefe”, señaló el subsecretario.
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De acuerdo al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el Jefe de Defensa Nacional, que se encuentra desplegado en la macrozona sur, "ha declarado lo que en términos de definición de riesgos es una alerta roja". "A partir de esa definición hay un 50% del contingente presente en la zona que se desplega para cumplir labores de control y de fiscalización”, explicó.
Según detalló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se trata de 16 vehículos completamente blindados, los que permitirán que "la policía pueda concurrir a proteger la seguridad de las personas que viven en la Región de La Araucanía y en la Macrozona Sur”.
Autoridad sostuvo que buscan "contener la tendencia que desde hace diez años hay en Chile de que todos los años hay más delitos violentos que el año anterior".
A partir de ahora la policía uniformada dispondrá de tres carabineros por automóvil y uno de ellos podrá utilizar una de estas armas. Se espera que luego estas subametralladoras se reemplacen por unas más modernas. Además, se contempla la compra de vehículos completamente blindados. Por otro lado, se dispuso la suspensión de los servicios policiales en moto entre las 21:00 y las 05:00.
"La tarea del Ministerio del Interior y de Carabineros de Chile es recuperar el orden público con prontitud y para eso se está preparado”, destacó el subsecretario del Interior.
La Subsecretaría del Interior propuso a la comisión de Defensa de la Cámara crear una Secretaría Nacional que coordine los departamentos especializados de las policías y las Fuerzas Armadas. El rol de la ANI, además, estará enfocado en integrar en sus tareas a la UAF, el SII, Aduanas y Gendarmería. De aprobarse la iniciativa -ingresada a través de indicaciones a la actual Ley 19.974- todo quedará a cargo de un nombre de confianza del Presidente.
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La autoridad del Interior, ante las críticas al gobierno por el escenario de seguridad pública, respondió que: "Las instituciones del Estado no se pueden sorprender, a las instituciones del Estado lo que les corresponde es hacerse cargo de la situación que vive el país”.
Monsalve destacó que para 2023 el Presidente Boric se comprometió a alcanzar 7.000 millones con el objetivo de atender a las víctimas de ese año.
En declaraciones a diversos medios, el alcalde puentealtino criticó la "inacción” del gobierno frente a la delincuencia y acusó al Ejecutivo de incumplir la promesa de entregarles 14 nuevos vehículos policiales durante 2022. "Todavía no llegan", sostuvo la autoridad comunal.
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La partida de la Subsecretaría del Interior contempla un fondo de $ 65 mil millones para financiar el programa que busca perseguir a las bandas criminales. Sin embargo, estos recursos serán administrados por esta cartera y no será un dinero que ingrese directo al presupuesto de las instituciones, como, por ejemplo, a Carabineros. Esta medida fue esgrimida como una de las razones para rechazar esta partida y amenaza con ser uno de los nudos para sortear la discusión en el Senado.
Hasta La Moneda llegaron los rectores de los establecimientos educacionales que diariamente están siendo escenario de protestas y desórdenes. La idea era sostener un encuentro de coordinación con el subsecretario Manuel Monsalve, representantes del municipio y las policías; sin embargo, el tono y los semblantes de los académicos cambiaron cuando el gobierno les pidió "colaborar" y entregar información al Ministerio Público y a la PDI.
“Los parlamentarios están demandando mejores condiciones de seguridad en la región y la tarea nuestra como gobierno obviamente es responder a esa demanda y llevaremos respuesta concreta en la visita que hemos comprometido”, expresó el subsecretario del Interior.
La Subsecretaría del Interior ingresó 35 indicaciones para fortalecer la persecución de estas organizaciones delictuales, donde destacan el uso de técnicas especiales de investigación, entregas vigiladas y el congelamiento de las cuentas bancarias de los integrantes de estos grupos.
