El jurista, quien representó a parlamentarios de la Democracia Cristiana ante el organismo para defender la reforma que permitió el segundo retiro de fondos, asegura que el Presidente cometió un error al "indisponer", en medio de una disputa de poder con el Congreso, al Tribunal Constitucional. Además, interpreta que la decisión responde también al contexto de crisis económica, política y social que vive el país.
La abogada constitucionalista y líder del Tribunal Constitucional (TC) entre 2013 y 2014 aseguró a La Tercera que fue testigo de malos tratos de parte de la actual presidenta, María Luisa Brahm, al ministro de la institución, Rodrigo Pica, cuando éste era secretario del mismo organismo. Hoy, el magistrado está a cargo del sumario a Brahm, luego de que la exjefa de asesores de Sebastián Piñera fuera denunciada por tres funcionarios por supuestos actos de acoso laboral.
Sin embargo, el sector reiteró que no dará los votos para el esquema de reintegro y tampoco, en su mayoría, para el impuesto al 10% de mayores ingresos. Las medidas serán enviadas al Congreso, según anunció Piñera, para introducir “mejorías” al tercer retiro que se aprestaba a promulgar al cierre de esta edición. La centroizquierda celebró la decisión del TC como un “triunfo” e insistió en iniciar una negociación en materia tributaria para garantizar ayudas permanentes.
Así mismo el Mandatario informó que retirará su proyecto propio de retiro de fondos y dijo que presentarán otra iniciativa en los próximos días. El jefe de Estado agregó que “en la vida hay que saber aceptar las normas y las decisiones del Estado de Derecho cuando uno las comparte y también cuando uno no las comparte”.
El selectivo IPSA se quedó en los 4.750 unidades. No hubo ningún papel que registrara un alza en su precio.
Decisión surge a raíz de dos requerimientos parlamentarios, tanto de senadores como de diputados de oposición, cuestionando la parcialidad de la presidenta del organismo.
Previo a la votación del organismo, -que rechazó la solicitud del Ejecutivo- el ministro adelantaba aspectos de la discusión. “El punto central no es quién hace la ley, el punto central es qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la gente”, dijo. Luego de que se conociera el fallo, el ministro aseguró que "faltó", por parte del Ejecutivo, "hacerse cargo de algunos antecedentes".
El volátil escenario político se ve agravado por otros controvertidos proyectos de ley que también se están tramitando en el Congreso, como un nuevo royalty minero y un impuesto a los altos patrimonios y empresas.
Esto tras la votación en la que 119 diputados estuvieron a favor (de 92 necesarios) de los cambios introducidos por el Senado, 17 en contra y 3 abstenciones. Esto con un amplio apoyo de Chile Vamos, donde más de 35 de sus miembros respaldaron la iniciativa.
Como una audaz estrategia impulsada por el abogado de La Moneda, Gastón Gómez, es leído al interior del Tribunal Constitucional, el que haya incluido en el requerimiento contra el proyecto de retiro del tercer 10%, la opinión de Patricio Zapata (DC) y Francisco Zúñiga (PS) respecto de las rentas vitalicias. Ambos sostienen que es inconstitucional una reforma que modifique los contratos que esos afiliados suscribieron con sus aseguradoras. "Podemos tomar incluso los mismos argumentos de reconocidos expertos del sector que vendrá a defender la iniciativa", dice uno de los jueces que revisará este martes 27 de abril si acoge o no a trámite el libelo.
Así lo informó la presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste, quien agregó que "le hemos pedido a la Comisión de Constitución que pueda decidir qué senador nos va a representar para y a legar en esta facultad que nosotros tenemos”.
La abogada Marisol Peña explicó que finalmente no fue la encargada de presentar y alegar la presentación del Ejecutivo por una razón técnica. "El encargo que me efectuó el gobierno fue preparar un documento relacionado con la modificación eventual a disposiciones permanentes de la Constitución, lo cual fue rechazado por la Cámara en su sesión del jueves pasado". De lo contrario, dice, ella sería quien estaría alegando ante el TC el requerimiento de La Moneda.
Las precandidatas presidenciales del PS y la DC destacaron además la necesidad de otorgar una renta básica universal de emergencia de al menos $ 600 mil mensuales por familia hasta diciembre.
La segunda sala del organismo procedió a paralizar la causa que está en la etapa previa del juicio oral luego que los defensores penales públicos, Mario Araya y Claudio Fierro, acudieran a la instancia para declarar inconstitucional la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra del docente Roberto Campos.
La revisión del requerimiento del Ejecutivo quedó fijado en el tercer puesto de la sesión ordinaria del pleno del TC, que comienza a las 9.00 de la mañana.
