El titular de la Segpres agregó que el rol de la presidenta del Tribunal Constitucional "es parte de nuestra institucionalidad y este tipo de atajos no nos parece apropiados”.
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Un trabajo que se hará luego de que ayer el gobierno anunciara que ya había ingresado un escrito ante el Tribunal Constitucional en contra de la moción parlamentaria.
Sala de la Cámara despachó al Senado texto que permite un nuevo desembolso. Sin embargo, la estrategia que había desplegado la oposición al presentar una reforma paralela vía artículos permanentes a la Constitución y que pretendía subsanar las objeciones del TC al segundo retiro, fue rechazada por falta de quórum. En la centroizquierda reconocen que es casi inevitable que el organismo termine impugnando el proyecto, aunque aseguran que una enmienda que fija una excepción y amplía al Congreso facultades del Presidente, podría reforzar su postura. En Chile Vamos, en tanto, crece la presión a La Moneda para desistir de llegar hasta el TC.
Los abogados Luis Cordero, Josefina Court Spikin y José Tomás Correa Concha presentaron en representación de la presidenta del Tribunal Constitucional dos escritos en los que solicitan ordenar la suspensión de dos nuevos procedimientos sancionatorios “mientras el Pleno se pronuncia respecto de la solicitud efectuada por esta parte el 21 de marzo de 2021″.
La secretaria del organismo, María Angélica Barriga, envió al fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, el relato de Rubén Quezada, quien relata cómo habrían ocurrido los hechos el pasado 15 de febrero de 2020.
"El prestigio del Tribunal Constitucional está en entredicho", se señala en un escrito de los funcionarios. Esto, luego de la denuncia de un allanamiento ilegal al interior de sus oficinas, que habría sido avalado por la presidenta de la institución, María Luisa Brahm.
En un nuevo episodio de los conflictos cruzados que existen al interior de esta institución, hoy la secretaria del organismo, María Angélica Barriga, anunció que denunciará ante el Ministerio Público el ingreso, en febrero de 2020, de quienes ella identifica como personal de la PDI a las dependencias del edificio ubicado en Huérfanos 1234, diligencia que habría contado con la venia de la presidenta del organismo y que era desconocida por la mayoría de los jueces hasta hoy. Un funcionario denunció el hecho y este martes se exhibieron las imágenes de las cámaras de seguridad en el pleno.
Cristián Suárez trabajó como conductor de la autoridad, sin embargo, ya no ocupa ese cargo. En una carta entregada a los ministro del Tribunal Constitucional, la cual forma parte del sumario que instruyó el organismo, sostuvo que "durante mis 31 años de desempeño en la institución de Carabineros de Chile jamás sufrí la situación experimentada durante los meses en que presté servicios como conductor de la señora presidenta de este tribunal”.
Según indicó la subsecretaria de Salud Pública, “todas las faltas contra la salud pública de las personas, hay dos lineas: unas son las multas administrativas y otras van por el lado penal". En ese sentido, indica, todas las atribuciones que tiene la autoridad sanitaria y todas las sanciones que implica el Código Sanitario se van a aplicar.
Es así como la indagatoria por la infracción sanitaria en contra del exfiscal, a cargo de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, quedará sin efecto tras esta determinación del organismo.
Uno de los aspectos clave impugnados fijaba el plazo, de máximo 72 horas, para ejecutar la medida de expulsión. Otro punto que fue revocado es la norma que establecía el retorno asistido de menores.
En total, fueron siete los puntos impugnados por el Tribunal. El referido al Bono de Inclusión Curricular Chiloé y sobre Atención Víctimas VIF contó con el voto dirimente de la presidenta María Luisa Brahm.
El objetivo es aclarar las competencias, para evitar choque entre ambos tribunales como el que tuvieron en 2019.
Varias ideas de parlamentarios aprobadas en la tramitación fueron impugnadas por el Ejecutivo, antes de promulgar el erario para 2021.
El gobierno tiene en la mira 11 reformas -la mayoría económicas- que añaden una disposición transitoria a la Constitución. El requerimiento del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional por el retiro del 10% busca frenar esta forma de legislar.
