La determinación surge a raíz de antecedentes que dieron cuenta de presuntas gestiones irregulares para promover el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier.
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El mandatario español exigió “respeto” por parte del jefe de Estado argentino y afirmó que, de no haber una rectificación, tomará medidas y habrá una “respuesta acorde a la dignidad que representa la democracia española”. Desde el gobierno bonaerense relativizan los comentarios del presidente liberal, y desde el conservador PP, equiparan las dialécticas de ambos Ejecutivos.
El abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, también fue arrestado. La orden judicial de allanamiento a un total de 22 investigados se realizó por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
El autodefinido sindicato y su líder, Miguel Bernad, están íntimamente ligados a la ultraderecha española. Se han querellado en numerosas ocasiones contra diversos políticos nacionales y municipales, aunque las denuncias no han transcendido.
El fiscal Patricio Cooper de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte dio curso a las diligencias luego de recepcionar la auto denuncia de la parlamentaria de Revolución Democrática.
El Ministerio Público informó en su cuenta en Twitter de que Pedro Castillo fue incorporado a la investigación ordenada a principios de mayo contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular conocidos como “Los Niños”, por la empresaria Karelim López, porque obedecían en todo al mandatario.
Por segunda vez en la historia del país, la Fiscalía abrió una indagatoria preliminar contra un mandatario en funciones. A pesar de que la inmunidad del cargo permitió el aplazamiento de la medida, Castillo enfrenta una ola de críticas. El oficialismo acusa una "instrumentalización" judicial para llevar adelante una nueva moción de vacancia.
El expresidente francés, que en 2007 llegó al poder tras su histórico discurso de Bercy en el que prometió introducir “la moral” en la política, este año ha recibido dos condenas por corrupción. Figura popular e influyente aún en los círculos conservadores, este “fuerte golpe” pone en duda su carrera. Según The Independent, “no hay vuelta atrás para el deshonrado” Sarkozy.
En el escrito, de 13 páginas, realizado por los fiscales Manuel Guerra y Felipe Sepúlveda, apuntan a que la Corte de Apelaciones de San Miguel excedió “con creces el estándar de antecedentes preliminares del desafuero”, ya que este no es el tribunal competente para resolver el fondo del asunto, es decir, si el senador es o no culpable del delito de tráfico de influencias que acusa el Ministerio Público. La defensa del senador, Samuel Donoso, dijo que "no cabe el recurso de apelación ante la Corte Suprema en este procedimiento" y que ocuparán las vías que les da la ley para impedirlo.
Por 9 votos a 5 los ministros del tribunal de alzada se reunieron hoy y votaron la causa que había quedado en estudio. Conocedores de la sentencia, que será dada a conocer el 16 de abril, sostienen que la decisión habría sido acordada en base a que no se cumplen los requisitos de tipicidad de la calificación jurídica de tráfico de influencias, es decir que el senador no tenía una posición de "influencia" sobre los concejales ni el alcalde de Pirque. El Ministerio Público deberá evaluar si lleva el caso a la Corte Suprema.
La Corte de Apelaciones de San Miguel pondrá en los próximos días en tabla la vista de la causa en que la Fiscalía Oriente pide que el parlamentario sea desaforado para poder seguir adelante con el juicio en que se piden cuatro años de cárcel por su supuesta autoría en acciones para favorecer un millonario negocio de extracción de áridos de una empresa en que participa uno de sus hijos. En sus descargos, el senador Manuel José Ossandón culpa a su primo, el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, de "animadversión".
La diputada RN declaró como imputada en el caso por presunto tráfico de influencias en el que se investiga su hermano, el senador del mismo partido, Manuel José Ossandón, exalcalde de Puente Alto. La fiscalía lo formalizó por, presuntamente, haber intervenido en la Municipalidad de Pirque en favor de su hijo Nicolás. La parlamentaria reconoció que contactó al concejal Pablo Ulloa a pedido de su sobrino, sin saber bien para qué era la reunión, y que le dijo que la entrevista debía hacerse a través de la Ley de Lobby.
Ya en la fase final para su formalización, la Fiscalía Oriente arremetió con una solicitud ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto para poder acceder al detalle de todas las transacciones financieras del senador RN entre los años 2017 y 2019, periodo en que es investigado por tráfico de influencias. Su defensor Ricardo Freire pidió al tribunal rechazar la diligencia diciendo que el parlamentario está dispuesto a entregar sólo aquellos movimientos que involucran a personas y empresas ligadas al caso, pero que no está dispuesto a transparentar todo su comportamiento financiero.
El 26 de agosto el senador RN será formalizado por tráfico de influencias. La Fiscalía Oriente le atribuirá haber realizado gestiones para beneficiar a la empresa Cavilú, que administra uno de sus ocho hijos. Una pieza clave es una auditoría que concluye que entre 2017 y 2019 Manuel José Ossandón trianguló $ 34.701.000 hacia la firma, situación que él desconoce en su interrogatorio, en el que, además, se negó a abrir sus cuentas bancarias. El Ministerio Público pidió a la justicia alzar ese secreto.
Tras un año de investigación y a sólo horas que el parlamentario declarara ante el Ministerio Público, el jefe de Alta Complejidad Oriente Felipe Sepúlveda ingresó un escrito ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto para que agende audiencia en que se le imputarán delitos vinculados a actos de corrupción.
