El abogado y consejero Raúl Letelier fue el encargado de defender la constitucionalidad de los decretos impugnados por los senadores de Chile Vamos y Demócratas. Y frente a los cuestionamientos que hicieron los requirientes, representados por la abogada y exconvencional Constanza Hube, fue enfático en que cada decreto firmado por el Presidente Gabriel Boric cuenta con su debida fundamentación.
Los abogados del legislador habían ingresado ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para que se declare inconstitucional la apelación del Ministerio Público ante la Corte Suprema tras el rechazo del tribunal de alzada de Copiapó a desaforar al parlamentario. En este proceso, la fiscalía respondió al TC, lo que generó los cuestionamientos de los defensores.
La entidad pública expone que el recurso presentado por la menor de los Pinochet Hiriart cuenta con una serie de errores en sus planteamientos legales y que debió acudir a otras instancias para reajustar la deuda antes de recurrir al Tribunal Constitucional. Además de acusar de que el recurso de apelación que presentó la mujer ante la resolución del Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) y que origina este requerimiento también estaría mal planteado.
El requerimiento presentado por los abogados Ronald von der Weth y Antonio Barchiesi señala que esta organización es una "amenaza permanente para la democracia”.
Este martes el organismo liderado por Juan Peribonio determinó acoger la solicitud del secretario de Estado, Luis Cordero, para enfrentar los requerimientos presentados por senadores de oposición.
Los abogados representantes de los senadores que acudieron al Tribunal Constitucional buscando revertir 7 indultos otorgados por el Presidente Boric, alegan que el Ejecutivo no respondió correctamente ante los cuestionamientos de inconstitucionalidad de los decretos, además de presentar argumentos erróneos para defender dichas determinaciones.
La menor del clan Pinochet Hiriart, Jacqueline, presentó un requerimiento acusando que el cobro de más de $ 3.300 millones por una deuda neta que sólo llegaba a los $ 309 millones era "desproporcionado e injusto", y que esto vulnera sus garantías constitucionales. Dado que el escrito cumplió con los requisitos de forma, la Segunda Sala del organismo dirigido por Nancy Yáñez lo acogió a trámite y ahora pasará al trámite de admisibilidad, que podrá abrir una discusión de fondo sobre el pago de tributos del clan.
El organismo que representa al Fisco solicitó al Tribunal Constitucional declarar inadmisible el requerimiento presentado por el exsenador UDI Pablo Longueira, quien busca no asistir a tribunales todos los días que dure el juicio oral por dicho caso que se prevé sería de casi dos años. El CDE sostiene que si se declara inconstitucional el obligarlo a estar presente en todas las jornadas que incluso involucran a otros imputados como Marco Enríquez-Ominami, se afectaría el derecho de la fiscalía de llevar el proceso judicial como estimen conveniente y advierten que incluso la petición afecta el propio derecho a defensa del otrora ministro. Junto con esto explican que el hilo conductor de todo el caso es justamente el exgerente general de la minera no metálica que era el nexo con los políticos.
El imputado por los delitos de cohecho presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional con el fin de no asistir al juicio oral durante toda la duración de este, que se estima de entre 12 a 24 meses. Según la defensa, esto generaría una vulneración en los derechos humanos del acusado y le impediría, incluso, poder trabajar.
Cordero señaló que la abstención de Contraloría sobre emitir pronunciamiento respecto a la legalidad de los decretos era previsible, dado que el TC ya había declarado admisible un requerimiento que busca impugnar los beneficios. Reveló, además, que el tribunal ofició a la cartera que dirige para solicitarle "copia de todos los indultos que se han otorgado desde 1981 hasta la fecha".
Este jueves el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de Chile Vamos, por lo que la instancia deberá discutir respecto a si siete de los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre pasado están dictado según las exigencias que impone la ley. Como nunca antes una controversia así llegó al TC, será la primera vez que los ministros se pronuncien si el Mandatario fundó bien los decretos o no. En todo caso, la mayoría de los consultados sostiene que ninguno de los beneficiados podría volver a quedar preso, ya que no son culpables de los eventuales errores de un tercero, en este caso el Gobierno.
Los requerimientos fueron ingresados el 16 de enero por senadores de Chile Vamos y Demócratas.
Organismo acogió a tramitación los siete requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por el grupo de legisladores de Chile Vamos y Demócratas en relación a los decretos supremos que concedieron el beneficio a Jorge Mateluna y a otros seis condenados por delitos del estallido.
En concreto, las colectividades de oposición acudieron al organismo para impugnar los decretos supremos que concedieron el beneficio a Jorge Mateluna y a otros seis condenados por delitos del estallido social.
El Tribunal Constitucional (TC) acogió el recurso presentado por el parlamentario para frenar la indagatoria por el delito de cohecho.
