A través de un oficio enviado al director de Gendarmería, Sebastián Urra, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) solicitó aplicar la retroactividad de la nueva norma para más de 10 funcionarios que han sido sancionados internamente por apremios y lesiones.
Durante abril sesionaron las comisiones encargadas de entregar el beneficio que promedió la cifra más baja de los últimos años. De hecho, cortes como las de Santiago acogieron sólo el 0,6% de las solicitudes. A juicio de los expertos, el resultado está relacionado, principalmente, con los cambios introducidos al proceso el 2019. Ante nuevas modificaciones, el Ejecutivo apunta a la creación de tribunales de ejecución de pena, lo que significaría un cambio en la forma de conceder el beneficio.
La decisión del tribunal se debe a que la Corte Suprema falló en favor de unos de los acusados en el caso que indaga el presunto financiamiento ilegal de la política. A raíz de aquello, ahora los imputados tendrán que concurrir sólo a aquellas audiencias en las que el Ministerio Público presente las pruebas en su contra.
Las defensas de policías que han enfrentado cargos por apremios o lesiones, a partir del uso de sus armas de servicio, alistan una serie de recursos para revertir su situación procesal. La institución, además, analiza las causas en que 130 efectivos ya han sido formalizados, y de 13 funcionarios condenados, para ver la aplicabilidad de la nueva norma.
El recurso de los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz busca que se suspenda la instrucción con la cual el fiscal nacional ordenó a los persecutores del país solicitar prisión preventiva para los imputados que son extranjeros y no cuentan con identificación. El recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago alega que la orden de Ángel Valencia "amenaza al ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad personal y seguridad individual" de los migrantes.
El vehículo Chevrolet Sonic azul que usaron los imputados del crimen del carabinero ya había participado de un robo en Vitacura, el 28 de marzo. La municipalidad facilitó las cámaras a la PDI y el Ministerio Público con los movimientos del vehículo, sin embargo nunca lograron dar con su paradero, siendo que su dueño, un militar, aparecía en el registro. En Concepción, en tanto, también fallaron los sistemas y se pudo poner un atajo a Luis Lugo Machado: fue sentenciado a libertad vigilada -a pesar de incumplir su arresto domiciliario durante la investigación-, no llegó a una audiencia y, en otra causa, el ente persecutor no pidió su formalización, a pesar de tener medidas cautelares a su haber. Se abrió sumario para determinar responsabilidades.
El tribunal de alzada consideró que lo planteado por la defensa del médico Manuel Álvarez debe ser resuelto en el juicio oral, etapa en la que se deberá probar la existencia de los dos delitos de abuso sexual por el cual el Ministerio Público pide 16 años de cárcel en contra de Álvarez.
El análisis realizado por la institución a partir de datos del Ministerio Público, sostiene que durante el año pasado se registró el mayor número de denuncias por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes en 16 años. Para los investigadores de la fundación no hay una razón clara respecto al aumento, pero existen algunas hipótesis. A pesar de eso, cuestionan las salidas judiciales de estos casos, donde el 58% se archivó el 2022.
En el 2022 se ingresaron 83 causas y se dictaron 32 sentencias por parte del Segundo Tribunal Ambiental durante los diez años de existencia.
Según cifras del Poder Judicial, durante el 2015 una causa se demoraba en promedio 222 días. El año pasado esa cifra subió a 472 días. A juicio de los expertos, si bien la pandemia agudizó la situación, también existen razones de gestión y cambios en las causas penales que actualmente se tramitan.
El órgano fiscalizador determinó que, de ejercer medidas judiciales, el servicio estaría efectuando acciones en contra de aquellos niños, niñas y adolescentes (NNA) que debe proteger, por lo cual determina que aquello no puede aplicarse salvo casos excepcionales y fundados. A pesar de eso, mandata a la institución a tomar los resguardos necesarios para que los funcionarios no sean víctimas de malos tratos por parte de los usuarios del sistema.
Más de 11 mil causas se iniciaron durante el 2022 en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal en Chile. De los diferentes delitos por los que ingresaron, uno de los que más aumentan son los homicidios y el delito de abuso sexual. Además, durante el año pasado los tribunales aumentaron los tiempos de tramitación de las causas, incluso cuadruplicando los días promedio de tramitación de un caso.
El general (R) Felipe Cunich presentó el recurso al considerar que la resolución firmada por el expresidente Sebastián Piñera fue ilegal, puesto que la investigación de Contraloría, que derivó en su llamado a retiro, es ilegal, ya que este organismo no tiene las facultades para sancionar a funcionarios militares. La acción judicial fue respondida por el actual Mandatario, quien señaló que el exmilitar busca evadir sus responsabilidades administrativas.
El 2021 por un "error administrativo" la justicia argentina decretó la expulsión de un chileno condenado el 2014 por asesinar a un policía de ese país. Sin embargo, más de un año después el tribunal trasandino descubrió que había liberado por una equivocación a Héctor Herrera y solicitó a la justicia chilena la extradición del hombre de 39 años, quien debería pasar toda su vida en una cárcel trasandina. Solicitud que un ministro instructor de la Corte Suprema rechazó por considerar el tiempo que había transcurrido y porque fue la misma justicia de ese país la que dejó sin efecto su prisión.
Este jueves el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de Chile Vamos, por lo que la instancia deberá discutir respecto a si siete de los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre pasado están dictado según las exigencias que impone la ley. Como nunca antes una controversia así llegó al TC, será la primera vez que los ministros se pronuncien si el Mandatario fundó bien los decretos o no. En todo caso, la mayoría de los consultados sostiene que ninguno de los beneficiados podría volver a quedar preso, ya que no son culpables de los eventuales errores de un tercero, en este caso el Gobierno.
