El tribunal de alzada de San Miguel ratificó la sentencia condenatoria en contra de los exfuncionarios policiales de Pedro Aguirre Cerda, acusados de torturas en contra de Josué Maureira.
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La defensa del exsenador presentó un recurso de amparo luego de que la Comisión de Libertad Condicional rechazara otorgarle el beneficio por supuesto "riesgo de reincidir" en los delitos de cohecho y fraude al Fisco. Entre su argumentación, los abogados del exsenador UDI sostienen que los antecedentes presentados por la comisión son contradictorios para rechazar la postulación. Pero no sólo eso, también apuntan a los avances en su condena y al apoyo que ha recibido de sus cercanos para reintegrarse a la sociedad.
Abogados en derecho penal sostienen que la medida tomada por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, no es una acción correcta considerando que ella tiene calidad de imputada para los querellantes de la causa. Por lo mismo, plantean que pese a que la arremetida judicial de la administración es a nombre de la municipalidad, aquello reviste un complejo escenario que deberá ser zanjado en el tribunal.
El tribunal de alzada determinó que la Universidad de Santiago incurrió en una vulneración de igualdad ante la ley al disminuir los pagos al académico mientras realizaba un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. En esa línea, los ministros ordenaron a la casa de estudios restituir los montos que fueron cambiados sin previo aviso al sociólogo.
Ley Nain El contrataque judicial que activó el INDH para frenar la aplicación de la Ley Nain-Retamal
El Instituto de Derechos Humanos elevó un "téngase presente" ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso -en base a un caso en contra de carabineros acusados de homicidio frustrado en Viña del Mar- para plantear que "de ninguna manera", los apremios ilegítimos requieran como "delito base que la víctima esté privada de libertad o bajo custodia del agente". Además, preparan una serie de apelaciones en casos donde se absuelvan policías en que se invoque esta nueva norma.
A través de un oficio enviado al director de Gendarmería, Sebastián Urra, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) solicitó aplicar la retroactividad de la nueva norma para más de 10 funcionarios que han sido sancionados internamente por apremios y lesiones.
Durante abril sesionaron las comisiones encargadas de entregar el beneficio que promedió la cifra más baja de los últimos años. De hecho, cortes como las de Santiago acogieron sólo el 0,6% de las solicitudes. A juicio de los expertos, el resultado está relacionado, principalmente, con los cambios introducidos al proceso el 2019. Ante nuevas modificaciones, el Ejecutivo apunta a la creación de tribunales de ejecución de pena, lo que significaría un cambio en la forma de conceder el beneficio.
La decisión del tribunal se debe a que la Corte Suprema falló en favor de unos de los acusados en el caso que indaga el presunto financiamiento ilegal de la política. A raíz de aquello, ahora los imputados tendrán que concurrir sólo a aquellas audiencias en las que el Ministerio Público presente las pruebas en su contra.
Las defensas de policías que han enfrentado cargos por apremios o lesiones, a partir del uso de sus armas de servicio, alistan una serie de recursos para revertir su situación procesal. La institución, además, analiza las causas en que 130 efectivos ya han sido formalizados, y de 13 funcionarios condenados, para ver la aplicabilidad de la nueva norma.
El recurso de los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz busca que se suspenda la instrucción con la cual el fiscal nacional ordenó a los persecutores del país solicitar prisión preventiva para los imputados que son extranjeros y no cuentan con identificación. El recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago alega que la orden de Ángel Valencia "amenaza al ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad personal y seguridad individual" de los migrantes.
El vehículo Chevrolet Sonic azul que usaron los imputados del crimen del carabinero ya había participado de un robo en Vitacura, el 28 de marzo. La municipalidad facilitó las cámaras a la PDI y el Ministerio Público con los movimientos del vehículo, sin embargo nunca lograron dar con su paradero, siendo que su dueño, un militar, aparecía en el registro. En Concepción, en tanto, también fallaron los sistemas y se pudo poner un atajo a Luis Lugo Machado: fue sentenciado a libertad vigilada -a pesar de incumplir su arresto domiciliario durante la investigación-, no llegó a una audiencia y, en otra causa, el ente persecutor no pidió su formalización, a pesar de tener medidas cautelares a su haber. Se abrió sumario para determinar responsabilidades.
El tribunal de alzada consideró que lo planteado por la defensa del médico Manuel Álvarez debe ser resuelto en el juicio oral, etapa en la que se deberá probar la existencia de los dos delitos de abuso sexual por el cual el Ministerio Público pide 16 años de cárcel en contra de Álvarez.
El análisis realizado por la institución a partir de datos del Ministerio Público, sostiene que durante el año pasado se registró el mayor número de denuncias por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes en 16 años. Para los investigadores de la fundación no hay una razón clara respecto al aumento, pero existen algunas hipótesis. A pesar de eso, cuestionan las salidas judiciales de estos casos, donde el 58% se archivó el 2022.
En el 2022 se ingresaron 83 causas y se dictaron 32 sentencias por parte del Segundo Tribunal Ambiental durante los diez años de existencia.
Según cifras del Poder Judicial, durante el 2015 una causa se demoraba en promedio 222 días. El año pasado esa cifra subió a 472 días. A juicio de los expertos, si bien la pandemia agudizó la situación, también existen razones de gestión y cambios en las causas penales que actualmente se tramitan.
