El órgano fiscalizador determinó que, de ejercer medidas judiciales, el servicio estaría efectuando acciones en contra de aquellos niños, niñas y adolescentes (NNA) que debe proteger, por lo cual determina que aquello no puede aplicarse salvo casos excepcionales y fundados. A pesar de eso, mandata a la institución a tomar los resguardos necesarios para que los funcionarios no sean víctimas de malos tratos por parte de los usuarios del sistema.
Más de 11 mil causas se iniciaron durante el 2022 en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal en Chile. De los diferentes delitos por los que ingresaron, uno de los que más aumentan son los homicidios y el delito de abuso sexual. Además, durante el año pasado los tribunales aumentaron los tiempos de tramitación de las causas, incluso cuadruplicando los días promedio de tramitación de un caso.
El general (R) Felipe Cunich presentó el recurso al considerar que la resolución firmada por el expresidente Sebastián Piñera fue ilegal, puesto que la investigación de Contraloría, que derivó en su llamado a retiro, es ilegal, ya que este organismo no tiene las facultades para sancionar a funcionarios militares. La acción judicial fue respondida por el actual Mandatario, quien señaló que el exmilitar busca evadir sus responsabilidades administrativas.
El 2021 por un "error administrativo" la justicia argentina decretó la expulsión de un chileno condenado el 2014 por asesinar a un policía de ese país. Sin embargo, más de un año después el tribunal trasandino descubrió que había liberado por una equivocación a Héctor Herrera y solicitó a la justicia chilena la extradición del hombre de 39 años, quien debería pasar toda su vida en una cárcel trasandina. Solicitud que un ministro instructor de la Corte Suprema rechazó por considerar el tiempo que había transcurrido y porque fue la misma justicia de ese país la que dejó sin efecto su prisión.
Este jueves el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de Chile Vamos, por lo que la instancia deberá discutir respecto a si siete de los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre pasado están dictado según las exigencias que impone la ley. Como nunca antes una controversia así llegó al TC, será la primera vez que los ministros se pronuncien si el Mandatario fundó bien los decretos o no. En todo caso, la mayoría de los consultados sostiene que ninguno de los beneficiados podría volver a quedar preso, ya que no son culpables de los eventuales errores de un tercero, en este caso el Gobierno.
La Segunda Sala del máximo tribunal rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa de un condenado por arrojar una bomba molotov en Plaza Baquedano, en noviembre del 2019, en que reclamaba la ilegalidad de la detención del joven por parte de personal "infiltrado" del OS-7 de Carabineros.
El Tribunal Constitucional (TC) acogió el recurso presentado por el parlamentario para frenar la indagatoria por el delito de cohecho.
La mitad de los beneficiados que tuvieron que ver con hechos relativos al 18-O -Juan Olguín, Bastían Campos, Jordano Santander, Brandon Rojas, Luis Castillo y Sebastián Montenegro- fueron sentenciados por delitos comunes, además de los cargos que enfrentaron en las causas por las que fueron indultados por el Presidente Boric. En cuanto a sus arrestos, se repiten casos de robos, hurtos, amenazas y drogas. Solo uno no registra nada previo al estallido.
Tras la audiencia de formalización se consideró que los sujetos son un "peligro para la seguridad de la sociedad" y se ordenaron 90 días para la investigación.
Adicionalmente, se aceptó la petición del abogado de LarrainVial, Juan Domingo Acosta, y se decidió fijar para el 5 de mayo de este año la audiencia de sobreseimiento de la intermediaria.
La Sala Constitucional del máximo tribunal tiene una nueva jurisprudencia en materia de ocupación de terrenos. Si hace algunos meses atrás ordenaba la coordinación de las autoridades para darles una solución a los ocupantes, ahora los ministros entregan una mayor protección al derecho de propiedad ordenando el abandono del lugar. Si eso no ocurre, mandata a las instituciones a ocupar la fuerza pública en un plazo de seis meses. Este es el nuevo escenario que surgió luego de una sentencia despachada a fines de noviembre y redactada por el magistrado Jean Pierre Matus.
La solicitud de prohibición de ingreso fue realizada en octubre por la parte querellante y la fiscalía, argumentando que una de las víctimas aún se atendía en el centro asistencial y se encontraba internada debido a que tenía Covid-19.
El pasado 26 de octubre el Tribunal Oral en lo Penal de Angol dictó sentencia condenatoria en contra del exoficial Marco Aurelio Treuer, por el asesinato del joven mapuche de 17 años que ocurrió en 2002 en un fundo de Angol, en el contexto de una ocupación ilegal.
El tribunal de alzada desestimó las alegaciones del excomandante en jefe del Ejército, quien pedía revocar la sentencia del ministro Mario Carroza. La resolución sella una de las peores semanas del general del "nunca más".
A través de una declaración pública, los abogados Jorge Bofill y Sebastián Contreras, afirmaron que no existe "ningún cuestionamiento en materia de probidad durante el ejercicio del cargo como comandante jefe del general (R) del “nunca más”.
