El abogado Jorge Bofill ingresó un escrito en el cual solicita que se inhabilite al ministro Vicente Hormazábal, luego de que este -denuncian- decidiera acusar por delitos de violación a los derechos humanos a Cheyre y no revisar un recurso para el sobreseimiento definitivo del general del "Nunca más".
Los abogados que representan al municipio -como víctima de los delitos por los que es indagado el exalcalde y otros cinco exfuncionarios- aseguran que la Constitución les garantiza la posibilidad de ser parte de la indagatoria, por lo que piden que la Corte de Apelaciones revierta la determinación de la jueza Carolina Herrera. Afirman, en el mismo sentido, que la magistrada "carecía de facultad legal" para alterar lo resuelto en la admisibilidad de la querella que presentaron en 2021 y que, además, "omitió pronunciamiento" sobre los argumentos que vertieron en la audiencia del pasado 15 de junio.
En medio de la solicitud de desafuero pedida por Juan Sutil en contra del diputado Diego Ibáñez, la defensa del parlamentario pidió que se rechace la petición, al considerar que la querella del empresario descontextualiza sus dichos. En una entrevista el presidente de Convergencia Social (CS) sostuvo que el otrora presidente de la CPC entregaba dinero a parlamentarios de Chile Vamos, "después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua". "Analizados en su contexto representan una crítica al sistema de financiamiento de la política y no una imputación personal al señor Sutil", se lee en el escrito de descargos presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En medio de la revisión de un recurso de protección presentado por el exauditor del Ejército, el Presidente Gabriel Boric emitió un informe a la Corte de Apelaciones de Santiago para que rechazara la acción judicial, citando una serie de fallos de la Corte Suprema en la que se justifica la grabación sin consentimiento de una reunión, pues -expone- el registro fue realizado por una persona presente en la cita. Desde el gobierno aclaran, en todo caso, que en ese episodio también se realizó una denuncia al igual que en lo ocurrido con el diputado Mellado en Cerro Castillo, y que se trataría de asuntos distintos, pues en el caso que involucra al ex alto oficial se habría estado cometiendo un delito, el cual fue registrado como prueba.
El máximo tribunal dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva, tras acoger un recurso de amparo en favor del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete. No podían dejarlo preso sin antes presentar una querella de capítulos como ex magistrado, dice la sentencia.
Las acciones judiciales del magistrado se presentaron en medio del proceso sancionatorio en su contra, por haber liberado -a través de un oficio- a 13 miembros de la denominada "primera línea". En ese contexto, el magistrado se querelló en contra del exministro de Defensa Mario Desbordes, quien lo acusó en televisión de "liberar delincuentes". Misma situación que contra un usuario de Twitter.
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago determinó que los funcionarios penitenciarios sometieron a torturas a un recluso de la cárcel Santiago Sur, luego de que fuera agredido -incluso- con un arma blanca que más tarde provocaría que le amputaran un dedo. La investigación del Ministerio Público permitió determinar que los gendarmes también falsificaron instrumento público al emitir un informe que no se ajustaba a los hechos que realmente ocurrieron.
En un informe solicitado por el tribunal de alzada, el Consejo para la Transparencia (CPLT) respondió al recurso de ilegalidad presentado por la Universidad de Santiago para negarse a entregar los trabajos que ha desarrollado la académica y expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon. En su argumentación, el organismo sostiene que se debe hacer entrega de los antecedentes pues es funcionaria pública.
Cinco son las demandas laborales que exagentes de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) han presentado en contra de la institución. En la tramitación de estas causas, se ha expuesto información relevante respecto al trabajo que dicho organismo realiza. Por ejemplo, en la demanda de dos exfuncionarias, se detallaron las funciones que debían desarrollar. Además de eso, se entregaron fotos de las credenciales, así como también de una pizarra instalada en la oficina de la ANI donde se detallaban los turnos de los agentes.
Seis son los recursos ingresados por cuatro isapres, un abogado y el gobierno, y donde se pide, entre otros elementos, que la Tercera Sala esclarezca quiénes son los afiliados a los que las aseguradoras deben devolver cobros en exceso. De acuerdo con altas fuentes del Palacio de Tribunales, este viernes estarían las condiciones para resolver, pues estarán la mayoría de los ministros titulares de la instancia.
El 19° Juzgado Civil de Santiago sentenció a quien fuera el liquidador de los terrenos de Machalí al pago de más de $ 2 mil millones a los dueños originales de los predios, la familia Wiesner-Riffart. "Es posible determinar que existe una cadena concatenada de ilícitos, ubicados en diferentes personas, que se originan en el fuero interno del demandado don Herman Chadwick Larraín", dice la resolución.
La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins imputará a Eduardo Macaya Zentilli (71) por actos de connotación sexual reiterados en contra de, al menos, tres adolescentes. Entre las víctimas, según trascendió, hay una menor de 12 años. Su defensa, el abogado Luis Masferrer, en tanto, negó la existencia de estos ilícitos. "Probaremos la inocencia de mi representado", anunció.
El tribunal de alzada declaró que la baja de un dragoneante de la Escuela de Suboficiales del Ejército no fue ilegal ni arbitraria. Lo anterior, luego de que presentara un recurso de protección al haber sido dado de baja al dar positivo en un examen de drogas. El exfuncionario presentó la acción judicial sosteniendo que el resultado se dio luego de que su madre fuera la consumidora de la cannabis. Pese a eso, la corte rechazó la medida al considerar que no se vulneraron sus derechos durante el procedimiento disciplinario.
La Fiscalía Oriente pidió 541 días de cárcel a Andrés Hites Moscovich por el delito de captación de imagen ilícita relativa a la toma de una fotografía el 17 de febrero de 2022 al parlamentario cuando estaba tomando sol en la piscina de la casa que habitan sus hijos. Pese a que el empresario aseguró que ni él ni su hijo registraron esa foto, que luego se difundió ampliamente en redes sociales, el Ministerio Público le ofreció un procedimiento simplificado en el que deberá aceptar los cargos o de lo contrario tendrá que enfrentar un juicio.
Este lunes el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas en contra de 25 personas involucradas en el "caso relojes", entre los que está Marco Antonio López, más conocido como Parived. A la expareja de la presentadora de televisión Tonka Tomicic se le imputa que haya vendido joyas a sabiendas de que estas tenían un origen ilícito tras se robadas en el extranjero por "lanzas internacionales", habiendo infraccionado las leyes tributarias. Además, el SII lo sindica como socio de compañías que no registran actividad, además de una con movimientos millonarios.
