El requerimiento presentado por el Ministerio Público fue ingresado luego de que la Corte Suprema quitara la prisión preventiva en contra de Juan Antonio Poblete por falta de este mismo.
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Al menos 16 penalistas son los que hoy trabajan en la defensa de parte de las 53 fundaciones indagadas por el Ministerio Público. Entre los defensores se cuentan los penalistas Luis Hermosilla, Susana Borzutzky, Gonzalo Medina, Ramón Sepúlveda, Matías Kunsemuller, además de profesionales de la Defensoría Penal Pública.
La tarde de este miércoles, a solicitud de la defensa del "ideólogo" del Frente Amplio, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, decidió cambiar la medida cautelar en contra de Ruiz y la cambió por la "prohibición de acercarse en términos violentos". El también académico de la Universidad de Chile, fue denunciado el 27 de julio por el delito de violencia intrafamiliar.
Tras conocerse la demanda presentada por una mujer de 32 años en que pide una indemnización de $ 750 millones por daño moral, la institución ahora busca iniciar su defensa de la acusación civil. En ese sentido, la congregación contrató los servicios del estudio Contreras Velozo, mismo que defienden al exalcalde Raúl Torrealba, los que se encargarán de su representación ante los tribunales.
A siete años del inicio de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), la agrupación hoy está liquidada por la justicia e investigada por el Ministerio Público por la presunta ocurrencia de delitos en el tratamiento de los dineros públicos. En ese proceso, los alcaldes que en un inicio fueron socios de la organización liderada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hoy operan sus farmacias comunales de manera autónoma ante el nulo cumplimiento que tuvo la iniciativa del representante del PC.
El informe elaborado por el Observatorio Judicial plantea que el incremento de más de un millón de causas que surgen a raíz de la reposición del voto obligatorio tendría consecuencias en los juzgados de policía local. Lo anterior, porque incluso habría tribunales locales que requerirían aumentar en hasta seis veces sus capacidades para hacer frente al incremento por las multas para quienes no hayan sufragado en la elección de consejeros constitucionales.
Laura Carrillo, exmiembro del equipo del diputado Eduardo Durán (RN), utilizaba supuestas influencias y nexos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ganarse la confianza de sus víctimas, a quienes les ofrecía gestiones bancarias para obtener un bien raíz, algo que finalmente no ocurría y que le valió una condena de 10 años de cárcel.
El Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago solicitó reforzar su dotación para enfrentar el juicio del "caso Basuras", por lo que el tribunal de alzada dispuso el traslado, por seis meses, de tres jueces de otros tribunales. La medida es rechazada por la asociación de magistrados.
El abogado Jorge Bofill ingresó un escrito en el cual solicita que se inhabilite al ministro Vicente Hormazábal, luego de que este -denuncian- decidiera acusar por delitos de violación a los derechos humanos a Cheyre y no revisar un recurso para el sobreseimiento definitivo del general del "Nunca más".
Los abogados que representan al municipio -como víctima de los delitos por los que es indagado el exalcalde y otros cinco exfuncionarios- aseguran que la Constitución les garantiza la posibilidad de ser parte de la indagatoria, por lo que piden que la Corte de Apelaciones revierta la determinación de la jueza Carolina Herrera. Afirman, en el mismo sentido, que la magistrada "carecía de facultad legal" para alterar lo resuelto en la admisibilidad de la querella que presentaron en 2021 y que, además, "omitió pronunciamiento" sobre los argumentos que vertieron en la audiencia del pasado 15 de junio.
En medio de la solicitud de desafuero pedida por Juan Sutil en contra del diputado Diego Ibáñez, la defensa del parlamentario pidió que se rechace la petición, al considerar que la querella del empresario descontextualiza sus dichos. En una entrevista el presidente de Convergencia Social (CS) sostuvo que el otrora presidente de la CPC entregaba dinero a parlamentarios de Chile Vamos, "después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua". "Analizados en su contexto representan una crítica al sistema de financiamiento de la política y no una imputación personal al señor Sutil", se lee en el escrito de descargos presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En medio de la revisión de un recurso de protección presentado por el exauditor del Ejército, el Presidente Gabriel Boric emitió un informe a la Corte de Apelaciones de Santiago para que rechazara la acción judicial, citando una serie de fallos de la Corte Suprema en la que se justifica la grabación sin consentimiento de una reunión, pues -expone- el registro fue realizado por una persona presente en la cita. Desde el gobierno aclaran, en todo caso, que en ese episodio también se realizó una denuncia al igual que en lo ocurrido con el diputado Mellado en Cerro Castillo, y que se trataría de asuntos distintos, pues en el caso que involucra al ex alto oficial se habría estado cometiendo un delito, el cual fue registrado como prueba.
El máximo tribunal dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva, tras acoger un recurso de amparo en favor del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete. No podían dejarlo preso sin antes presentar una querella de capítulos como ex magistrado, dice la sentencia.
Las acciones judiciales del magistrado se presentaron en medio del proceso sancionatorio en su contra, por haber liberado -a través de un oficio- a 13 miembros de la denominada "primera línea". En ese contexto, el magistrado se querelló en contra del exministro de Defensa Mario Desbordes, quien lo acusó en televisión de "liberar delincuentes". Misma situación que contra un usuario de Twitter.
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago determinó que los funcionarios penitenciarios sometieron a torturas a un recluso de la cárcel Santiago Sur, luego de que fuera agredido -incluso- con un arma blanca que más tarde provocaría que le amputaran un dedo. La investigación del Ministerio Público permitió determinar que los gendarmes también falsificaron instrumento público al emitir un informe que no se ajustaba a los hechos que realmente ocurrieron.
