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En el testimonio que la abogada entregó al Ministerio Público admitió haber sido ella quien registró la conversación con el abogado y el empresario Daniel Sauer, argumentando que esa información la guardó para proporcionarla al exsocio de la corredora investigada, Rodrigo Topelberg. Descartó un eventual soborno, sin embargo, los investigadores siguen la pista de las supuestas coimas en el SII y la CMF, aunque eso dio pie a que se abriera también una arista por estafa.
El Ministerio Público recibió 24 horas antes el registro publicado por Ciper de manera íntegra y a partir de eso abrió una investigación, donde se pidió al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago allanar las casas de los tres imputados. Sin embargo, sólo accedió a la que tenía que ver con el empresario Daniel Sauer.
El Ministerio Público busca confirmar cada uno de los dichos registrados en la conversación grabada entre el abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer. Para eso, el ente persecutor inició un maratónico interrogatorio a la mujer investigada para que profundice en lo que se habló en la cita y así evitar que el audio sea el único medio de prueba con miras a comprobar el pago de coimas, en un caso que sacude al mundo judicial y económico.
El jefe comunal de Recoleta llegó hasta las dependencias del Ministerio Público para prestar testimonio ante la fiscal Giovanna Herrera. El militante PC estuvo por más de cuatro horas exponiendo sobre los manejos de dinero en las "farmacias populares" con la empresa Best Quality SPA.
María Leonarda Villalobos Mutter (51) es una de las tres protagonistas del audio en que Luis Hermosilla da cuenta de un eventual pago de coimas en Impuestos Internos y en la Comisión para el Mercado Financiero. La mujer hace mención a la obtención de información desde los organismos públicos y un experimentado manejo en la recopilación de información confidencial para sus clientes. Su marido, Luis Angulo, trabajó hasta ayer como jefe de asesores de Bienes Nacionales, pues anoche tras el reportaje de Ciper se le pidió la renuncia.
El hijo de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fue declarado coautor de la quema de un camión en la comuna de Los Ángeles, en la Región del Biobío. Además, el tribunal determinó que tanto Llaitul Pezoa, como el resto del grupo, eran autores del homicidio frustrado del conductor. La lectura de sentencia, y consigo cuando se conozca la pena a la que serán condenados, se dará a conocer en una audiencia el 16 de noviembre.
La Corte de Apelaciones confirmó el fallo del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que condenó al Estado a pagar $ 33 millones en indemnización a favor de Gabriella de Angelis, quien es doctora en arquitectura y experta en riesgos por desastres naturales. Hasta diciembre del 2021 se desempeñaba como funcionaria de la Comisión Asesora para la Reducción de Riesgos de Desastres y Reconstrucción, cuando fue desvinculada tras una serie de hostigamientos, según señaló el tribunal.
La senadora Fabiola Campillai ingresó ante el tribunal de alzada el informe que responde al recurso presentado por el excarabinero acusado de disparar en contra de Gustavo Gatica, Claudio Crespo. El exoficial expuso que la parlamentaria "vulneró" sus derechos al llamarlo "violador de DD. HH." y vincularlo a una empresa que se adjudicó un contrato con el Estado. La autoridad respondió ante la Corte de Apelaciones de Santiago que aquello obedeció a "una crítica política, fundamentalmente respecto de un acto de carácter público".
Sonia Iribarren, que durante febrero fue seleccionada por la Corporación Municipal de la comuna liderada por la alcaldesa RD para reemplazar al sumariado exdirector Jaime Andrade, se autodespidió durante este mes y pide $171 millones de indemnización.
Brian Mwenda Njagi habría robado la identidad de un abogado real, pues sus nombres tenían un gran parecido.
Para el 7 de noviembre está fijada la audiencia de formalización de la exautoridad y su amigo Marcelo de Moras. Ambos fueron denunciados por el empresario Jonás Gómez por los delitos de lesiones graves tras una discusión que se dio en el restaurante "César", ubicado en el balneario de la Región de Valparaíso, la cual habría terminado en una pelea a golpes.
Un total de $1.291 millones son los que adeuda la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) a una serie de proveedores e incluso a los extrabajadores de la organización. Además del proceso civil con el cual se busca liquidar la organización y consigo pagar sus deudas, también se investiga la ocurrencia de posibles delitos en el funcionamiento de la entidad dirigida por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazo la acción judicial interpuesta por el jefe comunal de Recoleta, al considerar que no habían méritos suficientes en el libelo presentado por el abogado Ramón Sepúlveda. "Si el querellante se sintió ofendido y vio mermada su reputación, pudo haber ejercido su derecho de aclaración, rectificación y respuesta frente las expresiones que estima falsas, inexactas o poco claras, ( cuando estas no han sido ejecutadas con el ánimo de injuriar, como es el caso)", dice la resolución que, además, destaca la importancia de la libertad de expresión.
El informe del máximo tribunal concluye que a pesar de la "plausibilidad de las intenciones del legislador e, inclusive, de la relevancia del problema, se observa que el proyecto aún requiere un trabajo de desarrollo, perfeccionamiento y discusión”.
