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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazo la acción judicial interpuesta por el jefe comunal de Recoleta, al considerar que no habían méritos suficientes en el libelo presentado por el abogado Ramón Sepúlveda. "Si el querellante se sintió ofendido y vio mermada su reputación, pudo haber ejercido su derecho de aclaración, rectificación y respuesta frente las expresiones que estima falsas, inexactas o poco claras, ( cuando estas no han sido ejecutadas con el ánimo de injuriar, como es el caso)", dice la resolución que, además, destaca la importancia de la libertad de expresión.

El informe del máximo tribunal concluye que a pesar de la "plausibilidad de las intenciones del legislador e, inclusive, de la relevancia del problema, se observa que el proyecto aún requiere un trabajo de desarrollo, perfeccionamiento y discusión”.

La presidenta de la asociación, Mariela Hernández, aseguró que esta solicitud lo que pretende hacer esa solicitud es “atacar es una resolución judicial susceptible de ser recurrida como ocurrió en la especie”.

El excomandante en jefe de la institución solicitó a la Corte Marcial revocar el encausamiento dictado por la ministra Romy Rutherford, quien evacuó la resolución a los pocos días de dejar el caso. Su defensa también argumentó que rebajó los fondos en seguridad para Pinochet.

El tribunal de alzada decidió oponerse a la acción judicial presentado por la organización dirigida por Daniel Andrade, con el cual buscaban "poner correcto término” a convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

De forma unánime, la Tercera Sala estimó que la acción del exfuncionario contra la parlamentaria menciona "hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías" y que, por lo mismo, debió haber sido acogido a trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El exministro de Justicia representó durante el proceso a Polla Chilena de Beneficencia, a través de un recurso de protección en que logró bloquear el acceso a los sitios web de 23 empresas de juegos.

El requerimiento presentado por el Ministerio Público fue ingresado luego de que la Corte Suprema quitara la prisión preventiva en contra de Juan Antonio Poblete por falta de este mismo.

Al menos 16 penalistas son los que hoy trabajan en la defensa de parte de las 53 fundaciones indagadas por el Ministerio Público. Entre los defensores se cuentan los penalistas Luis Hermosilla, Susana Borzutzky, Gonzalo Medina, Ramón Sepúlveda, Matías Kunsemuller, además de profesionales de la Defensoría Penal Pública.

La tarde de este miércoles, a solicitud de la defensa del "ideólogo" del Frente Amplio, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, decidió cambiar la medida cautelar en contra de Ruiz y la cambió por la "prohibición de acercarse en términos violentos". El también académico de la Universidad de Chile, fue denunciado el 27 de julio por el delito de violencia intrafamiliar.

Tras conocerse la demanda presentada por una mujer de 32 años en que pide una indemnización de $ 750 millones por daño moral, la institución ahora busca iniciar su defensa de la acusación civil. En ese sentido, la congregación contrató los servicios del estudio Contreras Velozo, mismo que defienden al exalcalde Raúl Torrealba, los que se encargarán de su representación ante los tribunales.

A siete años del inicio de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), la agrupación hoy está liquidada por la justicia e investigada por el Ministerio Público por la presunta ocurrencia de delitos en el tratamiento de los dineros públicos. En ese proceso, los alcaldes que en un inicio fueron socios de la organización liderada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hoy operan sus farmacias comunales de manera autónoma ante el nulo cumplimiento que tuvo la iniciativa del representante del PC.

El informe elaborado por el Observatorio Judicial plantea que el incremento de más de un millón de causas que surgen a raíz de la reposición del voto obligatorio tendría consecuencias en los juzgados de policía local. Lo anterior, porque incluso habría tribunales locales que requerirían aumentar en hasta seis veces sus capacidades para hacer frente al incremento por las multas para quienes no hayan sufragado en la elección de consejeros constitucionales.

Laura Carrillo, exmiembro del equipo del diputado Eduardo Durán (RN), utilizaba supuestas influencias y nexos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ganarse la confianza de sus víctimas, a quienes les ofrecía gestiones bancarias para obtener un bien raíz, algo que finalmente no ocurría y que le valió una condena de 10 años de cárcel.

El Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago solicitó reforzar su dotación para enfrentar el juicio del "caso Basuras", por lo que el tribunal de alzada dispuso el traslado, por seis meses, de tres jueces de otros tribunales. La medida es rechazada por la asociación de magistrados.