Esto, luego de que esta jornada se conociera que, tras dos años de investigación, el Ministerio Público formalizará al exalcalde de Vitacura por fraude al fisco y por liderar una asociación ilícita que operó en ese municipio.
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Tras dos años de investigación, el Ministerio Público ingresó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago un escrito en el que solicita audiencia para formalizar una investigación penal en contra del exjefe comunal. En el documento se detalla que se le imputarán maniobras para defraudar el erario fiscal, mismos cargos que se levantarán en contra de su otrora estrecha colaboradora, Antonia Larraín, y al exdirector de las corporaciones "Vita" Domingo Prieto. En la organización ilegal que levantará como hipótesis el fiscal Francisco Jacir, están también los excontadores que han sido una pieza clave para esclarecer el mecanismo que operó en Vitacura desde 2014 y hasta que el alcalde de Vitacura se vio obligado a dejar su cargo.
Fueron dos días, el 1 y 2 de febrero, en que el exjefe comunal declaró ante el fiscal Francisco Jacir. En su relato reconoce que recibía dinero en efectivo, pero según él era para ocuparlo como una especie de “caja chica” para eventos organizados por las corporaciones "Vita". Niega las acusaciones de desvíos a sus cuentas bancarias, que posea miles de millones en ellas o que la PDI haya encontrado dinero en las paredes de su casa en Colico.
En casi mil páginas el sumario abierto por el ente fiscalizador, que dirige Jorge Bermúdez, desmenuza una serie de irregularidades detectadas durante la administración de Raúl Torrealba. Durante esta jornada se le formularon cargos por infracción grave al principio de probidad. Como el exjefe comunal estaba en ejercicio cuando se inició esta indagatoria administrativa arriesga la destitución. Como ya no es autoridad, el efecto sería que durante cinco años no pueda ejercer cargos públicos. Los antecedentes fueron remitidos al fiscal Francisco Jacir, quien alista su formalización ante la justicia por una serie de delitos vinculados a corrupción.
"Espero que la justicia llegue, que las instituciones funcionen a la altura", señaló Camila Merino en la cuenta pública del municipio.
Cencosud inició la tramitación de la marca el 23 de enero y cuenta con la asesoría del abogado Carlos Puelma de Sargent & Krahn. Entre los usos permitidos por las cuatro clases marcarias está la gestión de locales comerciales, restaurant, salas de reuniones y hoteles.
Los dueños de la marca en 2019 admitieron que su familia mantuvo nexos con los nazis y que incluso utilizaron trabajadores esclavizados durante la Segunda Guerra Mundial. En Chile, la apertura del primer local de los especialistas en “glazed doughnuts” dejó imágenes de gente esperando desde el día anterior.
La entidad acusa la existencia de los delitos de malversación de caudales público y falsificación de instrumento privado, puesto que un peritaje privado acreditó la falsificación de firmas para depositar cheques por un monto total superior a los $38 millones que después no tenían respaldo. El contador Mario Fernández Parraguez estaba cargo de la gestión financiera y contable de la Corporación desde 2004.
Una serie de diligencias despachó el fiscal jefe Francisco Jacir, quien indaga la trama de corrupción que hoy tiene en calidad de imputado al exjefe comunal Raúl Torrealba por presuntos desvíos de dineros fiscales a sus arcas personales. El primero de febrero la otrora autoridad de Vitacura -por 24 años- renunció a su derecho a guardar silencio, pero su testimonio aún sigue bajo siete llaves en espera de nuevas pesquisas derivadas de su versión de los hechos.
Desde Bomberos informaron a las 18.40 horas que se encuentra "contenido" el siniestro que consumió el piso 15 del edificio Plaza Kennedy y que, hasta el momento, no deja personas lesionadas.
Luego de más de un año siendo investigado, el exalcalde de Vitacura declaró en dependencias de la Fiscalía Centro Norte. En medio de la causa ya se acumulan más de 1.400 documentos, por lo que se espera que responda una a una a las imputaciones que están descritas en las querellas interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y por el municipio que dirigió por más de 26 años, siendo sindicado como el líder de una estructura que buscaba defraudar las arcas comunales.
El exjefe comunal fue citado a declarar en el marco de la indagación en su contra por presuntos delitos de corrupción, fraude al fisco y cohecho. De acuerdo con las querellas interpuestas por el CDE y la Municipalidad de Vitacura, él junto a su círculo cercano, "desarrollaron una serie de procedimientos o mecanismos para apropiarse de dineros desde las organizaciones comunitarias" de la comuna.
Uno de los testigos clave en la investigación que lleva adelante la fiscalía declaró que el exintendente metropolitano creó -cuando era funcionario de Vitacura- el mecanismo para redestinar fondos municipales a las cuentas personales de Torrealba.
Los autos de marca Audi y Mazda fueron encontrados en la comuna de San Bernardo.
