Carlos Montes: La amarga recta final del barón socialista

El martes 14, al mediodía -horas antes de que el Presidente Gabriel Boric se aprestara a viajar a San Francisco a la Cumbre de la APEC-, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ingresó en reserva a La Moneda.

Se había ido caminando desde sus oficinas ubicadas en Serrano 15 hasta la sede de gobierno. Y apenas cruzó el pórtico de entrada, subió con rapidez al segundo piso, donde lo esperaba el Jefe de Estado, para una reunión que -según fuentes de Palacio- se prolongó por casi una hora.

La semana previa a esa bilateral no había sido fácil para el titular de Vivienda. “Ingrata”, calificó uno de sus cercanos, el senador José Miguel Insulza. No solo había estado aquejado de Covid, sino que en medio de su convalecencia había seguido con atención -desde su casa en la comuna de La Reina- el lapidario informe del contralor Jorge Bermúdez en el que detectó irregularidades en 15 secretarías regionales del Minvu, con un patrón similar a las del bullado caso de Democracia Viva.

Una vez más, arreciaban las críticas a su gestión y a su manejo de la crisis que ha dejado varios heridos en Revolución Democrática. Mientras, en el Parlamento, comenzaban a levantarse voces desde la derecha pidiendo una acusación constitucional en su contra.

Con Boric analizaron nuevamente -como lo ha hecho en forma periódica desde que estalló el caso de los líos de platas en junio- los alcances del caso y los avances del Plan de Emergencia Habitacional.

Dos días después de esa cita, el ministro aseguró que el Mandatario le entregó su apoyo en este nuevo capítulo de la crisis.

“Yo he tenido permanentemente el respaldo del Presidente. Conversamos un poco antes de que partiera a San Francisco y conversamos principalmente de la política de vivienda, cómo avanzar en el Plan de Emergencia Habitacional. (Él) insistió en la necesidad de buscar caminos para lograr las metas planteadas”, dijo en el Congreso, donde llegó sin aviso.

Sus problemas de salud le habían impedido ir a Valparaíso en el último tiempo, pero en la agenda de ese día estaba la votación de las partidas del presupuesto de Vivienda, las que terminaron siendo aprobadas.

Conscientes de la situación, los parlamentarios del Partido Socialista, en el cual Montes milita desde 1992, improvisaron un espaldarazo, que se concretó en un almuerzo en el comedor de la bancada. A puertas cerradas, no solo analizaron los distintos escenarios, sino que -según reveló una fuente- le aseguraron que él constituye una suerte de línea de fuego en la relación con el gobierno y que tocarlo por el caso relativo a las transferencias entre fundaciones y reparticiones estatales podría marcar, incluso, un punto de quiebre con el Ejecutivo.

Carlos Montes (77) no es una figura cualquiera a nivel político. Fue uno de los fundadores del MAPU e integrante del PS-PPD, con doble militancia hasta que fichó definitivamente por el PS. Su prestigio lo alcanzó en el Congreso, donde se mantuvo por más de 30 años como diputado y senador, y donde estableció vínculos transversales, con la derecha y también con el Frente Amplio, que se mantienen hasta hoy.

En ese espacio estrechó relaciones con el entonces diputado Gabriel Boric, con quien compartía libros y largas conversaciones sobre distintos episodios históricos.

Pero no solo eso. Montes fue uno de los primeros socialistas con tonelaje político que le dio espacios al frenteamplismo y uno de los primeros en cruzar la línea, convirtiéndose en el primer socialista histórico en entrar a la administración Boric. Para el cambio de gobierno, su nombre incluso se mencionó para Interior, pero finalmente aterrizó en Vivienda.

A pesar de esta cercanía, el caso de los líos de platas han derivado en un distanciamiento entre Montes y parte del FA. El derrumbe de RD a raíz del caso Democracia Viva explica parte de ello.

En el Congreso, la relación de Montes con Giorgio Jackson -entonces diputado- fue distinta a la que sostuvo con Boric. Si bien hubo sintonía durante la etapa en que estuvieron en el Parlamento y por el tiempo que compartieron en el gabinete, en el oficialismo se plantea como un hecho que la relación nunca fue la misma después del episodio de Democracia Viva. Ello, especialmente por las medidas que tuvo que tomar contra militantes de esa tienda -como la salida de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas- y por las fricciones que dejó el férreo blindaje que le otorgó el PS tanto pública como privadamente.

Tras estallar el caso, la sentencia del socialismo fue que si caía Montes, también debía hacerlo Jackson, porque el titular de Vivienda no podía pagar solo los platos rotos de un caso de corrupción cuyo hilo conductor está vinculado a Revolución Democrática.

A favor del ministro se esgrime que fue una víctima de quienes cometieron ilícitos y le ocultaron información.

Un integrante de su equipo refrenda que él se enteró del caso el 16 de junio, cuando venía de regreso a Santiago tras la entrega de departamentos en el Condominio La Luz a 176 familias de Rancagua. Y que incluso, en el trayecto, pidió chequear la veracidad de la denuncia del traspaso de 426 millones desde la Seremi de Antofagasta a esa fundación, en la que aparecían involucrados básicamente militantes de RD. Entre ellos, el entonces seremi por esa zona, Carlos Contreras (expulsado de RD) y el director ejecutivo de la fundación Daniel Andrade (expulsado también de RD), quien era pareja en ese minuto de la diputada por Antofagasta Catalina Pérez (suspendida de RD), lo que también dejaba en evidencia un posible conflicto de interés.

El caso desató transversales críticas en su contra, las que se mantienen hasta hoy, por no haber prevenido la millonaria operación, que desde su destape ha inmovilizado la agenda de gobierno y ha echado por tierra el discurso a favor de la probidad con que la coalición de Gabriel Boric conquistó el poder en los comicios de 2021.

“A mí me torturaron, a mí no me doblegó la dictadura, ¿y me voy a doblegar ante esto?”, les dijo con firmeza a sus cercanos en los días más críticos.

La procesión interna de Montes no ha sido fácil. Una y otra vez ha planteado a su equipo que no está dispuesto a dejar su cargo, a menos que el Presidente le pida lo contrario; que está dispuesto a afrontar cualquier problema, porque está en el cierre de su carrera política y su objetivo es terminarla bien.

En este tiempo se ha sostenido en sus viejas amistades socialistas, como Insulza y la senadora Isabel Allende, además de la presidenta del partido, Paulina Vodanovic. Insulza acusa que “las críticas en contra de Carlos han sido muy injustas, porque él nunca supo de estas operaciones. Esto es muy ingrato para una persona de una altísima honestidad y competencia”.

No obstante, la lista de errores que enumeran sus adversarios podrían confabular contra sus propósitos de permanencia. Le cuestionan no saber lo que estaba pasando en su cartera; el haber sacado al seremi de Antofagasta sin abrirle un sumario; su tardanza en denunciar a la Fiscalía (recién el 28 de junio, cuando esta ya había iniciado una investigación de oficio) y su anticipado respaldo a la subsecretaria Rojas, la misma a la que el Presidente le pidió la renuncia por no haber informado oportunamente del caso.

Y, ahora, suman las irregularidades detectadas por la Contraloría; su resistencia a pedirles la renuncia a todos los seremis, aunque ya hay cinco que no están, y que sus propios funcionarios no le compartían incluso información clave, tal como ha quedado demostrado en las exposiciones ante la comisión investigadora que indaga los millonarios traspasos de plata desde las seremías a las fundaciones.

Se hace ver que ni el jefe de los asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), ni la exsubsecretaria Rojas le informaron que habían conversado por teléfono el tema de Democracia Viva el 7 de junio, es decir, nueve días antes de que estallara el caso. Y que Rojas, aparte de no haberlo alertado sobre el correo que había recibido el 2 de mayo con la denuncia de la Asociación de los Funcionarios de Antofagasta -que relataba todo el caso-, tampoco le habría transmitido la conversación que tuvo a principios de junio con la diputada Catalina Pérez sobre este tema, según reveló la propia parlamentaria en una entrevista en estas páginas.

La duda, sin embargo, sobre si la subsecretaria socializó la información sigue vigente para algunos en el Frente Amplio, luego de que el senador RD Juan Ignacio Latorre dijera el 22 de junio que Rojas nunca le ocultó información al ministro.

“La conversación que hemos manejado, que hemos conversado con la misma subsecretaria, es que cuando ella recibe la información lo conversa en el ministerio con el ministro y también con todo su gabinete y empieza a recabar información con el seremi, y el problema es que la información que le fue entregando el seremi, lo que nos dice la subse, es que fue como parcial”, señaló en esa oportunidad el parlamentario, lo que generó un impasse con el ministro, que se cerró con Rojas desdiciendo a Latorre.

En el PS sospechan que al menos la intención de la exsubsecretaria era ocultar la denuncia a su superior -ya que Crispi no estaba obligado a hacerlo-, para quizás proteger a RD, su partido.

El foco del Socialismo Democrático está, por ahora, en marcar a los indecisos para evitar la eventual acusación en contra de Montes, que esta semana buscará presentar el Partido Social Cristiano.

“La acusación no tiene ningún fundamento. Es una acusación mala leche y ociosa. Está demostrado que el ministro Montes no tiene nada que ver en los escándalos de corrupción que se investigan. Montes es una persona honesta y que está desarrollando un gran trabajo”, dijo el jefe de bancada del PS, Daniel Manouchehri.

En Chile Vamos -coalición que inclinaría la balanza si es que se logran las 10 firmas para presentarla- no hay piso para una incursión de esa naturaleza si no hay certezas de que están los votos, ante el fantasma de lo que ocurrió en el libelo en contra de la exministra de Justicia Marcela Ríos por el caso indultos, que se perdió en enero de este año por 82 votos contra 49.

Si bien hay una visión crítica de la gestión del ministro -incluso varios le han aconsejado públicamente que dé un paso al costado-, estiman que aún faltan instancias que cumplir, como el resultado de la comisión investigadora y del Ministerio Público.

La evaluación política de fondo, sin embargo, es que una acusación podría repercutir en el plebiscito del 17/D, desviando la atención y dividiendo incluso a la derecha entre parlamentarios más proclives al libelo y los que no.

La línea del stand by fue fijada por los jefes de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez; de RN, Frank Sauerbaum, y de Evópoli, Francisco Undurraga, a la que se sumaron los republicanos, como lo confirmó su jefe de bancada, Agustín Romero. Incluso, Sauerbaum, que en un principio había sido más crítico, llamó a que “no improvisemos una acusación constitucional que finalmente pueda terminar enrareciendo el ambiente y siendo injustos con quienes hoy día puedan no tener responsabilidad”.

A la postura de no acelerar las cosas contribuye el que el ministro no politizó nunca el tema de los convenios, a pesar de que los casos se iniciaron en 2021, porque -según se confiesa en su círculo- siempre ha sostenido la tesis de que los problemas obedecen a una falla del sistema.

Solo ahora, por el informe de Contraloría, ha salido a marcar el punto.

El problema para Montes, sin embargo, es que si la acusación constitucional logra sortear la barrera de las 10 firmas y ser admitida, puede convertirse en una imparable bola de nieve y terminar con su exitosa carrera política y su salida del gabinete.

Esto, porque al menos para Chile Vamos, donde aún tiene cercanos que lo defienden, sería muy complejo no votar en su contra ante el destape y posterior manejo del más grave caso de corrupción que ha enfrentado la administración Boric.