¿Cuánto pesa el sello republicano en la nueva Constitución?

“Estamos cansados que a los republicanos nos llamen extrema derecha, porque denunciamos el adoctrinamiento, la ideología de género, porque denunciamos que los derechos sexuales y reproductivos son para instaurar el aborto libre”, fue parte de la acalorada intervención de la consejera María de los Ángeles López (Republicano) en el pleno del Consejo Constitucional del pasado 20 de septiembre.

Esa jornada, los 50 integrantes de la instancia debían votar los artículos del Capítulo 2, titulado “De los Derechos y Libertades Fundamentales”, en el que se concentró buena parte de las enmiendas que la mayoría de Republicanos y Chile Vamos presentaron para modificar el anteproyecto elaborado por la comisión de expertos de los partidos políticos.

Entre los temas críticos de ese día, estaban los cambios al primer numeral del artículo 16 del proyecto. Mientras el texto de los expertos sólo establecía que la Constitución asegura a todas las personas “el derecho a la vida”, la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, dominada por la oposición, agregó que también “la ley protege la vida de quien está por nacer”.

La fórmula, similar pero no idéntica a la actual Constitución que declara que “la ley protege la vida del que está por nacer”, provocó un álgido debate. Para la minoría del oficialismo, el sutil cambio entre “del que” por “de quien”, permitiría una futura prohibición total del aborto, incluso de las tres causales bajo las que hoy está permitido. Para Republicanos, la UDI, RN y Evópoli, en cambio, no incluir ese pasaje significaba abrir la puerta al aborto libre.

“Republicanos es, en este espacio, una mayoría circunstancial y temporal, y ha actuado persistentemente de forma avasalladora, defendiendo banderas que no representan a la mayoría de nuestro país, practicando el contrabando ideológico (...) Les invito a ver más allá del personaje de Marvel en sus solapas, para encontrar en su nombre, el respeto por la tradición republicana de nuestro Chile”, replicó ese día Jocelyn Ormeño, consejera Independiente-PS.

Finalmente, la propuesta de la oposición fue aprobada por estrecho margen. Con 33 votos a favor y 17 en contra, el derecho a la vida “de quien” está por nacer quedó plasmado en el borrador que recibirá de vuelta la comisión de expertos el próximo 7 de octubre, instancia a la que diferentes fuerzas políticas están apostando para hacer nuevos cambios y así llegar a un texto de consenso que permita cerrar el debate constitucional.

En una semana en la que el borrador de la nueva Carta Fundamental fue calificado como un “programa de gobierno” por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, o una “Kastitución”, como aseveró la timonel PS, Paulina Vodanovic, por la influencia del partido de José Antonio Kast en el texto, La Tercera analizó las 622 votaciones llevadas a cabo al interior del pleno del Consejo Constitucional hasta la jornada del martes 26 de septiembre. El objetivo: buscar cuál es el sello republicano del texto.

De todas ellas, 276 votaciones -equivalentes a un 44,2%- corresponden a la aprobación de textos por la unanimidad de los miembros presentes en el pleno, es decir, sin votos en contra ni abstenciones. “En este proceso ha habido muchas materias propuestas por el comité de expertos que han sido aprobadas de manera unánime por todas las bancadas, por lo que la tesis de que aquí se está desmantelando ese trabajo no se sostiene por los datos concretos”, asegura el consejero Luis Silva, delegado de la bancada republicana.

En el otro extremo, en 160 votaciones, equivalentes a un 32,1%, se han aprobado normas exclusivamente con los 33 votos que posee la oposición en el pleno o incluso con el quórum mínimo requerido de tres quintos, equivalente a 30 votos. Una tendencia que se marcó con mayor fuerza en los capítulos con temas más críticos, como el rol de Estado, los derechos sociales y la protección contra la violencia y el terrorismo.

Junto con el porcentaje de votaciones unánimes, en las últimas semanas desde el Partido Republicano y Chile Vamos han tratado de reforzar el mensaje de que el actual proceso es diametralmente opuesto al de la fallida Convención. Ejemplo de ello, aseguran desde el sector, ha sido la forma como se ha conducido el proceso, como la creación de diversas mesas de negociación en las que incluso la integración entre izquierda y derecha ha sido igualitaria. Pero más allá de las formas, en los temas cruciales las posturas han sido irreconciliables.

Si sólo se consideran las votaciones en las que se han aprobado normas al interior del pleno del Consejo Constitucional, es posible conocer si lo votado a favor proviene del anteproyecto realizado por los expertos o si se trata del texto propuesto por las comisiones, en las que la oposición introdujo una serie de cambios haciendo valer su mayoría.

En esta línea, un 57% de las votaciones a favor (286) han sido para ratificar íntegramente las normas redactadas por los expertos, es decir, sin “enmiendas identitarias”, como han calificado de manera cruzada ambos sectores a los cambios propuestos por razones ideológicas.

Por el contrario, un 41,4% de lo aprobado hasta el martes pasado (208 votaciones), ha sido sobre la base de las enmiendas aprobadas por las comisiones del Consejo. El restante 1,6% (8 votaciones) ha sido el voto favorable a la insistencia de enmiendas que en su momento no fueron consideradas por las comisiones.

El mismo ejercicio se puede realizar separando las votaciones de acuerdo a los cinco capítulos de la Constitución que hasta el martes habían sido sometidos a la aprobación o rechazo del pleno. De esta manera, el Capítulo 1 denominado “Fundamentos del Orden Constitucional” es el que tiene menor porcentaje de aprobación de textos elaborados por los expertos, con un 32,5%. La mayoría de ellos fue visado por unanimidad, entre los que se cuenta que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y el que establece que “el Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país”.

Al mismo tiempo, el Capítulo 1 es el que mayor porcentaje de aprobación de textos modificados por la comisión posee (67,5%). De ese grupo son frases como que los chilenos deben respetar “las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros”. Otro ejemplo, es el que establece que los responsables de delitos terroristas “no podrán ser beneficiarios de indulto alguno”.

Una explicación para esta tendencia ha transmitido Republicanos al interior del Consejo, es que el Capítulo 1 se juega una de las mayores pugnas ideológicas del debate: aquí se regulan los principios que le dan forma al Estado social y los fundamentos que están detrás de la subsidiariedad.

Para el consejero Alejandro Köhler (Ind.-PS), “cada una de las normas aprobadas en el sistema político, a excepción de una, expresan una visión sesgada, excluyente y concretan lo que advertí en el mismo pleno hace un par de meses: que una Constitución no puede escribirse a partir de una sola mirada, y eso es lo que ha ocurrido hasta hoy”.

Pero este fenómeno se ha ido diluyendo en la medida en que las votaciones han ido avanzando hacia el resto de los capítulos. Por ejemplo, en el Capítulo 2, que lleva el nombre “Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales”, un 44,8% de lo aprobado han sido normas del anteproyecto, un 12,3% más que en el Capítulo 1.

Casi en su totalidad sin votos en contra ni abstenciones, aquí se dio luz verde a materias en las que no hay mayores cambios en comparación con la actual Carta Fundamental, tales como el acceso a la justicia, el derecho al debido proceso y las normas relativas a la nacionalidad y la ciudadanía.

Por otra parte, un 51,8% de lo votado favorablemente en el pleno sobre el Capítulo 2 han sido cambios propuestos por la comisión, un 7% menos que lo ocurrido en el Capítulo 1. Es en este ítem donde se han centrado las principales batallas entre el oficialismo y la oposición. Ejemplos de ello son la expulsión “en el menor tiempo posible” de los extranjeros que cometan delitos o ingresen clandestinamente al país, la prohibición de que el Estado pueda “establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales” y la consagración constitucional de la libertad de elegir entre un sistema de salud público o privado.

“Esta enmienda es uno de los puntos culminantes del populismo constitucional que ha impulsado la derecha. Así como Trump hablaba del muro, aquí se habla de expulsión inmediata de los inmigrantes”, expresa el convencional Yerko Ljubetic (CS).

Finalmente, para los Capítulos 3 y 4 que norman el sistema político -la “Representación Política y Participación” y el “Congreso Nacional”-, la influencia del texto modificado por las comisiones ha sido aún menor, con un 50% y un 29,7%, respectivamente..

Pero donde más podría quedar en evidencia el eventual sello republicano o de ideas de un sólo sector en el borrador de la nueva Carta Magna, es en las normas que han sido aprobadas con el quórum mínimo de 30 votos o, muy cercano a esa cifra, sólo con el apoyo de los 33 consejeros del bloque conformado por Republicanos, más la UDI, RN y Evópoli.

Entre las 499 votaciones favorables que se habían realizado hasta el martes pasado, un 32,1% (160) fueron con los votos a favor de entre 30 y 33 consejeros. Entre ellos, con el quórum mínimo de 30 votos, se ha dado luz verde a textos en 4 ocasiones. La más emblemática, la eliminación del pago de contribuciones a la vivienda principal visada el pasado jueves 21 de septiembre.

“Es evidente que ha habido legítimas divergencias de miradas en temas más complejos, aunque en muchos de ellos se han ido ajustando las redacciones de esos artículos. Tenemos que tener claro que transversalidad no es necesariamente sinónimo de unanimidad, y que aún hay espacio para que, sin renunciar a los principios, se pueda decantar en redacciones que busquen mayor transversalidad”, señala el consejero republicano Luis Silva.

Un análisis similar se puede hacer revisando las votaciones de manera separada en los cinco primeros capítulos del texto constitucional. Aquí, nuevamente, la influencia de la oposición se dejó sentir en mayor medida en los tres primeros acápites del borrador y fue cediendo en la medida en que se pasó al resto de los capítulos.

En el primero, los “Fundamentos del Orden Constitucional”, un 42,5% de las aprobaciones se lograron con 33 o menos votos. Entre ellas, se cuentan el que es deber y obligación del Estado “resguardar y mantener la paz social y el orden público” y el que señala que “se entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, lo que fue considerado por el oficialismo como un paso más para retroceder en derechos sexuales y reproductivos como el aborto en tres causales.

En el caso del segundo capítulo sobre “Fundamentos del Orden Constitucional”, el nivel de influencia de los textos aprobados sólo por el bloque opositor llegó a un 40,9% de todas las votaciones con las que se aprobaron normas constitucionales.

De este apartado, una de las más debatidas fue la indicación de Republicanos que consagró que cualquier persona “condenada a una pena privativa de libertad podrá solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total” en caso de que se acredite “la existencia de una enfermedad terminal”. Este cambio, fue leído por las fuerzas de centro izquierda como un traje a la medida para los condenados por delitos de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco.

“Esa es una de las muestras, de tantas, que se está escribiendo una Constitución a la medida de la derecha, donde hay muchas normas que son regresivas para el pueblo de Chile, pero también a quienes hoy día podrían verse beneficiados, como los reos detenidos por delitos de lesa humanidad”, refuta la consejera Karen Araya (PC).

Finalmente, para el tercer capítulo que fija los “Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales”, un 42,4% de los textos aprobados tuvo éxito sólo con el apoyo de consejeros de la derecha y la centro derecha. En cambio, en el Capítulo 4, “Congreso Nacional”, y en el Capítulo 5, “Gobierno y Administración del Estado”, la misma cifra llega a un 24,4% y un 13,6%, respectivamente.

Una mirada alternativa es la planteada por Jorge Fábrega, académico del Centro de Investigación de la Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo, para quien sólo ver qué porcentaje de las votaciones han sido unánimes esconde el real peso que cada bloque ha tenido en el total de lo aprobado.

Para ello, Fábrega tomó como universo sólo las votaciones en las que el pleno ha aprobado normas para medir cuánto ha aportado con su voto favorable cada uno de los consejeros. “Cuando tú haces eso, es lo mismo que hacemos cuando medimos el índice Gini de ingresos, que mide el nivel de desigualdad, pero es el nivel de desigualdad en la participación de las normas aprobadas”, explica el investigador.

Al realizar este ejercicio, se pueden obtener resultados que van entre 0 y 1. En el primer caso, 0 significa que todos los consejeros aportaron en igualdad de proporciones en el éxito de las normas aprobadas. Mientras que un resultado igual a 1, da cuenta de que las aprobaciones están muy concentradas en un segmento de los consejeros.

“En este caso, el resultado es de 0,979. Esto quiere decir que pese a que hay muchas normas que han sido aprobadas por unanimidad, hay un subsegmento que básicamente está aprobando lo que ellos quieren aprobar. Cuando uno mira el detalle de quiénes son, el foco está en el partido mayoritario que es Republicanos”, asegura Fábrega.

El año pasado, el investigador de la UDD realizó el mismo análisis sobre las votaciones del pleno de la extinta Convención Constitucional, cuyo texto fue rechazado en el plebiscito de septiembre de 2022. El resultado: 0,9. Pero esa vez, los que impusieron sus ideas fueron otros.